Blog Interiuris – Andy Ramos, Propiedad Intelectual – Derechos de Autor – Derechos de Internet – Noticias, Reflexiones, Comentarios…

Os dejo mi post de este mes en iLegales, en El Diario.es:

Una de las acciones más esenciales de internet es a la vez una de las más polémicas. Durante los últimos 15 años, numerosas leyes y sentencias en todo el mundo han tratado de establecer en qué escenarios es justo enlazar a una página o recurso de internet ajeno y en qué momentos dicha acción lesiona derechos y, por lo tanto, debe ser apercibida.

Aunque la inmensa mayoría de los enlaces no dañan los derechos o intereses de terceros, en ocasiones así ocurre. Por ejemplo, si una persona menciona a otra, incluyendo en su nombre un enlace a la página de Adolf Hitler en la Wikipedia, ¿el mencionado podría considerar que su honor ha sido trasgredido?

U otro caso: después de años de esfuerzo, hemos escrito un libro o tesis doctoral, alguien la sube sin permiso a internet, pero nadie tiene constancia de ello hasta que una web con millones de visitas facilita la localización exacta (el ‘link’). ¿Debería tener responsabilidad esta web, que es la que probablemente ha provocado mayor daño al autor del libro, y que podía no saber que el libro estaba en dicho servidor sin autorización?

En nuestro país, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información ya precisa desde 2002 cuándo el administrador de una página es responsable por los enlaces que se incluyan en su web, algo que además ha sido ampliamente desarrollado por los tribunales. En términos generales, dicho administrador no será responsable por los enlaces que lesionen derechos de terceros (por ejemplo, dirigiendo a dicha copia ilícita de un libro) si no tiene “conocimiento efectivo” de dicho hecho o, si lo tiene, actúa con diligencia para suprimir el enlace.

Los tribunales aceptan que ese “conocimiento efectivo” se adquiera de diversas formas, pudiendo ser un email del afectado, un burofax o cualquier medio que acredite que se comunicó al administrador que en su web había un enlace que derivaba a contenido ilícito o lesivo. Además, no es ni siquiera necesaria esa comunicación cuando es notorio que el contenido al que se deriva es ilícito, por ejemplo al enlazar a contenido que, manifiestamente, daña el honor de una persona.

Sin embargo, este año, la práctica de enlazar, embeber o la transclusión (incluir un documento o parte del mismo en otro documento) ha dado mucho que hablar por dos sentencias europeas y, sobre todo, por el polémico nuevo artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (el famoso ‘canon AEDE’). Entonces, ¿cuándo se puede enlazar o embeber un vídeo sin miedo a las consecuencias?

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea básicamente han establecido que al enlazar a un recurso disponible en internet no es necesario solicitar permiso a su titular de derechos siempre que se facilite el acceso al mismo “mediante el mismo método técnico utilizado originariamente” (‘streaming’, descarga…) y “que no se dirija a un público nuevo o diferente al pretendido por el titular de derechos”.

Por lo tanto, no podremos enlazar permitiendo la descarga de un archivo al que el propietario únicamente permitió disfrutar mediante ‘streaming’, o haciendo que esté disponible abiertamente cuando inicialmente sólo lo estaba para los suscriptores o abonados a una página web. En esos casos, el enlace requerirá la autorización del titular de derechos. Por eso no tendremos problemas cuando insertemos en nuestra web un vídeo de YouTube autorizado que tenga habilitada la opción de embeber o cuando incluyamos un enlace hacia el mismo.

El usuario medio de internet y los blogueros tampoco deben temer al ‘canon AEDE’, no sólo porque (por muchos motivos) su aplicación es casi imposible, sino también porque únicamente se aplica (sea lo que diantres sea) a los “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos”, y a la “puesta a disposición del público […] de fragmentos no significativos de contenidos”.

Por tanto, no habrá que pagar por enlazar a noticias, menos aún cuando no se utilice ningún elemento (como el titular) del artículo enlazado. Podremos seguir incluyendo enlaces hacia las webs de los medios de comunicación siempre que no seamos “agregadores de contenidos” o, siéndolo, no reproduzcamos fragmentos del contenido original.

Como resumen, y a pesar de que algunos auguran la muerte del enlace, podremos seguir enlazando con normalidad, sin tener que pagar a nadie a cualquier contenido disponible en internet, en abierto y que no sea flagrantemente ilícito. La inmensa mayoría de los enlaces no se verán alterados por este cambio en la ley y las nuevas sentencias europeas, ya que las mismas únicamente afectarán a un reducido número de páginas webs.

Día movido en las arenas de la Propiedad Intelectual. A la aprobación por el Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, se le añade la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso BestWater, que de nuevo trata de concretar el concepto de “comunicación pública” en el entorno digital. Los compañeros Jorge Campanillas y David Maeztu ya han escrito sobre el tema; recomiendo la lectura de sus posts para profundizar en la cuestión.

Todavía no disponemos de una traducción oficial al español de la sentencia, únicamente las de las lenguas oficiales del procedimiento (francés y alemán), pero mi compañera Laura López ha facilitado en la lista de correos de DENAE una traducción de los puntos esenciales de la misma.

Los hechos del caso eran, brevemente, los siguientes: BestWater Internacional fabrica y comercializa sistemas de filtrado de agua. La empresa produjo un vídeo de dos minutos sobre la contaminación del agua, ostentando los derechos de explotación sobre el mismo. Dicho vídeo lo facilitaron en su página web y, en el momento de interponer la acción, también estaba disponible en YouTube, argumentando BestWater que se había subido sin su consentimiento. Por otro lado, los demandados son dos agentes de ventas independientes que actúan en nombre de un competidor de BestWater; cada uno tiene un sitio web donde se promueven los productos competidores del demandante y donde se ofrecía información sobre el agua, incluyendo el vídeo producido por BestWater y alojado en YouTube.

La cuestión, al igual que en el Caso Svensson, es si la utilización del vídeo por parte de los agentes competidores supone un acto de explotación de derechos de propiedad intelectual o no; más concretamente, la única cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Federal alemán fue la siguiente:

¿El hecho de que la obra de un tercero puesta a disposición del público en una página de Internet esté insertada en otra página en las condiciones como las de la causa principal puede ser calificado como comunicación pública en el sentido del artículo 3, párrafo 1 de la Directiva 2001/29, incluso cuando la obra en cuestión no es ni transmitida a un público nuevo ni comunicada gracias a un método técnico específico distinto del de la comunicación de origen?

