Blog Interiuris – Andy Ramos, Propiedad Intelectual – Derechos de Autor – Derechos de Internet – Noticias, Reflexiones, Comentarios…

En las últimas dos semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado dos esperadas e importantes sentencias sobre Internet, la primera sobre enlaces y la más reciente, sobre la responsabilidad de determinados operadores de servicios de acceso. Comienzo por esta última.

Tobias Mc Fadden es el administrador de una empresa alemana de iluminación y activista a favor de la privacidad y en contra del poder excesivo del Estado hacia los ciudadanos. Mc Fadden decidió facilitar en su negocio, una red wifi sin contraseña para que cualquier persona pudiese utilizarla, sin pedirle ni identificación ni contraseña. En 2010, Sony Music comprobó cómo había personas utilizando la red abierta para descargar música, incluyendo canciones del repertorio de dicha multinacional. Sony requirió a Mc Fadden que pusiese medios para impedir la infracción de sus derechos y, a partir de ese momento, se inició un tortuoso proceso judicial que aún perdura.

En primera instancia condenaron a Mc Fadden en rebeldía, recurrió y el Tribunal Regional Civil y Penal de Múnich I, planteó determinadas cuestiones prejudiciales (hasta 10) al TJUE, aunque me voy a centrar en las referentes a la calificación del servicio que prestaba el acusado y en si es posible la obligatoriedad de imponer medidas al prestador de una red wifi sin control de ningún tipo.

Sobre la calificación jurídica de Mc Fadden, la discusión estaba en si era prestador de “servicio de la sociedad de la información” y, por lo tanto, se le debía aplicar  la Directiva 2000/31 (traspuesta en nuestro país en la LSSI), incluyendo su régimen de exención de responsabilidad. El TJUE ha concluido de forma afirmativa, incluso aunque se realice la prestación de forma gratuita, “cuando es llevada a cabo por el prestador de que se trate con fines publicitarios respecto a los bienes vendidos o los servicios realizados por dicho prestador“.

La importancia de esta calificación está en que los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISP) tienen un régimen de exención de responsabilidad ante daños, infracciones, etc., ocurridas a través de sus redes, pero para ello deben concurrir determinados elementos (dependiendo del tipo de prestadores -de acceso, alojamiento, etc.-). En contra, quienes no son prestadores de servicios no se pueden acoger a dicho régimen especial y por lo tanto deben responder de los daños que se pudieran causar a terceros a través de sus redes o sistemas.

Respecto al segundo, se preguntaba si era acorde a la Directiva 2000/31 imponer a un proveedor de acceso, “so pena de multa coercitiva, a abstenerse (…) de permitir a terceros poner a disposición, a través de una conexión a Internet concreta, una determinada obra (…) protegida por derechos de autor para su consulta electrónica en plataformas de intercambio de archivos en Internet (peer-to-peer), y se deja al proveedor de acceso la elección de las medidas técnicas concretas necesarias para cumplir ese requerimiento judicial”.

Es decir, si se puede obligar a un ISP a establecer medidas para evitar infringir derechos de propiedad intelectual o al menos para tener la capacidad de identificar a quien, valiéndose de sus redes, realiza tal acto.

En este punto la respuesta también es afirmativa, al concluir el Tribunal (párrafo 101) que la Directiva “no se opone, en principio, a la adopción de un requerimiento judicial, como el que se plantea en el asunto principal, por el que se exija al proveedor de acceso a una red de comunicaciones que permite al público conectarse a Internet, bajo pena de multa coercitiva, que impida a terceros poner a disposición del público, mediante dicha conexión a Internet, una obra determinada o partes de ésta protegidas por derechos de autor, en una plataforma de intercambio de archivos en Internet (peer-to-peer), cuando ese prestador puede elegir las medidas técnicas que hayan de adoptarse para cumplir el citado requerimiento judicial, incluso si esa elección se circunscribe a la medida que consiste en proteger la conexión a Internet mediante una contraseña, siempre que los usuarios de esa red estén obligados a revelar su identidad para obtener la contraseña requerida y no puedan, por tanto, actuar anónimamente, lo que corresponde verificar al tribunal remitente”.

De esta forma, un juez puede obligar a un proveedor de acceso a requerir la identificación de todos los usuarios que se conectan a la Red a través de sus redes, para evitar la navegación anónima y que impida a un lesionado (por derechos de propiedad intelectual o de cualquier otro tipo) poder identificar al infractor y por tanto no se garantice la tutela judicial efectiva.

Desde mi punto de vista es una correcta conclusión del TJUE, que poco a poco va poniendo cerco al anonimato desmedido e irrazonable en Internet y que permitiría a alguien a quien han lesionado sus derechos, tener la capacidad de cuanto menos identificar al infractor para poder exigirle responsabilidad por sus hechos. Si este se escuda en el anonimato ofrecido por el ISP, este podrá ser considerado responsable si no adopta los medios necesarios para poder ofrecer tal identificación del verdadero infractor. Es una sentencia importante para exigir responsabilidad a proxies y servicios de anonimización que permiten a cualquier usuario navegar por Internet (insultando, infringiendo derechos, etc.) sin poder ser identificado.

La otra sentencia que no quería dejar de comentar era la del asunto “GS Media BV y Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker” (popularmente, el asunto “GS Media” o asunto “Playboy”), que completa a las anteriores sentencias de los casos Svensson y Bestwater, en la que podríamos llamar como la “Trilogía del Hipervínculo” del TJUE, y que ha venido a delimitar la naturaleza jurídica de los enlaces de Internet.

Como recordaréis, Svensson afirmó que la acción de enlazar supone un acto de comunicación pública cuando existe un “público nuevo” no pretendido inicialmente por el titular de derecho y Bestwater siguió la tendencia, no considerando que la transclusión (el acto de embeber un contenido, como un vídeo, en otra web) suponga un nuevo acto de comunicación pública. Faltaba por saber qué ocurría cuando se enlazaba o se embebía hacia un contenido ilegal, que es lo que ha resuelto el asunto GS Media.

En este caso, un medio holandés enlazó a fotografías (para la revista Playboy) puestas a disposición sin autorización en un cyberlocker (FileFactory). Como perfectamente resume el párrafo 25 de la sentencia, “mediante sus tres cuestiones prejudiciales, (…) el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente que se dilucide si, y en qué circunstancias, el hecho de colocar en un sitio de Internet un hipervínculo que remite a obras protegidas, disponibles libremente en otro sitio de Internet sin la autorización del titular de los derechos de autor, constituye una «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29“.

El TJUE, desde mi punto de vista con buen criterio, concluye que a la hora de determinar si se infringen los derechos de propiedad intelectual de la obra o prestación a la que se enlaza, es fundamental conocer si el enlazador sabía o tenía motivos razonables para saber que estaba estableciendo un hipervínculo hacia un contenido puesto a disposición sin autorización. Es decir, si el enlazador conocía que el contenido se había difundido sin autorización, infringe los derechos de propiedad intelectual del titular; por el contrario, si el enlazador desconocía (o no tenía motivos razonables para saber) que esa obra o prestación se había publicado sin permiso, no será infractor.

