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El Plan Anti-Piratería del Gobierno Español o cómo no acabar con la piratería
Por Andy Ramos Gil de la Haza
(3ª Parte)
Es difícil imaginar cómo pretenden desde el Ministerio solventar el problema de la piratería con esta serie de medidas que no satisfacen a nadie, ni a los infringidos, por su falta de realismo, ni a los infractores, por no contar con ellos para proponer soluciones al mismo.
Una de las principales objeciones que a este Plan se hace desde las principales organizaciones de usuarios de Internet es que el Gobierno se olvida de ellos, que no ha contado con el consumidor que al fin y al cabo es al que van dirigidos este conjunto de medidas; el Gobierno ha preferido oír solamente a una parte del conflicto aunque sí ha admitido en dicho Comité al Consejo de Consumidores y Usuarios que representa sólo parcialmente los intereses de los usuarios. Se pone en evidencia que mientras que hace unos años nuestro particular “deporte nacional” era protestar y manifestarse por las causas más absurdas; en la actualidad es constituir Comités y Comisiones para discutir asuntos que nunca se tratarán y para estudiar problemas que nunca se resolverán. Veremos cómo se desarrolla esta Comisión Intersectorial en los próximos meses...
El resto de medidas tampoco se pueden calificar de “sorprendentes” ya que el Gobierno, en vez de concentrarse en atajar de una vez por todas este problema, ha preferido malgastar sus recursos en resolver cuestiones que ya desde hace tiempo están estudiadas. Es socialmente sabido quién es el consumidor de productor ilegales, cuál es su pauta de comportamiento, cómo obtiene los productos ilegales y por qué acude a esta vía en vez de a los canales tradicionales. El Ejecutivo parece no tenerlo demasiado claro ya que ha preferido comenzar desde cero, con el consiguiente gasto de recursos económicos y humanos, cuando podrían haber acudido a alguno de los múltiples estudios que ya se han realizado en este tema, como el anteriormente citado del “International Intellectual Property Alliance”.
Otro medio de solucionar el problema es a través de campañas de sensibilización social tendente a que la sociedad española se dé cuenta del valor que tiene la “creación” y por ello la necesidad de recompensar no sólo al artista, sino también a los que ayudan a difundir la obra que él realiza. Si el Ministerio de Cultura continúa el estilo de anteriores campañas concienciatorias, que se limitaba a anuncios por televisión y pósteres y folletos repartidos por centros educativos y culturales, dudo mucho que se produzca un cambio de mentalidad en una sociedad que, a diferencia de otros países, viene recientemente considerando su derecho a acceder a la cultura gratuita e ilimitadamente, estimando que los autores deben, en este punto, buscar fuentes alternativas de ingresos. Campañas de concienciación en colegios y polideportivos poco van a ayudar a cambiar la conciencia de la comunidad internauta española muy diferente a la de otros países y que por ello necesita de medidas más a la medida de sus características.
En cuanto a las medidas normativas, la decisión del Ministerio de considerar adecuada la regulación española en este punto sí es, sin lugar a dudas, desacertada principalmente porque nuestra Ley de la Propiedad Intelectual data de 1996 y en la que no se refleja el impacto que Internet ha supuesto en los Derechos de Autor. El Ministerio en vez de acudir al Derecho Comparado de países como, por ejemplo, Estados Unidos donde las leyes sobre “Derechos de Autor” están más desarrolladas y son más equitativas tanto para los intereses de los autores como de los consumidores, ha preferido plantarse en las leyes actuales e intentar operar a través de ellas, dejando para más adelante la necesitada modificación de nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Sea como fuere, ya se están discutiendo reformas a dicha ley y como suele ser habitual no contentan ni a una ni a otra parte, evidenciando, una vez más, la absoluta ignorancia del Ejecutivo en este asunto.
Es por todo ello por lo que creo que este Plan difícilmente va a conseguir acabar con el fenómeno de la piratería, ni en el ámbito industrial ni en el doméstico ya que se ha planteado desde el enfoque equivocado. El Gobierno, en vez de ofrecer alternativas viables y beneficiosas para las dos partes del conflicto y, de este modo, obligar a ambas a sentarse a dialogar para encontrar una solución que les satisfaga completamente, ha preferido optar por una serie de actuaciones absurdas y que, sin lugar a dudas, no solucionarán el problema ni a corto ni a medio plazo. |
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