Como ya advertí en mi crónica del caso Svensson, el TJUE dio pistas sobre el desenlace de esta cuestión, ya que en el punto 30 se decía lo siguiente:

En efecto, esta circunstancia adicional no modifica en absoluto la conclusión según la cual la presentación en una página de Internet de un enlace sobre el que se puede pulsar y que conduce a una obra protegida publicada y libremente accesible en otra página de Internet tiene por efecto poner dicha obra a disposición de los usuarios de la primera página mencionada y constituye, por tanto, una comunicación al público. No obstante, dado que no existe un público nuevo, en todo caso tal comunicación al público no exige la autorización de los titulares de los derechos de autor.

Así, el TJUE continúa la línea marcada en Svensson, y considera que para que haya un acto de comunicación pública, la obra o prestación protegida se tiene que comunicar:

- mediante un método técnico distinto de los utilizados hasta el momento (por “métodos técnicos” entiendo exhibición cinematográfica, soportes físicos, descarga, streaming, etc.) o

- ante un público nuevo (diferente al pretendido inicialmente por los titulares de derechos, es decir, asistentes a un cine, suscriptores de una web de pago, internautas en general, internautas de España, de Francia, de Alemania, etc.).

Pero la clave en este caso creo que no ha sido suficientemente remarcada, que era que el vídeo enlazado o incrustado no era el facilitado/autorizado por el titular de derechos, sino otro subido a YouTube de forma no autorizada.

Ante una copia desautorizada, que sirve de base para la transclusión ¿realiza el “incrustador” un acto de comunicación pública por no estar autorizada la copia de origen, o es un mero intermediario al que se le aplicará el régimen de exención de responsabilidad de la LSSI?

Siguiendo el párrafo 18 de la resolución, el tribunal rechaza que cuando se hace un acto de “transclusión”, estemos ante un nuevo acto de comunicación pública que requiera la autorización de los titulares de derechos por no existir un nuevo público, siempre y cuando:

1. la obra esté libremente disponible,

2. lo esté en la página web hacia la que dirige el link (y no en otra cualquiera),

3. los titulares de derechos han autorizado dicha comunicación inicial.

Este último punto es, en mi opinión, el que más crítico y que más confusión puede traer. En este contexto, la cuestión prejudicial planteada por el tribunal alemán no contempla expresamente este hecho, es decir, que la copia de la que se sirve el “incrustador” no era la facilitada de forma autorizada por el titular de derechos, sino otra (no autorizada) alojada en YouTube.

En las conclusiones, el Tribunal afirma que utilizar la técnica de la “transclusión” para insertar un contenido en otra web no es un acto de comunicación pública siempre que la obra no se transmita a un público nuevo (lo cual no ocurre al estar libremente disponible en Internet), ni siguiendo un método técnico específico distinto del de la comunicación de origen (lo cual tampoco se da). Aunque, desde mi punto de vista, no lo deja suficientemente claro, si revisamos Svensson, únicamente podremos llegar a la conclusión de que hace falta autorización del titular de derechos cuando se enlaza a una obra difundida sin su permiso (punto 31 de la resolución).

En cualquier caso, será una cuestión que se aclare cuando el asunto vuelva al Tribunal Federal alemán y tenga que decidir aplicando los criterios aquí esgrimidos.

Aplicando estas reglas al caso concreto de las páginas de enlaces (al que se refiere el artículo de El Mundo), entiendo que estas no se podrán acoger a estos argumentos por cuanto los links que ellos introducen en sus webs no dirigen a ficheros comunicados inicialmente por los titulares de derechos, que no lo han puesto a disposición de forma libre para cualquier internauta, ni a través de las técnicas comúnmente utilizadas por las webs de enlaces (que facilitan las películas o series cuando estas únicamente están disponibles únicamente y de manera legal en cines, VoD, DVD/BD, etc., es decir, a públicos y con técnicas diferentes a las realizadas por los enlazadores). Es decir, en mi opinión, no cumplen ninguno de los requisitos marcados por Svensson y por BestWater.

Por tanto, discrepo de la opinión de mi compañero Carlos Sánchez Almeida, que en El Mundo ha declarado:

“Ni la legislación española ni la europea consideran los enlaces o los vídeos incrustados como actividades vulneradoras de derechos, y añado que ni siquiera lo es ordenar los enlaces”.

En realidad, enlazar no vulnera derechos de terceros siempre y cuando cumpla los requisitos descritos por la legislación y concretado por el TJUE; en el resto de caso, sí constituirán vulneraciones de derechos de terceros, por ejemplo, al hacerlo hacia un fichero no autorizado, para transmitir la obra a un público nuevo (la generalidad de los internautas, cuando tu película está en los cines) o por medios técnicos diferentes al utilizado por el titular de derechos (DVD en contraposición con streaming en abierto).

Y, por supuesto, que tampoco comparto el titular de dicho artículo: “Insertar un vídeo en un sitio web es legal al no ser comunicación pública”, que obvia que las cosas en Derecho no son absolutas y, en este caso concreto, insertar un vídeo puede implicar un acto de comunicación pública en determinados casos, como hemos visto en este post.

La comunicación pública es el derecho de explotación del presente y del futuro, y con sentencias como la de Del Corso, Svensson y, ahora, BestWater, cada vez vamos sabiendo más de él.

(Quizá tenga que revisar el artículo una vez acceda a una copia al inglés o al español de la sentencia, para matizar alguna afirmación).

Me vais a permitir un post “off topic” (o no tanto). Desde hace algún tiempo estoy intentando leer todo lo que puedo sobre gestión de despachos de abogados y el futuro de nuestra profesión. El abogado en España es visto como una persona clásica, chapada a la antigua, rodeado de tapete verde y roble, y al que se acude cuando se tiene un problema o, en el mejor de los casos, para que revise un contrato (pero sin meter las narices más de lo imprescindible). Esta forma de actuar es compatible con la formación que solemos recibir en las facultades de Derecho, en donde nos obligan a memorizar miles de páginas, para reproducirlas en los exámenes como máquinas fotocopiadoras, pudiendo terminar la carrera completamente sin haber visto ni un solo contrato, una sentencia o sin haber tenido que utilizar la cabeza (más allá que para memorizar) ni una sola vez.