Además, el TJUE introduce otro elemento y es el posible ánimo de lucro o no del enlazador, ya que si tiene tal finalidad comercial, se le presume el conocimiento que mencionaba en el párrafo anterior, conclusión a la que no podemos llegar si su actividad la realiza sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que cuando hay ánimo de lucro, el infringido no tendrá que demostrar ese elemento de “conocimiento” (estando la carga de la prueba -un tanto complicada, al ser un hecho negativo- en el enlazador), ejercicio que sí deberá realizar cuando el titular de la web no tenga tal finalidad lucrativa.

Este “conocimiento“ (o teniendo motivos razonables para conocer) puede resultar a priori extraño en el derecho de autor, pero no es ajeno a la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo elemento cognitivo ya está presente, por ejemplo, en el artículo 160, sobre medidas tecnológicas de protección.

Tras esta “Trilogía del Hipervínculo”, la naturaleza jurídica y responsabilidad de los enlaces creo que está prácticamente resuelta y podemos conocer en qué momentos y situaciones, cuando enlazamos, lo estaremos haciendo legalmente, sin realizar un nuevo acto de comunicación pública o sin incurrir en responsabilidad. A grandes rasgos sería así:

• Enlazar hacia una obra autorizada dirigiendo a un público nuevo – Nuevo Acto de Comunicación Pública que requiere autorización.
• Enlazar hacia una obra autorizada dirigiendo al mismo público – No hay un Nuevo Acto de Comunicación Pública, por lo que no requiere autorización.
• Embeber un vídeo u otro material de un sitio web autorizado – No hay un Nuevo Acto de Comunicación Pública.
• Enlazar sin ánimo de lucro a un contenido no autorizado – No hay Comunicación Pública si no se tiene conocimiento de la publicación ilícita del contenido enlazado.
• Enlazar con ánimo de lucro a un contenido no autorizado – Hay Comunicación Pública, salvo que el enlazador pueda demostrar que era razonable que desconociese la ilicitud de la difusión de dicho contenido.
• Alojar enlaces ilícitos facilitados por terceros – Régimen de Responsabilidad del artículo 16 de la LSSI.

Por tanto, quienes con ánimo de lucro, incrusten o enlacen en sus webs a obras o prestaciones de terceros, tendrán que ser diligentes y averiguar si el contenido al que enlazan fue puesto a disposición con autorización del titular de derechos. Por el contrario, si no existe tal ánimo de lucro, no se deberá ser tan diligente y se comenzará a infringir cuando se tenga tal conocimiento, por ejemplo (como ocurre con el régimen de responsabilidad de los ISP) porque reciban una notificación del afectado.

Creo que con estas sentencias se introduce en el régimen general del derecho de autor el elemento cognitivo de la responsabilidad de los ISPs y del artículo 160 LPI, consiguiendo equilibrar en Internet los intereses de los titulares de derechos y de los ciudadanos/responsables de webs. Los ciudadanos vamos a poder seguir enlazando sin problema a contenido lícito y los titulares de derechos van a poder actuar contra quienes, con conocimiento, ayudan (mediante hipervínculos) a la difusión de contenido puesto a disposición sin su autorización.

Las sentencias no serán de buen gusto para muchos (incluyendo titulares de derechos, porque el TJUE no califica de nuevo acto de Comunicación Pública cada nuevo enlace), pero permiten delimitar actos y conductas en Internet, que cada vez es menos el campo libre que muchos llevan años pregonando.

Uno de los principios elementales de la Propiedad Intelectual es que únicamente las obras y prestaciones realizadas por seres humanos están protegidas. Así lo dictamina el artículo 5 de la LPI, que afirma categóricamente que se “considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria artística o científica“. Por tanto, solo las “personas naturales” pueden ser autores y, en principio, creadores de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Tradicionalmente, cuando damos clase y tenemos que explicar este artículo, decimos que las empresas (personas jurídicas) pueden ser titulares de derechos, pero no “autores”, categoría (con derechos morales) que la LPI guarda exclusivamente para los humanos; y también acudimos a exclusiones simpáticas, como los animales (un elefante o un mono no pueden ser autores, por lo que sus creaciones no están protegidas por derechos de propiedad intelectual –ver el famoso selfie del mono-), o “la naturaleza”, al crear un árbol con unas formas muy singulares o una formación rocosa digna del mejor autor surrealista.

En cambio, en los últimos años vemos cómo están surgiendo determinadas obras donde la intervención humana queda en un segundo plano.

Por caprichos del arte y de las modas, el cuadro que aparece sobre estas líneas podría venderse en una galería de Nueva York por un precio desorbitado. Y curiosamente no ha sido pintado por un ser humano, sino por una máquina construida por el colectivo polaco “panGenerator“, que investiga para que las artes plásticas y visuales, y la tecnología se den la mano.

 

Automated Insights es una empresa americana que crea textos en lenguaje natural en base a datos o información de la bolsa, deportes, negocios, etc. Su software crea textos y artículos periodísticos de forma autónoma e independiente, y es utilizado entre otros por Associated Press o Yahoo para escribir artículos de prensa. De hecho, medios nacionales como El Mundo utilizan desde hace meses sistemas de narración automática de partidos en directo, trabajo que antes hacía un humano. Los textos son meramente descriptivos y nada creativos, pero dales tiempo.

También hace unos meses se publicó que se iba a estrenar un musical en Londres cuyo argumento y diálogos incorporada música y argumentos generados por ordenador. La noticia tiene truco, ya que en realidad el musical no lo había generado una máquina, sino que los autores se habían asistido de ella para determinar los elementos comunes de cientos de musicales de éxito (big data) y así poder crear una obra que tuviese más garantías de gustar al público. De hecho, teniendo en cuenta el coste del contenido audiovisual y las incertidumbres respecto al retorno de la inversión, muchas empresas del sector están confiando en este tipo de herramientas para tomar decisiones empresariales y artísticas. La clave es saber (no intuir) qué le gusta al público.

Todos estos casos tienen algo en común; con más o menos arte y más o menos originalidad, son contenidos/obras generadas por un ordenador con software basado en Inteligencia Artificial. La consecuencia de ello, como adelantaba al principio, es que el resultado literario o artístico de dicho algoritmo inicialmente no está protegido por derechos de propiedad intelectual, al no ser el fruto de la creación de una persona natural. Este hecho, que cada vez será más habitual, tiene una trascendencia práctica muy importante, ya que si estos contenidos no están protegidos por derechos de propiedad intelectual, cualquiera puede reproducirlos, distribuirlos… explotarlos, sin necesidad de autorización.

¿Creéis que se puede sostener que hay “obra”, pero no “autor”? y ¿de otorgar derechos a alguien, se lo daríais a quien creó el algoritmo, al propietario/licenciatario de la máquina/software, o al usuario del mismo (cuando no coincide con el licenciatario)?.

