Jornada en la UAM sobre Bibliotecas y Derechos de Autor | Saturday 26 January 2008

Por falta de tiempo no he podido hablar antes de una mesa redonda a las que asistí el jueves en la Residencia de Estudiantes, organizada por la Universidad Autónoma de Madrid bajo el título “Debate sobre Bibliotecas y Derechos de Autor”, en torno a su Master en Propiedad Intelectual (de nuevo, agradecer a la dirección del master y en especial a Rafael Sánchez Aristi por acordarse de mí e invitarme al acto).

Los ponentes fueron Patricia Riera, directora del operativo de Servicios de la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (Google es testigo de su conocimiento del asunto)  y Victoriano Colodrón, director técnico de CEDRO, y moderado por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, quien creo que no necesita presentación.

Los intervinientes mostraron en todo momento precisión, rigor y firmeza en sus posturas, algo que se agradecía máxime cuando se trata de una remuneración tan polémica; aunque duró dos horas y media, en ningún momento se hizo pesado.

Para poner en antecedentes a los lectores, y aunque ya he hablado aquí de este tema, recordaros que el artículo 37.2 LPI establece, por mor de la Directiva 92/100/CEE y de una resolución del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la obligación de remunerar a los autores por los préstamos que se realicen de sus obras en las bibliotecas, museo, archivos, hemerotecas, etc. Aunque en un primer momento, España se negó a aprobar dicha remuneración por los préstamos bibliotecarios, tras la resolución del TJCE no tuvo más remedio que aprobar dicha medida, lo cual se materializó en la Ley del Libro, de la cual hablé en el podcast 37.

Nos hallamos ante una medida polémica, si remunerar a los autores o no por los préstamos que, de sus obras, se realizan en las bibliotecas e instituciones abiertas al público, ya sean de titularidad pública como privada con interés general.

Patricia Riera realizó una magnífica exposición, rigurosa y perfectamente fundada, en contra de esta remuneración ya que estima que penaliza el servicio de préstamo bibliotecario, impidiendo el acceso a esas obras por los ciudadanos. Las bibliotecas tienen una finalidad muy marcada y es favorecer a la sociedad y a los autores por fomentar el acceso a sus obras; cuando una obra es ofrecida en una biblioteca, tanto los autores como los ciudadanos se benefician de este hecho. Además, argumentaba que esta remuneración ni afecta a los autores ni a la normal explotación de su obra, aunque sí afecta a los recursos con los que las bibliotecas cuentan, sobretodo teniendo en cuenta la precaria situación de las bibliotecas españolas.

Por su parte, Victoriano Colodrón consideraba que el préstamo bibliotecario sí afecta a la venta de ejemplares de un libro, quizá no en proporción 1-1, aunque sí 1-10 (argumentaba que la mayor parte de los libros más vendidos solían ser los libros más adquiridos por préstamo). Además, según él, la actividad beneficiosa para los autores de los establecimientos bibliotecarios no era justificación para que éstos dejasen de ser remunerados. Criticó el desfase en la aplicación de la Directiva; quince años en los que los autores españoles no han sido remunerados por los préstamos de sus obras. Colodrón puso como ejemplo que más de cuarenta países de todo el mundo han optado por este sistema, y en más de veinticinco se aplica sin ningún problema, aunque en todos los casos es el establecimiento el que satisface esta remuneración y nunca el ciudadano. Esta remuneración es un concepto más en la lista de expendios de una biblioteca, al igual que la luz, el agua o la adquisición de obras nuevas.

Además, parece ser (desconocía este hecho), el Ministerio de Cultura hizo recientemente un primer desembolso de 1.300.000 € a CEDRO por los préstamos bibliotecarios de 2007, quien a su vez deberá repartir esa cantidad a DAMA, SGAE y VEGAP. Según los cálculos de Colodrón, esta remuneración supone un 2’6% del total del presupuesto para adquisiciones de ese año y alrededor de 0’02 € por ciudadano/año por la posibilidad de adquirir mediante préstamos cuantas obras desee.

Riera recordó que la Unión Europea advirtió ya en el Libro Verde de 1988 sobre el peligro que podría tener el alquiler o préstamo de obras audiovisuales en estos establecimientos, aunque no consideró que las obras literarias no se veían amenazadas. De hecho, según datos de las propias bibliotecas, entre los años 90 y 95, el número de préstamos aumentó por la introducción en las bibliotecas de CD’s y VHS’s.

Siguió su defensa poniendo más argumentaciones encima de la mesa, entre ellos que las bibliotecas facilitan el acceso de obras del dominio público o descatalogadas, no debiendo el ordenamiento jurídico penalizar una finalidad como esta.