Este escenario contrasta mucho con el de otros países, como EE.UU. o el Reino Unido, donde el abogado es parte del proceso productivo de la empresa (en muchas, la figura del business affairs está unida a la del legal affairs, es decir, el negocio está con lo jurídico), y se le tiene presente desde el inicio de cualquier asunto, proyecto o controversia. En estos países, el abogado es alguien pragmático, que mira siempre por el negocio y la rentabilidad, y que, de cada asunto, tiene una visión muy superior a la que se nos pide/permite aquí. En las escuelas de Derecho pasa un poco lo mismo; no se trata tanto de memorizar sino de estar capacitado para analizar asuntos, desarrollar el sentido común, manejar los materiales y la jurisprudencia y proponer soluciones y argumentos a los problemas.

Si algo diferencia a una y otra forma de enseñar y practicar el Derecho es la capacidad de Creatividad que se permite en un sistema y que se aniquila en otro. Esa capacidad de no seguir siempre el mismo camino para analizar y resolver asuntos, que se incentiva en el sistema anglosajón (quizá porque se pretende evitar pleitos a toda costa, por lo antieconómico que resultan), y que ni se contempla (generalmente) en nuestro país. Quizá por mi contaminación anglosajona, en el día a día suelo evitar los pleitos hasta extremos insostenibles, lo cual no siempre es sencillo, tanto por el sistema (que no desincentiva el acto de pleitear) como por el propio sector jurídico (que, “por defecto”, piensa ya en el pleito cuando le llega un asunto a su mesa). Pero es que cuando un tema llega a un pleito, los únicos que ganan seremos los abogados, que cobraremos nuestras minutas, cuyos negocios no estarán condicionados por dicho procedimiento judicial, y que están más acostumbrados emocionalmente a convivir con ellos.

Al ser un convencido del modus operandi anglosajón, siempre intento hacer proselitismo de ello, de integrar al abogado en el proceso productivo de la empresa (ser considerado un consultor, estratega, intercesor o mediador), de que el abogado sea creativo y, por encima de todo, rentable (que aporte valor a la compañía, más allá que para evitar problemas).

Muchos expertos, entre los que destaca Richard Susskind, vaticinan que el sector jurídico sufrirá en los próximos años el mayor cambio que jamás hayamos tenido. Consideran que a nuestro sector llegará, por fin, la industrialización que hace años llegó a otros sectores, gracias a la cual se automatizarán labores que ahora hacemos de forma manual y que apenas aportan valor al cliente: redactar un contrato, preparar un informe o un escrito… actos que ahora nos llevan 4-5 horas de trabajo los podremos hacer en 30 minutos (con el consiguiente ahorro para el cliente y aumento de la competitividad entre los que tengan estas herramientas -innoven- y los que no). Los abogados con menos de 50 años creo que no imaginamos cómo era nuestra profesión sin email, al igual que los futuros letrados no comprenderán cómo invertíamos 6 horas en un documento, que en pocos años podrá hacerse en pocos minutos.

En ese escenario (que llegará tarde o temprano, tanto a un país con una tradición como a otro), el abogado tendrá que reinventarse, ser estratega, negociador y mediador. Deberá aportar un valor diferente al de una máquina, que reemplazará a los letrados que se limiten a preparar escritos tomando extractos de otros previos. La creatividad, la innovación y la estrategia creo que serán necesarias para adaptarse a esta nueva realidad de nuestra profesión.

De todos estos temas se hablará el martes (21 de octubre) en el Museo Reina Sofía, en el Legal Management Forum (organizado por Wolters Kluwer e Inkietos), donde precisamente Richard Susskind hablará del futuro de los abogados. Allí nos veremos.

Desde el pasado mes de septiembre estoy colaborando en ElDiario.es, específicamente en la sección iLegales de Hoja de Router, junto a los compañeros y amigos Jorge Campanillas, Alejandro Touriño, Roberto Yanguas, Ruth Salas, Jorge Morell y espero que próximamente Laura López. Al menos servirá para obligarme a escribir una vez al mes. Aquí está disponible mi primer post, sobre la protección de las apps y de ideas de negocio, y reproduzco a continuación el post de este mes, sobre el manido “canon digital”:

Afortunadamente, Internet ha permitido que cualquier persona pueda publicar de forma sencilla y asequible cualquier tipo de información, ocasionando una revolución en la manera en la que se emite y recibe la información. Esta democratización ha permitido conocer noticias y opiniones que, hasta ahora, estaban controladas por los escasos medios de comunicación existentes, pero también ha ocasionado que determinadas noticias u opiniones no contrastadas, técnicamente no rigurosas o emitidas por personas no cualificadas, proliferen a la misma altura mediática (o incluso más) de aquellas más precisas.

Estamos en un momento de repensar los conceptos, desmontar falsos mitos y descubrir nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Por eso, también es buen momento para redescubrir conceptos jurídicos, desmontarlos y, sobre buenos cimientos, plantear alternativas. Como adivináis tras leer el título de este post, me estoy refiriendo a la ardua tarea de reconstrucción del mal llamado “canon digital”, para lo que pediré al lector que olvide todo lo que sabe o ha oído sobre él, libere su mente de polémicas, eslóganes y malos ejemplos recurrentes (“si grabo en un CD las fotos de la primera comunión de mi sobrino…”) e intente ser analítico, porque sólo sobre una buena base podremos encontrar modelos mejores que los sufridos en los últimos años.

Para empezar, el “canon digital” no existe, es decir, no existe ninguna ley en la que se utilice el concepto como tal. Esto nos coloca en una buena posición, porque si jurídicamente el “canon digital” no existe, el proceso de deconstrucción puede hacernos partir desde cero. Aún más, el término “canon” está mal aplicado a este derecho, ya que ninguna de las acepciones que ofrece la Real Academia Española se adapta al mismo (suele estar asociado a un pago que se realiza a una Administración Pública por el disfrute de un bien público).

Por tanto, partimos desde la nada.

La Ley de Propiedad Intelectual concede derechos exclusivos a los autores de obras originales y creativas durante un determinado periodo de tiempo. Esto implica que cualquier acto de explotación de la obra (cualquier reproducción, distribución, comunicación pública o transformación) debe estar autorizada por el autor. Este principio básico nos beneficia cuando somos autores de una fotografía, un artículo o un dibujo y no queremos que reproduzcan, copien o exploten nuestro trabajo, pero nos entorpece un poco cuando queremos utilizar una obra creada por otro.