Análisis aparte creo que requiere el software creador de software (“Automatic programming” y generadores de código), que trataré en el próximo post.

¿Tenemos que empezar a debatir sobre la protección del contenido generado por máquinas?

Últimamente tengo la sensación de que los eSports por fin han explotado. Durante muchos años, los eSports han sido como un submarino gigante sumergido en el océano, con una salvaje actividad, pero que solamente se veía cuando salía a la superficie, esporádicamente, para celebrar la competición final en un gran polideportivo. Los gamers profesionales son los rockstars de una generación (incomprendida, por supuesto, como corresponde a todo fenómeno juvenil), aunque por su forma de vida y entrenamiento, podríamos equipararlos más a un deportista profesional.

Cuando doy clases sobre el Derecho de los Videojuegos siempre comienzo dando algunos datos (como que el coste medio de un videojuego es de 20-30 millones de dólares, o que el presupuesto del GTA V fue de 266 millones de dólares ¡más que cualquier estreno de Hollywood!) para que los alumnos tomen consciencia de la importancia de este tipo de obras y no lo perciban como “algo a lo que juegan sus sobrinos”. Además, desde un punto de vista jurídico, les explico que los videojuegos son sin lugar a dudas la obra del intelecto humano más compleja que existe, y que es capaz de incorporar todo el resto de obras y prestaciones posibles: gráficos, música, personajes, guiones, programa de ordenador, grabaciones audiovisuales, etc.

A pesar de que el volumen de facturación de la industria de los videojuegos superó al de la música y a la cinematográfica hace muchos años (de hecho, ha conseguido hasta ser mayor que ambas industrias juntas), todo lo que rodea a este negocio es más desconocido que otras industrias culturales. ¿Os imagináis una Feria del Videojuego en un espacio público como la Feria del Libro del Retiro, con cientos de expositores? ¿o que cada lanzamiento saliese en los telediarios, como los viernes se anuncian los estrenos cinematográficos de la semana? ¿o que hubiese tantos eventos de eSports como festivales de música hay en verano?

No obstante, como comencé diciendo, creo que la tendencia (poco a poco) está cambiando. A la gente le sigue sorprendiendo esta nueva forma de ocio, pero al menos ya saben que existe (aunque no sepan exactamente en qué consiste). Y otro tipo de fenómenos (nunca mejor dicho) que han nacido al albor de este movimiento (como youtubers, gamers, modders, etc.) ya aparecen en anuncios de televisión, sacan libros, comics y tienen una presencia que va más allá de la pantalla del móvil de los adolescentes.

Si los videojuegos son las obras más complejas que existen, estas explotaciones sociales plantean numerosísimas cuestiones jurídicas que a día de hoy y en honor a la verdad, parece preocupar a pocos (desde luego que nada al público general). Nadie en su sano juicio alquilaría un pabellón y, por ejemplo, exhibiría sin autorización de Disney la última superproducción de un personaje de Marvel. O subiría a Internet una grabación sonora con la lectura de un libro, como si fuese un audiobook. Sin embargo, este tipo de explotaciones son habituales en el sector del videojuego.

Entidades públicas y privadas organizan competiciones de populares videojuegos de fútbol, de estrategia o MMORPG (“Massively Multiplayer Online Role-Playing Game”), con el objetivo de ofrecer ocio y entretenimiento atractivo para los jóvenes. ¿Es necesario pedir autorización al Publisher del videojuego, por la explotación del mismo en este entorno de competición?

Y los gameplays (grabaciones de partidas de videojuegos); si es necesario pedir autorización al titular de derechos para subir a YouTube el extracto de una película o una canción ¿hay que solicitar permiso para publicar en Internet un gameplay? Si eres de los que piensa que a quién le interesa una grabación de una partida de videjuego, te animo a que te des una vuelta por YouTube o por Twitch para que veas ese submarino gigante del que hablaba al principio.

Este post introductorio del tema servirá de punto de partida para las sesiones sobre el Derecho de los Videojuegos que daré en el Máster de Derecho Audiovisual de la ECAM, así que los alumnos, antes de clase, deberán saber por lo menos qué es la Liga de Videojuegos Profesional, la MLG, algún gamer y equipo profesional de eSports, para poder profundizar en clase sobre todos estos temas. Más adelante publicaré más posts sobre otros aspectos jurídicos de los videojuegos.

Como comentaba en anteriores posts, varios son los motivos de la (hasta hace poco) parálisis del blog, y uno de los principales es la obra que da título a este post y que (por fin) ha salido al mercado.

Mientras que estaba en tramitación la última gran reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, Thomson Reuters (aka Aranzadi) encargó al Instituto de Derecho de Autor la coordinación de una obra eminentemente práctica sobre la propiedad intelectual enmarcada en su serie “Practicum“. Adriana Moscoso, directora del IA, ha llevado las labores de coordinación y de selección de autores, entre los que (como supongo que intuis) me encuentro. El resultado son 745 páginas en las que participan muchísimos compañeros a los que quiero y admiro, incluyendo la propia Adriana, Vicente Arias Maiz, Miguel Ángel Bouza, Marisa Castelo, Rosa De Couto, Javier Díaz de Olarte, Álvaro Díez, Ricardo Gómez Cabaleiro, Leire Gutiérrez, Jorge Ledesma, Rocío De Llobet Hernández, Carlota Navarrete, Rafael Sánchez Aristi y Leonardo De Terlizzi.

En la primera reunión de repartición de materias, sufrí el síndrome de “vernise arriba” y, objetivamente, cogí más temas de los que razonablemente podía abarcar. Mi parte incluía las materias más tecnológicas y alguna otra que me apetecía, siendo mi aportación al libro las siguientes secciones:

• Obra Multimedia y Videojuegos – Págs. 163 a 176
• Programas de Ordenador – Págs. 183 a 221
• Derecho de Reproducción – Págs. 240 a 242
  • Especial Mención a la explotación de los derechos de propiedad intelectual en Internet y Redes Sociales (www, P2P, Páginas de Enlaces, etc.) – Págs 243 a 257.
• Parodia – Págs. 415 a 418.
• Medidas Tecnológicas de Protección e Información para la Gestión de Derechos – 718 a 725

Durante más de seis meses estuve sacando horas de donde no tenía, especialmente al deporte y a mi familia, para poder acabar mi parte en los plazos marcados por la editorial. Además, sufrí en múltiples ocasiones el síndrome del “folio en blanco” y la preocupación de, como decía Antonio Delgado, aportar “chicha” (es decir, contenido práctico que sirviese tanto a iniciados en la materia como a aquellos abogados menos habituados a estos temas). El resultado global es una obra muy completa, con muchísima información práctica y en la que espero que se vea el esfuerzo que ha habido detrás de ella.