Ambos tertulianos criticaron la defectuosa redacción de la Ley, que calcula la remuneración en “0’2 euros por cada ejemplar de obra adquirido con destino al préstamo…” cuando en realidad la Directiva habla no de “ejemplar adquirido para el préstamo”, sino de ejemplar prestado. Con los actuales sistemas de tratamiento de información, argumentaba Colodrón, ahora no es muy complicado conocer con exactitud los libros efectivamente dados en préstamo.

También advirtió Riera que el derecho remuneratorio del 37.2, a diferencia de la copia privada o del 90.4, no es un derecho irrenunciable, por lo que los autores podrían oponerse a recibir cualquier cantidad por este concepto (como lo han manifestado públicamente muchos escritores), y lo que podía ser incluso más abusivo, transmitir este derecho al editor si éste se lo exige, por lo que perdería toda razón de ser al no remunerar convenientemente a los autores.

En resumen, muy interesante debate, con posturas muy consolidadas en ambos lados y que nos hicieron disfrutar a los que allí estábamos presentes.

Por cierto, llevo días queriendo hablar sobre la situación de la industria musical tras los últimos movimientos. Mañana salgo para el MIDEM, así que os contaré todo lo que allí acontezca y así aprovecho para lanzar mis reflexiones.

De Derecho Exclusivo a Derecho Remuneratorio | Wednesday 6 June 2007

La falta de tiempo está convierto a este blog en casi una bitácora retrospectiva, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar un poco sobre algunos puntos que se trataron la pasada semana en Bruselas en la “Cumbre del Derecho de Autor” organizada por la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores) y con participantes de todos los países miembros de esta confederación.

La crème de la crème del negocio musical y tecnológico estuvo allí, resultando una nueva cúpula directiva de la CISAC con Robin Gibb (ex-Bee Gee) como presidente, y Alfonso Cuarón (director y guionista mejicano) como vicepresidente.

De entre todas las cosas que allí se comentaron y se debatieron me quedo con la discusión sobre la instauración de una “tarifa plana” para remunerar a los titulares de derechos por el intercambio a través de redes p2p, o lo que se traduce en términos legales, transformar (quizá no en teoría pero sí en la práctica) el derecho exclusivo de puesta a disposición en un derecho de simple remuneración a favor de autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, y productores. La justificación es bien simple, ya que no lo podemos parar, al menos vamos a beneficiarnos por este intercambio.

Parece que los autores y artistas fueron a Bélgica entusiasmados por la idea de establecer una “blanket license” que permitiese a todo poseedor de una conexión a Internet, descargarse la música que desease a cambio de un precio moderado (similar a los sistemas de suscripción de música como Napster o Yahoo!); el problema que se encontraron fue que las entidades de gestión y la industrian no están por la labor de establecer dicha tarifa plana digital.

¿Tan mala idea sería establecer una licencia de este tipo? Desde mi punto de vista no, estoy con otros bloggers compañeros y pienso que es demasiado tarde para frenar el p2p y que ya que no puedes evitarlo, al menos sí intenta remunerar a los que, gracias a su trabajo, hacen estas redes un lugar tan atractivo para casi todos.

Puestos a inventar un sistema complejo adaptado al ambiente digital, no creo que fuese correcto trasladar el escenario poco selectivo de la compensación equitativa por copia privada e imponer dicha licencia a toda conexión a Internet, sino obligar a todo desarrollador de software peer-to-peer capaz de compartir archivos musicales, a implementar su producto o servicio con tecnología capaz de distinguir las obras compartidas para así imponer una remuneración a favor de autores, artistas y productores por los intercambios en redes que efectivamente se utilicen para compartir archivos musicales.

José María Cano (ex de Mecano y en representación de SGAE), afirmaba que “es injusto reclamar a los artistas que se busquen la vida y que se les exija renunciar al canon cuando las plataformas de telecomunicaciones consiguen muchos millones de euros gracias a las descargas ‘ilegales’ por Internet“. Esta afirmación creo que es completamente cierta, los ISP publicitan sus líneas ADSL anunciando la gran cantidad de música y películas que nos podremos descargar con ella, pero, a pesar de ello, no apuesto por que los ISP tengan que soportar este sobrecargo, aunque sí podrían servir como intermediarios para la recaudación de esta “blanket license.

Y también creo que son cuestionables los contenidos que debería cubrir esta “tarifa plana”; desde mi punto de vista, la música, por tener la capacidad de obtener ingresos por diferentes medios, los cuales no afectan directamente a la venta de fonogramas, sería el único tipo de obras idóneas para ser admitidas en este escenario. Aunque las obras audiovisuales (cine y televisión), obtienen ingresos por diferentes ventanas (exhibición cinematográfica, DVD, televisión, etc.), cada una compite con la otra, es decir, cuantos más DVD’s se vendan de una película, es previsible que menos espectadores vean por TV esa obra y, por lo tanto, la cadena estaría menos dispuesta a desembolsar una elevada cantidad por dicha explotación. En la música no pasa lo mismo; el hecho de que yo me compre un Cd no va a evitar que una discoteca, una cadena de televisión o una radio, comuniquen públicamente dicha obra sin que se vean perjudicados económicamente por mi adquisición.