Como en toda regla, hay excepciones. Este principio básico de exclusividad, que implica que, por ejemplo, cualquier reproducción deba estar autorizada por el autor, tiene ciertos límites, y gracias a ellos la ley permite realizar ciertas reproducciones, distribuciones o comunicaciones públicas sin autorización de los autores implicados siempre y cuando se realicen cumpliendo ciertos requisitos tasados en la ley. Por tanto, podremos realizar reproducciones de obras sin contar con la autorización del autor siempre que cumplamos lo que, básicamente, establecen los artículos 31 a 40 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Quizá el límite a los derechos de autor más significativo de los últimos años es el del artículo 31.2, que es el de copia privada (el cual, por cierto, no es un derecho propiamente dicho, sino un límite a los derechos de los autores), que permite a las personas físicas (nunca empresas) realizar reproducciones/copias de obras sin autorización, siempre que se cumplan 5 requisitos:

1. La obra reproducida debe estar divulgada, es decir, no puede ser inédita;
2. La reproducción la debe realizar una persona física para su uso privado (y para nada más ajeno a sí mismo);
3. Se debe realizar sobre obras a las que se haya accedido legalmente (poco sentido tendría permitir hacer copias sobre ejemplares o emisiones ilegales);
4.  El resultado, es decir, la copia, no puede ser objeto de utilización colectiva ni lucrativa (porque si no, ya no sería una “copia privada”, sino “colectiva”).
5. Se tiene que compensar a los autores por esta pérdida parcial de exclusividad.

Así, únicamente las copias que cumplan estos cinco requisitos serán legales y el resto simplemente serán reproducciones no amparadas por esta excepción y, por lo tanto, ilícitas. Parece justo un sistema en el que el creador tiene un derecho exclusivo sobre su obra, pero con determinadas excepciones (justificadas por fines culturales, de acceso a la información o de privacidad –por la imposibilidad de controlar las copias privadas que se hacen en ámbitos domésticos-) y que se compense al autor por esa pérdida parcial de control sobre su obra.

Y esa remuneración es precisamente el canon digital la “compensación equitativa por copia privada”, como la definía el derogado artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, un sistema que trataba de remunerar a autores y resto de titulares de derechos, por las reproducciones privadas (que cumplían todos requisitos del artículo 31.2) que realizamos los ciudadanos en nuestras casas.

Por tanto, en este proceso de deconstrucción del concepto, vemos que esta compensación no tiene por finalidad remunerar por la realización de copias ilícitas (como recientemente ha aclarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), y no da por hecho que todos vamos a delinquir (como incluso ha llegado a afirmar algún político), porque su objetivo no es compensar por las copias ilegales, sino por las “privadas” legalmente realizadas (que limitan un derecho exclusivo de una persona).

El gran problema ha sido la desinformación (la propia entrada de la Wikipedia tiene errores técnico-jurídicos) y la forma irracional de ordenar esta compensación (como ya describí en este artículo), que ha hecho que pasemos de un sistema con pocos criterios objetivos y ponderadores que podía afectar, sobre todo, a empresas y autónomos, a otro sistema (el actual) inédito en Europa y aún más “indiscriminado” que al anterior. Este nuevo régimen de compensación no se aplica a los soportes y dispositivos grabadores que adquirimos regularmente, sino sobre los Presupuestos Generales del Estado, haciendo que se repercuta sobre todos los ciudadanos y no únicamente sobre aquellos que hacen copias.

Partiendo de la base de que creo que es justo compensar a quien pierde cierta exclusividad sobre su obra, la clave está en analizar sobre qué se debe establecer esta compensación, la cuantía de la misma, quién deberá hacer frente a dicha remuneración y criterios para hacer más equilibrado y justo este sistema, sabiendo que es la menos mala de todas las posibles soluciones.

Una de las reivindicaciones frecuentes de los titulares de derechos de propiedad intelectual es que se deben aprobar nuevas leyes que protejan aún más sus activos, porque las actuales no funcionan. Raro es el foro, debate o acto público en el que, representantes de estos sectores, no expresan públicamente su deseo de que el Gobierno apruebe una “nueva Ley de Propiedad Intelectual” o nuevas medidas para evitar la sangría que actualmente está padeciendo el sector, especialmente en Internet.

¿Tienen razón los titulares de derechos cuando se quejan de que, actualmente, no existen leyes que impidan la vulneración de derechos de propiedad intelectual?

Desde mi punto de vista, no del todo. Me explico. Cuando hablo públicamente de este tema, comento que es significativo que estemos en España en la situación que estamos, cuando tenemos leyes sustancialmente idénticas a las de los países de nuestro entorno (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etc.). Es decir, tenemos implementadas en nuestro país las mismas directivas que nuestros vecinos ingleses o austríacos y, sin embargo, la situación jurisprudencial, social y comercial es sustancialmente diferente. Tenemos que analizar, por tanto, por qué las leyes que están sirviendo a otros europeos no nos sirven a nosotros ¿no las estamos aplicando bien o es que vivimos en una realidad diferente, que exige distintas leyes?

Desde hace varios años, en el despacho estamos protegiendo vigorosamente los títulos de nuestros clientes y para ello hemos analizado cómo se explota sin autorización en nuestro país material audiovisual, y cómo lo hacen en otros países, tanto europeos como, principalmente, latinoamericanos. Sorprendentemente, nos dimos cuenta de que las principales plataformas españolas de difusión ilícita de material audiovisual eran empresas, inscritas en el Registro Mercantil, con domicilio social, administradores nombrados y una estructura ciertamente profesional. Es decir, generalmente no se trataba de pequeños desarrolladores que utilizaban mil sistemas de ofuscación para no ser detectados, o que operaban con proxies que hacían imposible su detección.

Al ir a Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, México, Argentina, Chile, Perú… vimos que, generalmente (siempre hay excepciones) era así: los principales sitios de Internet de difusión de material no autorizado tenían un halo underground, con administradores difícilmente localizables y con una estructura poco profesionalizada.

Desde mi punto de vista, para poder atajar este problema debemos preguntarnos qué ha ocurrido en nuestro país para que lleguemos a este estado y por qué ha florecido en España un “ecosistema” estructurado y profesional (con agencias de medios especializados en páginas de enlaces, etc.), que no encontramos en países de nuestro entorno. Hay que ser autocríticos y ver qué pueden hacer las empresas y profesionales (empresarios, abogados, actores, etc.) de este sector, individualmente y en conjunto, que han/hemos hecho mal hasta ahora y que ha provocado que estemos en esta situación.