Como no había un apartado específico para ello en el libro, aprovecho mis dominios para agradecer la ayuda que me prestaron Alejandro Puerto y Miguel Ángel Mata al darme valiosa información y comentarios sobre la sección de la protección jurídica de los programas de ordenador. Y, por supuesto, a mi mujer y dos hijas, a las que robé decenas de horas que nunca conseguiré recuperar.

El libro se puede comprar aquí y en librerías especializadas. Espero que lo encontréis interesante y que algún día le sirva a alguien para orientar un asunto.

El título de esta entrada es un simplón homenaje a la novela de Philip K. Dick “Do Androids Dream of Electric Sheep?”, que igualmente servirá como referencia para la sesión que, desde DENAE, estamos organizando junto con la consultora tecnológica Altran.

Como sabéis, en DENAE apostamos por una figura de abogado híbrido, que se plantea las cuestiones jurídicas de cualquier asunto, pero que también lo analiza desde un punto de vista técnico y de negocio. Al fin y al cabo, estamos hablando de Derechos Intangibles, Datos, Información, Invenciones… con un componente jurídico muy importante. Por eso, el próximo jueves los abogados podremos probar tecnologías que todavía no están completamente en el mercado (como gafas de realidad virtual, simuladores, robots, etc.) y debatir con ingenieros que desafíos nos traerá esta Cuarta Revolución Industrial que estamos comenzando a vivir.

Entre los tres temas que trataremos, desde una perspectiva jurídica, los compañeros Raúl Rubio, Alejandro Sánchez del Campo y yo (realidad virtual, drones y robots), a mí me ha tocado los dilemas y cuestiones jurídicas que nos plantearán en el futuro (y presente) los androides y otro tipo de máquinas, tanto en una primera etapa con una evolución de inteligencia artificial más limitada, como en un futuro más o menos lejano, en donde puedan alcanzar algún nivel de conciencia (artificial) y de singularidad tecnológica.

Los ingenieros no piensan en los abogados a la hora de diseñar sistemas y mecanismos automatizados, al igual que los abogados y legisladores no cuentan con los ingenieros para redactar las leyes o las relaciones entre individuos. Sin embargo, dada la cada vez mayor interacción social entre las máquinas y los humanos, los abogados debemos estar más involucrados en la configuración de procesos dentro de las máquinas (cómo deben reaccionar ante determinados estímulos), al igual que los ingenieros deben ayudarnos a regular dicha interrelación hombre-máquina.

De hecho, desde hace ya casi una década, en Corea del Sur se discute, incluso en ámbitos parlamentarios, cómo debería regularse la relación de los humanos con los robots y viceversa, con un componente ético importante. Hasta dónde debería llegar la autonomía operativa de una máquina; si debemos permitir robots que “emulen” sentimientos y que puedan conectar a nivel emocional con las personas (¿no es entrañable R2-D2 cuando se enfada?); o qué se puede hacer con toda la información/datos que registra un mecanismo autónomo, son respuestas que deben darse en esta normativa.

Estamos dando los primeros pasos en esta materia y seguro que el jueves habrá lugar para muchas elucubraciones y desvaríos entre abogados e ingenieros. El evento, solo para socios de DENAE previa inscripción aquí. Allí nos vemos.

Más de seis meses sin escribir en el blog y os aseguro que tenía una necesidad imperiosa de hacerlo. En realidad llevo ya varios años con el blog muy inactivo, tanto por las obligaciones profesionales (el despacho, las clases en universidades, DENAE, conferencias y participaciones en publicaciones tradicionales) como personales. Pero como digo, últimamente he tenido mucho interés de tratar temas que me rondan la cabeza y espero poder encontrar el tiempo que no he hallado estos meses y así reactivar el blog. Los temas que quiero tratar, manteniendo el Derecho del Entretenimiento como columna vertebral, son los que trata mi amigo el Replicante Legal (robótica, inteligencia artificial, IoT, innovación, etc.), aunque, como digo, espero darle otra óptica.

De hecho, quiero comenzar aprovechando unas notas que tenía preparadas para mi participación de ayer en el I Congreso de Inteligencia Artificial en la Era Digital, y que no pude compartir por problemas logísticos de la organización. El tema de la mesa en la que participaba (junto con el ingeniero Chema Alonso) era el Internet de las Cosas (IoT) y la Seguridad de los Datos que se recaban a través de este tipo de dispositivos.

Desde mi punto de vista, a pesar de los números, el IoT ha sufrido una leve caída de interés en los últimos meses. De hecho, las acciones de Fitbit, el líder el mercado de cuantificadores para deporte, pasó de $51 por acción en julio de 2015, a $11 en febrero de este año, y varios estudios indican que la tasa de abandono de estos productos es relativamente elevada.

Creo que este hecho se debe a que todavía los usuarios, al menos los de determinados dispositivos conectados o susceptibles de extraer información útil, no encontramos valor a los datos aportados por dichos dispositivos, al menos de la forma que se facilita. Tenemos un reloj inteligente que recaba mucha información de nuestras sesiones de entrenamiento, con datos muy bien ordenados y mostrados en una app o web, pero necesitamos de mucho conocimiento para poder sacar conclusiones más o menos elaboradas de los mismos (si debemos de relajar nuestras rutinas por exceso de entrenamiento, qué debemos hacer para correr o nadar más rápido, etc.).

El hardware en algunos casos ya está aquí, pero nos falta software/“inteligencia artificial” que analice dichos datos y nos recomiende (como lo haría un experto) qué acciones tomar para sacar el máximo partido a tal información.

Es indudable que los datos generados en estos sistemas informáticos (de entretenimiento, salud, movilidad, etc.) tienen un gran valor para las empresas cuando son procesados con algoritmos más o menos inteligentes y pueden tomar decisiones (inteligentes) en base a ellos. Un ejemplo es Telefónica o Netflix, que analiza los hábitos de consumo de sus suscriptores para tomar decisiones empresariales, de programación e incluso de generación de contenido. El Big Data al servicio del Entretenimiento.

Imaginaos el siguiente escenario sobre el IoT, dentro de muy poco real:

• Tenemos una pulsera cuantificadora que nos sigue durante el día y en nuestro ejercicio diario.
• Los datos son transmitidos a un sistema informático (un smartphone), que analiza los mismos y nos sugiere rutinas de entrenamiento.
• El mismo sistema nos propone una dieta personalizada según nuestra edad, peso, estatura, ritmo de vida, objetivos, etc.
• El mismo sistema es capaz de intercomunicarse con diferentes electrodomésticos, muebles de la despensa, frigorífico, etc. , para hacer una lista de la compra personalizada en base a nuestra dieta y a los productos que ya tenemos en nuestra casa.
• El mismo sistema se conecta a un supermercado online para que nos entreguen la compra en casa, sin tener que preocuparnos por pensar qué debemos comer, qué tenemos en nuestra casa ni cuándo iremos a la compra, porque lo único que tendremos que hacer es validar todas las decisiones tomadas por un sistema informático con inteligencia artificial.