Además, en España, el disfrute gratuito a contenidos no autorizados por sus respectivos titulares se vive de otra forma. Hace poco comentaba con una compañera española residente en el Reino Unido que en nuestro país se habla sin tapujos de este tema y más aún, cuando alguien te comenta que ha visto tal o cual serie (“Juego de Tronos”, “Breaking Bad”, etc.), a estas alturas de siglo pensamos “por defecto” que lo ha visto a través de Internet en un servicio no autorizado por el titular de derecho (quien, consecuentemente, no percibe ni un céntimo por tal disfrute de un contenido que le ha costado millones producir). Hablando de este tema con otra persona que vive en Francia, me decía que, por supuesto, este asunto no había ascendido al nivel de la calle, y que seguía siendo algo underground, del que el público en general no hablaba abiertamente y sin la sensación de no estar perjudicando a alguien. En España, decir que disfrutas de los contenidos de plataformas y sistemas que no retribuyen a los respectivos titulares de derechos no sólo no está mal visto, sino que es lo habitual.

Hace unos años, cuando discutía de esta cuestión con familiares y amigos (trabajando en este sector y sabiendo la postura que tengo, imaginaos cómo terminan muchas comidas y cenas…), la mayoría argumentaba que accedían a contenido audiovisual principalmente por la falta de disponibilidad de oferta legal. Hoy en día, con Filmin, Yomvi, Wuaki, Nubeox, CineOnline, etc., creo que ya no es un argumento. Si quieres ver “Juego de Tronos” pegado al estreno en USA, hoy puedes gracias a Yomvi; si quieres acceder a cine independiente de calidad y multiplataforma, puedes gracias a Filmin; y así, con el resto de agentes del mercado.

Todo esto viene a colación porque la Comisión Europea publicó la semana pasada una Comunicación al Parlamento Europeo con un nuevo Plan de Acción sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en la UE. Aunque en la Comunicación se habla en general de “derechos de propiedad intelectual”, vemos que muchas de las medidas se refieren sobre todo a patentes y marcas (“propiedad industrial”), más que a derechos de autor y derechos conexos. En dicha Comunicación, que marcará el plan de acción de la Unión para los próximos años, se establecen 10 actividades que implican tanto a los Estados Miembros (que deberán promulgar nuevas leyes), como a los consumidores y titulares de derechos. Todos tenemos deberes en este tema.

Las principales acciones que destaco son las siguientes:

- Sensibilización de los clientes, consumidores y trabajadores, sobre el deterioro de la competitividad de las empresas legítimas por el consumo de productos y servicios ilegales.

- Responsabilidad de los titulares de derechos de garantizar la integridad de las cadenas de suministro que, trasladándolo al tema de la piratería online, supondría que las productoras, distribuidoras, etc., deberían mentalizarse a invertir recursos para disminuir la exposición ilegal de sus contenidos ya que, a día de hoy, esta tarea suele estar delegada a entidades que luchan por un fin general, más que por la defensa de un título en particular.

- Dialogar con los interlocutores del sector para evitar la presencia en Internet de productos ilícito, siguiendo la regla del “follow the money”, para lo cual se involucraría activamente a proveedores de servicios publicitarios, servicios de pago y expedidores. Como he comentado antes, al hacer la radiografía de la piratería en Internet, ves que multitud de empresas multinacionales (adservers, agencias de medios, anunciantes, pasarelas de pago, etc.) que proveen servicios a páginas de enlaces, permitiendo que su “negocio” sea rentable.

Esta solución es la que ya han explorado EE.UU., Reino Unido e Italia, entre otros, y que creo que es el camino. No penalizar al usuario o consumidor final, sino apretar lo máximo posible a quien, parasitariamente, se aprovecha del trabajo, esfuerzo, inversión y riesgo de un tercero.

- Cooperación entre las autoridades nacionales, para evitar la duplicidad de competencias y trabajar todas hacia un objetivo común.

Es indudable que si existe una mayor sensibilización por parte de los consumidores; si los titulares de derechos invierten recursos, individualmente, para proteger sus activos; si los intermediarios no cooperan o prestan servicios a quienes favorezcan la difusión ilícita de contenidos; y si las autoridades nacionales trabajan de forma más coordinada, los niveles de acceso ilícito a material musical o audiovisual sería muy inferior al actual.

En resumidas cuentas, vemos que alguna de estas acciones se traducen en la promulgación de nuevas leyes, si bien (y respondiendo a la pregunta que sostiene este post) creo que la mayoría no, porque implican otro tipo de acuerdos e iniciativas.

Hace unos minutos se ha conocido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Svensson, que tenía que resolver una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) en relación a la inserción de enlaces en una página web (de la demandada), los cuales conducían a artículos de prensa de los demandantes, disponibles libremente en la página web del periódico para el que escribían. Es decir, la demandada gestionaba una página web donde se incluían enlaces hacia artículos de prensa y opinión accesibles de forma abierta en otro sitio web, exigiendo la demandante una indemnización por dicha actuación al considerar que realizaba una explotación de la obra, al poner a disposición la misma en su página web.

El caso ha tenido especial interés, sobre todo en España, por su aplicación a las páginas de enlaces y si las mismas realizan actos de explotación de derechos de propiedad intelectual, aunque no alojen directamente las obras, sino que se limiten a facilitar el acceso a las mismas, mediante la incorporación de enlaces hacia servicios de terceros. Como sabéis los lectores de este blog, llevo años defendiendo la posibilidad de que un enlace puede constituir un acto de comunicación pública, en su modalidad de puesta a disposición, cuestión que por fin se resuelve en este asunto.

Las cuestiones prejudiciales que se plantearon fueron las 4 siguientes:

1) Si una persona distinta del titular del derecho de propiedad intelectual de una determinada obra ofrece en su página de Internet un enlace sobre el que se puede pulsar y que conduce a esa obra, ¿realiza una comunicación al público de esa obra en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2001/29]?

2) ¿Influye en la apreciación de la primera cuestión que la obra a la que conduce el enlace se encuentre en una página de Internet a la que puede acceder cualquier persona sin restricciones o cuyo acceso esté limitado de algún modo?

3) A la hora de apreciar la primera cuestión, ¿debe realizarse una distinción según que la obra, una vez que el usuario ha pulsado sobre el enlace, se presente en otra página de Internet o se presente de modo que parezca que se encuentra en la misma página de Internet?

4) ¿Están facultados los Estados miembros para otorgar al autor una protección más amplia de su derecho exclusivo permitiendo que la comunicación al público comprenda más actos que los derivados del artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2001/29]?

Las tres primeras son las más interesantes y aunque los hechos y las conclusiones del Tribunal podrían haber sido más idóneos para nuestro problema nacional (las llamadas páginas de enlaces), sí creo que ofrecen suficientes elementos e ideas comunes para valorar, a raíz de esta sentencia, qué actos serán comunicación al público, específicamente en su modalidad de puesta a disposición.

El TJUE recuerda que el concepto de “Comunicación al Público” implica dos elementos acumulativos: 1. un acto de comunicación; 2. un público.

1. Acto de Comunicación: según el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29, para que exista un acto de comunicación, es suficiente con que la obra se ponga a disposición de un público, de tal forma que estos puedan acceder a ella. Por tanto, para el tribunal es indudable que al facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de “puesta a disposición” y, por ende, de “acto de comunicación” en el sentido de la Directiva. Por tanto, como primer conclusión es que todo enlace constituye un acto de comunicación de la obra o prestación a la que se enlaza (con los matices que se describen a continuación), porque permite el acceso a la misma.

2. Público: también recuerda el Tribunal que la directiva establece que el concepto “público” engloba a un “número indeterminado de destinatarios potenciales”, con remisión a sentencias como la celebérrima de Rafael Hoteles. El Tribunal considera que una página web como la del caso concreto se dirige a ese número indeterminado y considerable de destinatarios potenciales.

Por tanto, y de nuevo, el TJUE concluye que todo enlace incorporado a una página web implica un acto de comunicación pública de la obra o prestación a la que pueda derivar, cuando cumpla lo descrito a continuación.

Pues bien, el TJUE recuerda la línea jurisprudencial de la corte, que exige la existencia de un “Público Nuevo” (concepto que no es nuevo y al que ya se hacía mención en el asunto C-306/05, aunque es frecuente objeto de polémica) para que el titular de derecho pueda oponerse (o exigir una retribución) ante un determinado acto de comunicación pública. En el presente caso, como la demandada dirigía a sus usuarios a la web del periódico donde se publicaba (lícitamente) las obras, el Tribunal ha considerado que se dirigía al mismo público que esta última, porque “el público destinatario de la comunicación inicial era el conjunto de los usuarios potenciales de la página en la que se realizó”, mediante la publicación de un enlace hacia la obra.

Por tanto, al ser cualquier internauta el destinatario potencial de la obra facilitada en la web del periódico, cualquier enlace a la misma se considerará un acto de comunicación, pero no pública.

Pero ¿qué ocurre cuando se enlaza hacia una obra que está disponible, autorizadamente, bajo contraseña, o cuando es accesible en otra página de Internet sin la autorización de los titulares de derechos? El punto 31 lo resuelve claramente, considerando que, en tal caso, es un público nuevo, diferente y no tomado en consideración por los titulares de derechos cuando autorizaron la comunicación inicial:

Por el contrario, en el caso de que el enlace sobre el que se puede pulsar permitiera a los usuarios de la página en la que se encuentra dicho enlace eludir las medidas de restricción adoptadas en la página en la que se encuentra la obra protegida para limitar el acceso a ésta a los abonados y constituyera, de este modo, una intervención sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras difundidas, habría que considerar que el conjunto de esos usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial, de modo que tal comunicación al público exigiría la autorización de los titulares. Así sucede, en particular, cuando la obra ya no está a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando ya sólo lo está para un público limitado, mientras que es accesible en otra página de Internet sin la autorización de los titulares de los derechos de autor.

Por tanto, y aunque hay que realizar un análisis un tanto profundo para extraer conclusiones para la aplicación de esta sentencia a otros hechos, mis conclusiones particulares son las siguientes:

- Todo enlace supone un acto de comunicación…
– …el cual no requerirá autorización (al no cumplir el requisito de pública) siempre y cuando no dirija a un público nuevo (el cual no coincide con el previsto para el acto de comunicación original de la obra, según el punto 40 del asunto C-306/05)…
– …y que la obra hubiese sido puesta a disposición con autorización y con la misma técnica que la del titular de derechos.
– Por tanto, si enlazamos hacia una obra o prestación hacia un público diferente al pretendido por el titular de derechos, estaríamos realizando un acto de puesta a disposición inconsentido y, por lo tanto, perseguible.

Desde un punto de vista más práctico ¿qué enlaces necesitarían autorización, al ser actos de comunicación pública hacia un público nuevo, no pretendido inicialmente por el titular de derechos? Creo que la respuesta es más o menos clara: todos aquellos que dirijan hacia obras o prestaciones puestas a disposición sin autorización, o aquellos que permitan acceder a las disponibles con autorización, a un grupo de personas diferente al previsto por el titular. Por tanto:

NO Requieren autorización: 
· Enlaces hacia obras disponibles libremente (y con autorización) en Internet (ej: un artículo de un periódico, un blog, una película gratis en Wuaki o servicio legítimo, etc.).
· Enlaces hacia obras disponibles con restricción en Internet, siempre que el enlace no eluda dicha protección, ya que el público seguirá siendo el mismo (los subscriptores de la página o servicio) (ej: enlaces hacia Spotify, artículos de Orbyt, iTunes, Filmin, Wuaki, etc.).

Requieren autorización:
· Enlaces hacia obras puestas a disposición en otra web sin la autorización de los titulares de derechos (ej: en cyberlockers, redes P2P, etc.), porque son un público nuevo, no pretendido inicialmente por los titulares de derechos (punto 24 y 31 de la sentencia).
· Enlaces hacia obras disponibles con restricción en Internet, cuando eluden la protección y permiten el acceso directo a la obra (lo cual, además, podría ser una infracción del artículo 160 LPI, sobre medidas tecnológicas de protección).

Además, creo que resuelve un hecho que planteo en alguna de mis clases y que recientemente ha sido objeto de queja por la entidad de gestión de derechos de autor de Alemania, y es la cuestión de si la persona que incrusta un vídeo de YouTube en su web, está realizando un nuevo acto de de comunicación pública del mismo y, por lo tanto, debe solicitar una nueva autorización. El TJUE dice que no, que no hace falta (puntos 29 y 30), dado que no hay un público nuevo entre la página originaria (YouTube) y la que incrusta un vídeo (por ejemplo, mi blog), y que el mismo está accesible abiertamente. Esto, por supuesto, a efectos de propiedad intelectual y de actos de explotación, no de competencia desleal u otro tipo de normas.