En este cómodo escenario se plantean diferentes cuestiones, más allá de las emocionales:

• Privacidad de los datos: para llegar a un gran nivel de personalización, el usuario debe dar muchísima información al sistema, incluyendo geolocalización, datos de salud, domicilio, productos existentes en la cocina, tarjeta de crédito… ¿estamos dispuestos a dar toda esta información? Puede que ahora mismo digamos que no, pero creo que es probable que si hace 20 años nos hubiesen preguntado si estaríamos dispuesto “dar” todas nuestras fotografías, cartas, vídeos, vivencias, etc., a una empresa extranjera para que las guarde, igualmente diríamos que no, y hoy no hay más que ver la información que alojan Google o Facebook para comprobar que esa predicción no se hubiese cumplido. Estos cambios llegan de forma más gradual de lo que pensamos y muchas veces recorremos el camino sin darnos cuenta de que hacia donde vamos, quizá, teorizando, no lo hubiésemos aceptado.Incluso más allá ¿debería ser obligatorio registrar los datos generados por un objeto, como un coche autónomo, para determinar la culpabilidad en caso de accidente o para mejorar la congestión del tráfico en las ciudades? O como ya se plantea ¿Se deberían de compartir datos clínicos para que, gracias al Big Data y la Inteligencia Colectiva, se puedan diagnosticar enfermedades de forma más sencilla?
• Propiedad de los datos: ¿de quién son todos los datos que recopilan los diferentes dispositivos y que se analizan en los sistemas de esta hipotética empresa? ¿son del usuario o de la empresa? Tenemos leyes que regulan el tratamiento de los datos de carácter personal ¿y si no son datos personales o se anonimizan?Del mismo modo ¿qué ocurre si un usuario quiere cambiar de aplicación? En la actualidad, en muchas ocasiones lo que nos une a una aplicación/servicio son los datos que llevamos meses o años incorporando a él, incluso aunque estamos dispuestos a cambiar por haber mejores alternativas. Podemos ser (y somos) “esclavos digitales” de empresas, ante la imposibilidad o la dificultad de migrar todos los datos de un sistema a otro. ¿Sería razonable exigir legalmente a las empresas la fácil extracción y migración de datos con servicios competidores? Con el Derecho de Acceso de la LOPD podemos conseguirlo parcialmente, pero estamos a la merced del formato en el que la empresa nos facilite los datos y si este es compatible con otros servicios.
• Lugar del Tratamiento de los datos: ¿qué legislación se aplica si el usuario es de un país, los datos están alojados en servidores de un país diferente, y el operador del sistema está a su vez en un país tercero? ¿cómo deben tratarse los datos ante escenarios transnacionales? En esto también hemos avanzado, pero actualmente sigue provocando problemas de competitividad a empresas europeas que tienen que competir en una arena mundial, con reglas del juego más restrictivas.
• Seguridad de los datos: casi el más importante de todos, ya que un hackeo de los datos, tanto por el lado del consumidor como del lado de la empresa, expondría enormemente al usuario, al poder conocer sus hábitos de consumo y de vida.

 

En indiscutible que la seguridad completa en la informática no existe, y para eso están las leyes, para sancionar a quienes dañan y lesionan derechos e intereses de terceros utilizando para ello posibles fallos informáticos. Si el código informático fuese inquebrantable, no harían falta leyes que intenten persuadir ante incursiones desautorizadas en sistemas ajenos. En tal caso, el código se protegería por sí mismo y no haría falta abogados, jueces ni policías que buscasen sancionar conductas ilícitas.

Pero para construir este futuro escenario de objetos intercomunicados y millones de bits con datos tratados a diario, creo que debemos conjugar 3 elementos que se interrelacionan entre sí:

• Seguridad Informática, para que los sistemas sean seguros ante ataques e intromisiones ilegítimas.
• Legislación, para poder disuadir por un lado y condenar por otro cualquier conducta infractora de derechos.
• Ejecución/Enforcement, para poder actuar de manera efectiva utilizando la legislación en caso de que la seguridad informática. En este punto es donde creo que todavía tenemos que trabajar, para dotar a la policía y a los jueces de medios para actuar contra los infractores.

 

Otra cuestión es si los usuarios encontraremos valor a un mundo de objetos interconectados, que viendo nuestra obsesión tecnológica, creo que llegará antes de que nos demos cuenta.

Reproduzco a continuación un artículo que he escrito con mi compañero y amigo el Replicante Legal (que cuenta en su blog los aspectos legales del mañana) y publicado originariamente en Xataka Magnet, en donde divagamos sobre la magnífica “Regreso al Futuro II”: 

Hoy, 21 de octubre de 2015, es el día al que Marty McFly viajó en el DeLorean de Doc. Brown, desde el año 1985, con el fin de salvar a Marty McFly Jr. de cometer un crimen que le arruinaría la vida.. Desde hace meses se están preparando homenajes a tan señalada fecha, pero ¿alguien se ha parado a pensar los paradigmas legales (y de espacio-tiempo) que implicaba este acontecimiento?

Los creativos de “Regreso al Futuro II” imaginaron un sinfín de innovaciones que incluyeron en la sociedad de 2015 que visitó Marty, como el inductor de estado alfa, las zapatillas con ajuste automático, la chaqueta auto-ajustable y auto-secable, el diseño de la corbata doble o, por supuesto, el Hoverboard. ¿Se pueden proteger hoy en día todas estas innovaciones, cuando se “inventaron” hace más de dos décadas?

En otro orden de cosas, en el futuro los juicios duran sólo dos horas porque no hay abogados, según le dice Doc a Marty al principio de la película. Afortunadamente (para los juristas…) Robert Zemeckis no acertó en esa predicción y los abogados seguimos siendo hoy una parte esencial en el proceso de administración de justicia, al menos de momento.

En este artículo pretendemos comentar desde una perspectiva jurídica (esencialmente con las leyes de España) algunas cuestiones que aparecen en la película y que nos han llamado la atención por distintos motivos; es nuestro particular homenaje a esos dos genios del cine que son Zemeckis y Spielberg.

 

PATENTES

En “Regreso al Futuro II” aparecen dispositivos que hacen la vida del año 2015 un poco más sencilla (como el repostaje automático de los coches, el Hydrator de Black & Decker o los drones informativos de USA Today) y, a veces, ridícula (como el Hoverbelt que utiliza George McFly para curar su dolor de espalda).

A la izquierda, el “hidratador” de alimentos de Black & Decker, y a la derecha el reparador de espaldas de George McFly

Pero ¿qué hubiese pasado si Marty se hubiese llevado algunos de estos inventos al pasado, como souvenir? ¿Cuándo se hubiese considerado inventado y, por tanto, se podría proteger? De hecho, McFly viajó al año 1885 con sus zapatillas Nike del año 1989 que, a buen seguro, tendría alguna que otra patente.