Otro apunte, y es que parece que está implícito en lo que dice el TJUE que la regla del nuevo público adicional se aplica en los términos expuestos cuando ha habido una comunicación inicial autorizada por el mismo medio, pero que a contrario, si el medio es distinto (como es la explotación por Internet cuando la película está aun en los cines), está claro que hay una comunicación nueva por medio diferente (y a un público nuevo) y que al no tener autorización, es una infracción del derecho de comunicación pública.

Esta sentencia implicará que el proveedor de un enlace deba realizar una valoración previa sobre la licitud o ilicitud de la obra o prestación a la que facilitará el acceso, ya que si enlaza a una obra puesta a disposición sin autorización, tanto quien aloja la obra en sus servidores, como quien la difunde posteriormente a través del enlace, estarían poniendo a disposición la misma infringiendo los derechos del titular de la misma. Estoy seguro que esto dará mucho de sí y no pocos debates sobre cómo casa esto con el régimen de responsabilidad de la LSSI.

El principal problema que generará esta sentencia, al menos en un primer momento, es de comunicación ya que la mayoría de las personas (incluyendo periodistas) se limitará a leer las conclusiones de la última página que, de manera desafortunada (por difusa), dicen:

[el concepto de comunicación pública de la Directiva] debe interpretarse en el sentido de que no constituye un acto de comunicación al público, a efectos de dicha disposición, la presentación en una página de Internet de enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de Internet.

Que está dando absurdas conclusiones periodísticas como las siguientes (El Mundo):

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha contestado a una importante cuestión prejudicial en la que establece que se puede enlazar legalmente a cualquier contenido ‘abierto’ en Internet. Esto incluye, por ejemplo, los enlaces a descargas, a archivos P2P o a contenidos de páginas de información gratuitas.”

[Actualización 17:40. El Mundo rectifica: “Esto incluye, por ejemplo, determinados enlaces a descargas o a contenidos de páginas de información gratuitas“]

Cuando, si leemos los puntos 31 y 32 de la sentencia, no podemos llegar a esa conclusión. Les va a costar a los titulares de derechos transmitir correctamente la sentencia, excepto en aquello que afecte favorablemente a los editores de periódicos.

En resumidas cuentas, una sentencia controvertida, que introduce algunas dudas conceptuales (sobre el propio acto de enlazar), y que traerá cierta inseguridad, al exigir, implícitamente, que quien enlace compruebe con anterioridad la licitud del contenido enlazado, pero que permitirá actuar directamente contra los que enlazan a contenido facilitados de forma ilícita por terceros, al dirigirse a un público nunca pretendido por los titulares de derechos.

[Actualización: matizo algunos puntos de este post, para concretar que aunque un enlace supone un acto de comunicación, sólo será comunicación al público cuando se dirija a un público nuevo, diferente al pretendido inicialmente por el titular de derechos]

El lunes se dio a conocer una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona contra el operador de telecomunicaciones R, de Galicia, que le obliga a suspender el servicio de Internet a uno de sus usuarios, por infringir los derechos de propiedad intelectual de los demandantes. Podéis ver la noticia, con todos los hechos, en Expansión, así como las opiniones en otros blogs (1, 2 3 y 4).

Desde mi punto de vista, esta polémica sentencia supone un precedente importante en cuanto a la implicación de los terceros intermediarios de Internet, por los actos ilícitos cometidos (regular o esporádicamente) por sus usuarios a través de sus redes y sistemas, o que se valen de ellos para lesionar los derechos e intereses de terceros (sea del tipo que sea). Además, resuelve rápida y tajantemente la cuestión de los intercambios de archivos a través de redes P2P, desde el punto de vista de los usuarios de las mismas, estableciendo que tanto la subida como la bajada son actos no autorizados, algo que vengo manteniendo en este blog desde sus comienzos.

La estrategia de los abogados demandantes en este caso me ha parecido interesante, necesaria y apropiada: no demandar al usuario (ya que no sería práctico por las limitaciones de la Ley de Conservación de Datos), sino al intermediario que presta servicios a éste, en base a mi reivindicado artículo 138 LPI, al que he hecho referencia tantas veces y que parece que poco a poco se va utilizando más. Este artículo permite solicitar medidas de suspensión contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción.

Por tanto, parece que la aplicación de este artículo puede ser, a priori, clara: si alguien infringe derechos de propiedad intelectual, el afectado puede solicitar judicialmente el establecimiento de medidas tendentes a la suspensión de los servicios de Internet del infractor, dirigiendo tal procedimiento (y la medida) hacia el intermediario prestador del servicio.

Así, dicho artículo 138 LPI permite solicitar esta medida dirigida al intermediario, sin necesidad de la existencia de litisconsorio pasivo, es decir, de demandar también a quien realmente está infringiendo derechos de propiedad intelectual (el usuario); precisamente, la finalidad de este precepto es otorgar recursos a los titulares de derechos para los casos en los que no pueden ir contra el infractor por desconocer su identidad. Este intermediario, al que no se le puede imponer sanción pecuniaria alguna, puede ser un operador de redes o de acceso a éstas, un prestador de servicios de alojamiento o, en general, cualquier intermediario que pudiese evitar la comisión de una infracción.

El siguiente punto es la cuestión de si la conducta de un tercero supone una infracción de derechos de propiedad intelectual. Como he comentado antes, la sentencia sostiene con claridad que los usuarios de redes P2P cometen actos ilícitos, al infringir los derechos exclusivos de los autores, sin que se pueda alegar el límite de copia privada:

SEXTO.- Pues bien, el intercambio masivo de archivos de contenido audiovisual, a través de las llamadas plataformas P2P, que permiten la descarga de grabaciones musicales, infringe derechos que la Ley de Propiedad Intelectual reserva en exclusiva a los autores. En concreto, los derechos de reproducción (artículos 18 y 115 de la LPI) y comunicación pública (artículos 20, apartado i) y 116.1º de la LPI).

Para demostrar la infracción, el demandante aportó sendos informes periciales, en donde se constató:

1. que el tercero del que habla la ley (usuario de la red P2P) estaba poniendo a disposición más de 5.000 archivos musicales;

2. que al menos 3 de esos archivos correspondían a grabaciones de las que los demandantes ostentaban todos los derechos de propiedad intelectual.

Un dato importante del procedimiento es que se desarrolló con el demandado en rebeldía, es decir, la operadora R no se personó en ningún momento en la causa, supongo que por estrategia procesal, con el objetivo de ignorar el procedimiento al entender que no debería ser parte del mismo (para lo cual también podría haber contestado, alegando falta de legitimación pasiva). Desde mi punto de vista, al optar por la rebeldía, R no podrá ahora alegar indefensión, porque ya se le dio cauce para defenderse, y optó por no hacerlo. En cualquier caso, y de forma razonable, creo que sería muy difícil rebatir las pruebas aportadas en la demanda, tanto porque quien ostenta los derechos afirma que no ha autorizado tales actos de explotación, como porque parece sensato pensar que el usuario “nito75″ no contaba con tal permiso.

Una vez constatada la infracción de derechos y que se ha acudido a un tercero (o a varios, porque la medida se podría haber solicitado contra más de un intermediario), el tribunal debe adoptar las medidas de suspensión de los servicios (art. 139.1.h LPI), debiendo ser esta medida “objetiva, proporcionada y no discriminatoria” (art. 138 in fine LPI). Y esto es lo que ha provocado más polémica en la Red, ya que la AP de Barcelona condena a R a que suspenda de inmediato y de forma definitiva la prestación del servicio de acceso a Internet al usuario que utiliza el nickname “nito75″. ¿Es proporcionado ordenar la suspensión definitiva? Por un lado, parece desproporcionado que dicho usuario no pueda contratar los servicios de R, por ejemplo, dentro de 10 años, y que la condena se establezca ad infinitum, pero por otro, nada impide al usuario acudir a otro operador (como Telefónica, Jazztel, Vodafone, etc.) para tener acceso a la Red (y, por lo tanto, tener acceso a información en los términos establecidos en la Constitución Española). En conclusión, no tengo tan claro la desproporción de la medida cuando el usuario tiene alternativas para conectarse a Internet, aunque también considero que la duración de la medida debería haberse moderado, estableciendo un límite temporal a dicha obligación de suspensión.

Decretada la medida, ahora el condenado debe suspender la prestación del servicio de acceso a Internet al usuario “nito75“, a lo cual parece que no está dispuesto, a la vista del comunicado publicado el martes en su blog oficial, y de los comentarios en dicha entrada, en donde se escudan en la imposibilidad de la suspensión porque no pueden identificar a un cliente por el nickname que éste utiliza en la Red, que es estrictamente lo que se establece en la parte del fallo. Es decir, aunque en el texto de la sentencia se ofrece la dirección IP del usuario infractor, en el Fallo se ordena la desconexión de una persona en base a su nickname, y no a su IP, que es el dato que podría utilizar el operador de acceso para identificar al usuario. Creo que esta cuestión técnica se podría solucionar fácilmente solicitando una aclaración a la sentencia por parte de los demandados, para que en el fallo se especifique que a quien hay que suspender el servicio es a quien tenía la IP asignada en el momento en que se realizó la pericial donde se dejó constancia de la misma. En cualquier caso, en los comentarios de dicho post del blog de R, la empresa afirma que no guarda todos los logs de las IPs de sus usuarios, por lo que, técnicamente, no tiene capacidad para conocer qué usuario tenía asignada dicha IP en tal momento.

Tecnicismos aparte, y aunque la ejecución de la sentencia, en este caso, pueda ser complicada y que la medida adoptada podría haber sido limitada, creo que es un paso importante para involucrar a los intermediarios en la protección y respeto de los derechos (de cualquier tipo) en Internet, principalmente porque en muchos casos son los únicos que van a poder evitar la infracción de los mismos, o serán los que puedan impedirlo más fácilmente. Creo que esa es y debe ser la tendencia, y ahora toca establecer las condiciones en que estos operadores e intermediarios ejecutarán las sentencias y cómo pueden ser estas proporcionadas.

Aunque echo en falta un mayor desarrollo del artículo 138 LPI por parte del tribunal, al menos por fin se empieza a utilizar este precepto, y a demostrarse que, en la actualidad, tenemos suficientes recursos legales (LSSI, LPI, CC, etc.) para proteger los derechos en Internet, al margen de “Leyes Sindes” y otros artefactos.

Como publiqué en el anterior post, recientemente la OMPI publicó un estudio de investigación encargado por ella en el que, junto a otros compañeros españoles y chinos, analizaba la protección jurídica de los videojuegos y sus implicaciones en materia de propiedad intelectual desde la perspectiva de 24 países.

El próximo miércoles 27 de Noviembre de 2013, de 11.30 a 14.00, participaré en un evento organizado por La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, en colaboración con La Biblioteca Nacional de España, en donde presentaremos el informe, así como podremos disfrutar de un interesante debate entre figuras destacadas de esta materia. El acto contará con la intervención de Michele Woods (Directora de la División de Derechos de Autor de la OMPI), y con las conclusiones de Ángela Gutiérrez Sánchez de León (Vocal Asesora de la Subdirección General de Propiedad Intelectual).

La asistencia es gratuita, aunque es necesario confirmarlo en el email propiedad.intelectual@mecd.es.

El programa completo es el siguiente:

Miércoles 27 de noviembre de 2013

11.30 a 12.00 – Recepción de asistentes

12.00 a 12.15 – Palabras de bienvenida pronunciadas por:

Sra. Michele Woods. Directora de la División de Derechos de Autor. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra

12.15 a 13.00 – Presentación del estudio: “La situación jurídica de los videojuegos: Análisis comparativo de los planteamientos nacionales”

Conferenciantes: Andy Ramos y Laura López.

13.00 a 13.50 – Mesa redonda

Ponentes:

Sr. Ignacio Garrote, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

Sra. Carolina Pina, Socia del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues, Madrid.

Sr. Xosé Manuel Rey, Abogado-Socio en Datalawyers y Socio de RLS Games, Madrid.

Sr. David Sweeney Asesor jurídico de Interactive Software Federation of Europe (ISFE), Bruselas.

Moderadora: Sra. Ángela Gutiérrez Sánchez de León, Vocal Asesora, Subdirección General de Propiedad Intelectual, Secretaría de Estado de Cultura, Madrid.

13.50 a 14.00 – Conclusiones

Conferenciante: Sra. Ángela Gutiérrez Sánchez de León

14.00 – Vino español

Aunque lo haré luego personalmente, también me gustaría agradecer desde aquí a todos los que participarán en el evento, especialmente a los ponentes que forman una mesa redonda de excepcional calidad.

Espero veros allí.