La patente es un sistema por el cual el Gobierno otorga derechos exclusivos al desarrollador de una invención durante 20 años, a cambio de que revele completamente en qué consiste dicha innovación. Así, las patentes se refieren siempre a inventos (nunca marcas, signos distintivos, obras de arte, etc.), que deben ser perfectamente descritos en la solicitud ante la oficina correspondiente y, si es aceptada, el titular de la misma podrá explotarla en exclusiva durante dicho periodo de tiempo.

Generalmente, se pueden patentar todas aquellas invenciones que cumplan todos los requisitos siguientes:

• Que sean novedosas, es decir, no se podrá otorgar una patente a algo que ya existiese previamente.
• Que implique una actividad inventiva, en contraposición de meros “descubrimientos” o avances obvios.
• Y que tengan una aplicación industrial o que sean útiles, es decir, que sirvan para algo.

Como decíamos, ¿pueden afectar los viajes en el tiempo a las patentes? En un plano teórico (y de abstracción mental), sí. Dado que uno de los requisitos de patentabilidad de un invento es que sea novedoso, éste puede desaparecer si Marty decidiese facilitar su vida de 1985 con alguno de los nuevos productos de 2015, y se lo llevase en su DeLorean. Así, esa innovación aparecería por arte de magia en 1985, y cuando se inventase realmente posteriormente, la invención dejaría de ser novedosa porque ya existía en el pasado, y, por lo tanto, no sería patentable. Algo parecido ocurría en Terminator 2, con el brazo del T-800, encarnado por Arnold Schwarzenegger, que sirvió de inspiración a Cyberdyne System para diseñar posteriormente el androide. Paradojas legales de los viajes en el tiempo.

Otra cuestión que se puede plantear es si son patentables ahora estos inventos que aparecen en la película, como la chaqueta auto-secable, el Hoverbelt o el mencionado Hydrator, para hidratar y cocinar alimentos en menos de 5 segundos. Es decir, se podría pensar que si estos inventos salen en la película, ya no son novedosos y por tanto, nadie podría solicitar una patente sobre ellos. En este caso, la respuesta es sí, es decir, sí serían patentables.

Las leyes de patentes de todo el mundo protegen la forma técnica en la que se materializa una invención, no así (de forma general) los principios, ideas o descubrimientos intrínsecos en ella. Es decir, una patente no protegerá cualquier “sistema de auto-ajustado de cordones”, sino uno específico en el que se describa perfectamente los dispositivos y técnicas que hagan posible que una zapatilla se ajuste de manera automática. Gracias a esto hay multitud de formas (y de patentes) que resuelven problemas técnicos, algunos muy similares, y de ahí las famosas “Guerras de Patentes” entre gigantes tecnológicos.

Así que, afortunadamente no existe todavía la posibilidad de viajar en el tiempo porque de hacerlo, seguro que tendríamos que modificar las leyes de patentes ya que ese “factor tiempo” (convertido en la “novedad” de una invención) es clave en la concesión de cualquier patente.

 

PROPIEDAD INTELECTUAL

Algo parecido ocurre con la Propiedad Intelectual, que es un sistema un tanto más complejo que otorga protección (también exclusiva) al creador de una obra o a quien realice prestaciones alrededor de ella, como un productor, un intérprete, etc., durante un periodo limitado de tiempo (la norma general para los autores es de protección toda su vida, más 70 años tras su muerte, y del resto de titulares, de 50 años desde la publicación).

Al igual que hablábamos en el punto anterior que la “novedad” era un requisito imprescindible para que exista una patente, para que una obra esté protegida por la Ley de Propiedad Intelectual es necesario que sea “original”, entendiéndose ésta como algo diferente (en términos objetivos o subjetivos) a lo ya existente. Vemos de nuevo que el “factor tiempo” es fundamental en la protección de obras y prestaciones del intelecto humano, como películas, canciones, obras de arte, libros, etc.

Al igual que ocurre en la primera parte, al final de esta segunda entrega se vuelve a mostrar a Marty tocando la canción “Johnny B. Goode” en el año 1955 y, mientras tanto, uno los músicos -Marvin Berry- hace una llamada a su primo Chuck diciéndole que ha encontrado el sonido que él andaba buscando. Es decir, según la película, la canción más reconocida a nivel mundial de Chuck Berry y una de las más versionadas de su repertorio, es un plagio porque el compositor de Misuri realmente no hizo más que reproducir las notas que había ejecutado Marty en la fiesta “Encantamiento Bajo el Mar”. Por tanto, en la película se plantea que la canción no es de Berry y en consecuencia no debería ser considerado el autor y creador de la misma.

Marty McFly interpretando “Johnny B. Goode” en Regreso al Futuro II

 

Si esto es así ¿quién es entonces el autor de una de las canciones más importantes del Rock ‘n’ Roll?

Según nos cuenta la película, Marty es quien la interpreta por primera vez en público en 1955 y por tanto podríamos suponer que es él quien la ha compuesto. El problema es que McFly conocía la canción porque había escuchado (en el futuro) la famosa versión de Chuck Berry y por tanto no hay creatividad ni originalidad por su parte, lo que imposibilita que Marty pueda ser considerado su autor según las leyes actuales de la propiedad intelectual. Concluiremos entonces que Berry es el autor de Jonny B. Goode, aunque quizá la inspiración no le vino sólo de su propia biografía…

 

DISEÑO INDUSTRIAL

Otro de los mecanismos legales para proteger activos intangibles es el “Diseño Industrial”, que tiene la finalidad de proteger temporalmente (durante periodos de 5 años, hasta un máximo de 25) la apariencia de un producto, como una lámpara, una mesa, un vestido, un traje, una corbata o, como no, unas zapatillas de deporte.

Para que un producto sea registrable y protegido por la Ley de Diseño Industrial, debe ser novedoso y poseer carácter singular, es decir, en primer lugar que ningún otro diseño idéntico se haya puesto a disposición del público y, en segundo lugar, que la impresión general que produzca en un usuario difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño. Una vez más, el “factor tiempo” es esencial a la hora de proteger un producto por este sistema.

En la película aparecen multitud de productos que podrían protegerse como diseño industrial, como la corbata doble de Marty McFly del futuro, la bolsa de deportes, o los famosos Nike MAG con cordones auto-ajustables. De hecho, desde 1989 las zapatillas que se calza Marty en el futuro han sido objeto de deseo por los fans de la saga, hasta el punto que hizo que la empresa de Oregon fabricase una edición limitada en 2011 (sin sistema auto-ajustable) que llegó a vender por casi 10.000 dólares la pareja.

Las Nike MAG creadas para Regreso al Futuro II

 

Vuelven a aparecer aquí una vez más la duda de los apartados anteriores de qué ocurriría si McFly se llevase las Nike MAG al pasado ¿dejarían de estar protegidas en el futuro, cuando los diseñadores de Nike las creasen realmente? Quizá.

Pero una pregunta que tiene más repercusión práctica es que si el diseño es realmente de 1989 (año de lanzamiento de la película) ¿estarían protegidas a día de hoy? La respuesta parece ser que no, al haber pasado esos 25 años de protección máxima que ofrece la Ley, lo cual implicaría que su diseño estaría ya en el dominio público y que cualquiera podría incorporarlo a su propio producto. Pero cuidado, porque esto no quiere decir que se pueda incluir también el famoso “swoosh” de Nike, ni las tecnologías que lleve incorporada la zapatilla de 2011, que estarán protegidas por, respectivamente, marcas y patentes. Las leyes son complejas y gracias a eso vivimos los abogados.

 

DERECHOS DE IMAGEN

En la película, Marty entra por enésima vez a la cafetería que está enfrente de los juzgados de Hill Valley, llamada en la segunda parte “Cafe 80’s”, y se encuentra con camareros robotizados con monitores con la imagen (supuestamente) informatizada de Michael Jackson, Ronald Reagan y el Ayatollah Khomeini. ¿Puede un famoso evitar este tipo de usos de su imagen?

Ronald Reagan y el Ayatollah Khomeini utilizados para despachar Pepsi Perfect en Regreso al Futuro II.

 

Todas las personas tenemos derecho a que se respete nuestro honor, a evitar la publicación de información de nuestra esfera íntima y a impedir la utilización de nuestro nombre, voz o imagen para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Por tanto, cualquier utilización de la imagen de una persona para una finalidad comercial debe ir precedida por su autorización expresa, si no queremos meternos en problemas.

En este caso, una empresa (la propietaria de “Cafe 80’s) utiliza la imagen de tres personas célebres en la década de los ochenta, para atender a sus clientes. Era presumible que, por su edad, dos de ellas (Reagan y Khomeini) no fuesen a estar vivas en 2015, pero Michael Jackson podría haberlo estado este año si no hubiese fallecido en 2009. ¿Estaríamos en todos los casos ante usos ilícitos de la imagen de famosos?

En este punto, las leyes cambian de un país a otro, pero en general todos los estados avanzados conceden estos derechos de imagen a todas las personas, durante su vida y, para sus descendientes, durante unos años tras su muerte (entre 70 y 100 años, según cada país). Por tanto, tanto los herederos de Reagan como los de Jackson (desconocemos las leyes del Irán de Khomeini) podrían haber exigido al dueño de “Cafe 80’s” y al fabricante del “camarero robotizado” una indemnización por explotación inconsentida de la imagen de sus predecesores y, cómo no, la paralización de tal atentado contra su propia imagen.

¿Y contra los productores de la película, por aparecer en ella? Teniendo en cuenta la naturaleza de la utilización (en una obra artística, en contraposición de un producto industrial del supuesto anterior) y que el tono es un tanto paródico, aquí primaría la libertad de expresión y creación y, a no ser que afecte al honor del retratado, no creemos que hubiese mayor problema (hasta que un abogado se ponga por medio).

 

IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LOS VIAJES EN EL TIEMPO

Por cierto ¿los viajes en el tiempo están permitidos o prohibidos? Viendo los problemas jurídicos que provocan, seguro que muchas personas opinan que no deberían ser legales. Lo cierto es que no están ni prohibidos ni permitidos. Simplemente no existe normativa al respecto. Y ¿por qué? Probablemente porque hoy día no son viables. ¿Tiene sentido prohibir o regular una situación que no existe ni tiene visos de existir a corto plazo? En principio no.

Se suele decir que la realidad va siempre por delante de la ley y seguramente sea lo más lógico. Como regla general, la innovación no debería estar sometida a restricciones previas. Esa es la tesis que defienden Adam Thierer y otros autores. Como excepción, podríamos citar aquellos desarrollos médicos o tecnológicos que pueden suponer un peligro grave si no se regulan a priori. Pensemos por ejemplo en la ingeniería genética o en la inteligencia artificial.

 

RESPONSABILIDAD

Volviendo a la película, en otro momento McFly ve una oportunidad de hacer dinero fácil y compra un almanaque deportivo con todos los resultados en EEUU entre 1950 y 2000, pero Doc le convence de no llevarse el libro al pasado. Biff, sin embargo, tiene menos escrúpulos y “roba” el almanaque y la idea de Marty para hacerse millonario. ¿Incurre Biff en responsabilidad legal al alterar el espacio-tiempo?

Marty McFly con el almanaque deportivo

 

Recordemos que el pasado alternativo al que vuelve Marty McFly en la segunda parte de la saga es muy diferente al que dejó, provocando claros perjuicios no sólo en Hill Valley, sino también en los personajes de la película, excepto el propio Biff.

 

Línea temporal de la saga “Regreso al Futuro”, disponible en

http://backtothefuture.wikia.com/wiki/Back_to_the_Future_timeline

 

En derecho español existen dos tipos de responsabilidad: contractual y extracontractual. La distinción entre ambas parte de una idea sencilla: la existencia o no de un vínculo contractual entre la persona física o jurídica que produce el daño y quien lo sufre. Así, la primera sería la que surge de un daño producido a otro en virtud de un contrato negociado y acordado entre ambos y la extracontractual es la que nace de un perjuicio producido a otro sin que haya una relación jurídica previa entre ambos.

En este caso no existe relación contractual entre Biff y los habitantes de Hill Valley, por lo que habría que acudir a la categoría de responsabilidad extracontractual para poder reclamarle por los destrozos que hace a la ciudad. Nuestro Código Civil establece que el que causa un daño (por acción pero también por omisión), está obligado a repararlo, siempre que exista “culpa o negligencia”. Para determinar si ha existido negligencia hay que valorar las circunstancias del supuesto concreto: lo que nos cuenta la película es que Biff toma el almanaque deportivo que McFly tira a la basura, con la intención de viajar al pasado y alterar el curso de los acontecimientos para hacerse millonario con una información que no debería estar en su poder.

Sin perjuicio de que el “insider trading” no estaba tan perseguido en el año 1985 como ahora, entendemos que Marty y el resto de habitantes de Hill Valley tendrían derecho a reclamar a Biff los daños y perjuicios que han sufrido como consecuencia de su decisión de traer del futuro el almanaque y apostar sin posibilidad de error. Eso sí, nos encontraríamos con un problema importante, que es cómo probamos ese daño, es decir, cómo demostramos que Biff alteró el curso de la Historia, provocando perjuicios a los habitantes de Hill Valley que no se hubiesen producido de no tener el almanaque deportivo. Otra de las paradojas legales de la saga.

 

OTROS TEMAS LEGALES

Hablando de dinero, la película también nos presenta a Doc viajando con un maletín lleno de dólares de distintos momentos. ¿Es delito estar en posesión de unos billetes que no son de curso legal? Definitivamente no si son billetes que han sido legales en una época anterior (como las pesetas hace unos años). ¿Y los billetes que todavía no se han inventado? Seguro que a las autoridades monetarias no les hace mucha gracia pero no parece que ese supuesto esté expresamente contemplado en la normativa, simplemente porque no se ha inventado la forma de generar moneda del futuro.

Y ¿es legal que tanto coches como drones de noticias –como los que utiliza USA Today en la película- usen el espacio aéreo, hoy reservado únicamente para aviones? La cuestión de los coches voladores todavía no se ha planteado por la incapacidad técnica de que estos despeguen en reducidos espacios y se muevan con agilidad por el cielo de las ciudades, pero muchos países (incluyendo EEUU) ya han limitado la utilización de drones (incluyendo con cámaras, como en Regreso al Futuro II) en zonas habitadas. Por tanto, no hay norma que regule el supuesto de coexistencia de drones y coches voladores, pero en cualquier caso, es muy poco probable que el vuelo del DeLorean estuviese permitido, al menos de forma manual.

En fin, no está claro si los viajes espacio-tiempo serán posibles en algún momento cercano. Lo que sí podemos afirmar es que, si ello llegará a ocurrir, los abogados tendríamos trabajo asegurado durante muchos años.

* Todas las imágenes de la saga pertenecen a Universal City Studios, Inc.

Hoy hace 10 años que publiqué el primer post de este blog (el clásico “Hola Mundo“). El 3 de agosto de 2005 no podía ni imaginar que una década después estaría escribiendo estas líneas porque mi blog seguiría estando ahí (aunque con menos actividad que en sus inicios). De hecho, hoy también hace 10 años que publiqué mi primer podcast, que, desgraciadamente y por falta de tiempo, ha tenido un destino diferente al blog.

Comencé el blog en California, cuando terminé el LLM in Intellectual Property que estudié en Whittier Law School y mientras disfrutaba de mis últimas semanas en EE.UU. De hecho, el blog no era mi principal proyecto online, sino un complemento para el podcast, al que le había dedicado muchísimo tiempo preparando los audios, las secciones y la temática. Desafortunadamente, tuve que ir abandonando el podcast paulatinamente por falta de tiempo (¡me divertía mucho haciendo cada episodio!), aunque para celebrar esta fecha he vuelto a poner a disposición todos los capítulos (unos 50, de una hora de duración cada uno) que grabé desde 2005 a 2011. Obviamente, en muchos temas, el contenido está desactualizado, pero ahí está para quien lo quiera escuchar.

El dominio Interiuris (“Inter” de Internet y “iuris” de Derecho, en latín) lo registré en 2003 para publicar una página estática con información de Derecho de Internet y Propiedad Intelectual que me sirviera para aprender la materia (en la Universidad de Sevilla, donde estudié, ni se tocaban estos temas) y para demostrar al tribunal que me tenía que dar la beca para estudiar en EE.UU. que me gustaba esto de Internet (parece que funcionó).  En aquella época, la página la tenía alojada en un servidor que tenía montado mi suegro en su casa, que tardaba en cargar casi como los antiguos Atari, y tenía este rudimentario aspecto, hecho íntegramente por mí en html:

 

Quería hacer un portal (por aquel entonces, en 2003, todo el mundo creaba portales -como ahora apps-) estático con información general sobre Propiedad Intelectual, Derecho de Internet, Comercio Electrónico, etc., y que visto ahora, desde la distancia, tenía un aspecto y contenido un tanto básico, como la Internet de aquella época. Desconozco cuántas personas vieron la web (no llevaba estadísticas), pero cumplió el fin para el que la había creado.

Cuando estaba en EE.UU. surgieron los podcasts y aunque mi primera intención fue convencer a algún amigo para que hiciese uno e incluir una sección sobre Derecho, al final decidí tirarme a la piscina y hacer uno por mi cuenta. Como digo, el blog era un complemento al podcast, para conseguir difusión (no existían ni Twitter ni Facebook) y para comentar cuestiones más subjetivas, que entendía que no tenía encaje dentro del podcast. Por supuesto, nadie de mi entorno sabía ni lo que era un blog ni un podcast (de hecho, confundían ambos con frecuencia). Eran años en los que no se hablaba de crear una “Marca Personal”, sino de construir una marca, así que seguí utilizando el dominio y el nombre “Interiuris” para ambos.

Es curioso porque el podcast me acercó a magníficas personas (con las que sigo teniendo relación) ajenas al mundo jurídico, mientras que el blog fue el que me dio difusión dentro de mi propio sector. Gracias a este blog he conseguido muchísimas cosas, aunque me quedo con lo que aprendo cada vez que me preparo un post y los grandes amigos y compañeros a los que he conocido gracias a él.

De hecho, gracias a este blog conocí a Miguel Ángel Mata y a Iban Díez (con cita a ciegas incluida), quienes creamos en 2009 (junto a Anxo Rodríguez, Juan Antonio Orgaz y Ricardo Gómez Cabaleiro) la “Asociación Española de Derecho del Entretenimiento – DENAE –“, uno de los proyectos que ocupa desde entonces parte de mi tiempo y que formamos ya más de 350 profesionales de este sector. También “Derecho en Red“, formado con otros compañeros blogueros, y que tenía como finalidad difundir el conocimiento en materia de Derecho de Internet (que falta hace, viendo la desinformación que hay en Internet en esta materia).

También le debe mucho a este blog otra de mis facetas profesionales, que es la docente, como muchas veces me ha comentado el profesor Ignacio Garrote. Gracias al blog me han llamado de varios másteres y universidades para dar clases o participar en congresos y mesas redondas, en las que siempre reivindico el papel de los blogs y de Internet para difundir este área del Derecho tan desconocida, incluso para los propios compañeros de profesión.

Como veis, y aunque también me ha dado algún que otro disgusto, el balance del blog es más que positivo, con 409 posts publicados y 1.834 comentarios de lectores que han terminado siendo amigos, y que aportaban muchísimo valor al artículo inicial.

Actualmente, el blog tiene que rivalizar con mis otros proyectos vitales: el despacho en el que trabajo, la labor docente, artículos en papel o para otros medios (como ahora con ElDiario.es), DENAE, Twitter (cuánto daño ha hecho esta red social a los blogs y, sobre todo, a los comentarios, pero también, cuánto bien ha hecho para que estemos todos interconectados y comentemos cosas en tiempo real) y, por supuesto, mi familia (con descendencia incluida). El blog hoy es sobre todo un lugar para desahogarme, expresar mi opinión sobre noticias, leyes o sentencias relacionados con este sector y un espacio en el que me gustaría estar más, pero al que desgraciadamente creo que no le voy a poder dedicar más tiempo que el de hasta ahora.

De todas formas, espero volver con novedades antes de terminar el año, con otro proyecto al que le estoy dedicando algo de tiempo y que se complementa perfectamente con el blog.

Estos 10 años han pasado volando. Creo que nunca imaginé que gracias al blog iba a conocer la gente que he conocido, iniciar los proyectos que he comentado antes y aprender lo que he aprendido. Mi mayor deseo es que dentro de 10 años esté escribiendo otro post que enlace a éste y que haga balance de otra década de blog. Aunque no ha sido sencillo tener la constancia para mantener un blog durante tanto tiempo, haciendo balance, el esfuerzo ha merecido mucho la pena.

Muchas gracias por estar ahí.