Eric Baptiste, director general de la CISAC, piensa sin embargo que es una malísima idea, que el establecimiento de dicha “blanket license” terminaría por destruir a la ya moribunda industria del disco grabado. Puede que el establecimiento de esta licencia haría que muchas personas dejasen de comprar soportes, pero viendo que las ventas disminuyen cada día más, no hay que ser muy listo para ver por dónde irán los tiros en un futuro próximo.

Sin duda sería un escenario complicado, aunque no menos que el que surgió con las primeras radios que emitían obras musicales sin remunerar a los titulares de derechos, que se pensaba que nunca se podría evitar dicha comunicación pública y que al final se ha conseguido un escenario en el que ganan todos, titulares de derechos y radios comerciales. Espero que con el peer-to-peer pase lo mismo, que no haya vencedores y vencidos.

La Primera en el Peligro de la Libertad | Tuesday 15 May 2007

Hace un par de meses hablaba de cómo finalmente, y con movimientos vagos, las discográficas se estaban adaptando a los nuevos medios con el lanzamiento de podcasts y de sitios para conocer la valoración de los usuarios antes del lanzamiento de álbumes.

Hoy quiero seguir hablando de nuevas formas de explotación, esta vez orientadas al mundo literario.

La Primera en el Peligro de la Libertad

Leonardo Cervera, autor del libro “La Primera en el Peligro de la Libertad” sobre la guerra civil en la ciudad de Málaga, ha iniciado un excelente blog retrospectivo que sirve de complemento a su libro, blog en el que diariamente aporta datos tanto de los acontecimientos históricos que se relatan en su libro, como de los personajes que componen esta novela histórica, complementando el libro a modo de “extras” de un DVD.

Leonardo es Administrador de la unidad de propiedad intelectual de la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea, y lo cierto es que reconforta ver a personas con cierta posición en Europa que apuestan por la Red y que ven a la misma como un complemento perfecto a formas tradicionales de explotación de obras.

Lo que ahora me gustaría ver es a las entidades de gestión (señalo en esta ocasión a CEDRO) adaptarse a sus socios, y que de una vez por todas empiecen a gestionar los derechos de los bloggers, autores literarios al fin y al cabo, y que lo hagan de una forma flexible, tal y como exige este medio.

Sigo en este día de San Isidro (festivo en la capital), leyendo La Primera en el Peligro de la Libertad…

Sogecable v. SGAE, 0-2 | Friday 11 May 2007

En el último post prometí comentar otra sentencia importante en materia de propiedad intelectual y competencia desleal que se ha publicado esta semana, asunto que, como bien dice el título del post, implica a Sogecable y a la Sociedad General de Autores y Editores.

Hace poco más de un año ya hablé de este asunto y de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, resolución que ha sido íntegramente estimada por la Audiencia Provincial de Madrid ante el recurso plantado por Sogecable.

Sogecable (representando a Canal Satélite Digital, S.A. y a DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. – empresa detrás de la extinta “Vía Digital”) presentó una demanda el 8 de marzo de 2005 contra SGAE, una vez que se había extinguido el contrato por el que se autorizaba a la primera a la reproducción y la comunicación pública no exclusiva de obras del repertorio de la segunda, autorización que se concedía a cambio de una remuneración basada en un porcentaje de los ingresos brutos de las plataformas digitales.

El problema, según Sogecable, era la base sobre la que se calculaban las tarifas en sus plataformas digitales, en la que incorrectamente -según ella-, no se tenían en cuenta la intensidad de explotación de las obras del repertorio de SGAE en cada uno de los canales de pago, a lo que se añadía un abuso de su posición dominante en el mercado por haber incumplido su obligación de entablar negociaciones y contratar para la concesión de autorizaciones, según reza el artículo 157 de la Ley de Propiedad Intelectual.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, en sentencia de 25 de enero de 2006, desestimó todas las pretensiones de Sogecable, condenándole a sufragar todas las costas procesales del procedimiento. La demandante apeló ante la Audiencia Provincial de Madrid, que es la que confirma en todos sus puntos, las conclusiones de la primera instancia.

El caso es complejo y prolongado en el tiempo. El primer contrato entre SGAE y Sogecable sobre sus canales de la plataforma digital “Canal Satélite Digital” (posteriormente y en la actualidad, “Digital +”) data del 21 de junio de 1999, en la que se estableció una remuneración basada en un porcentaje de los ingresos brutos de la plataforma, aunque para los canales de pago por visión (PPV) se establecieron también unos porcentajes, aunque basados en las cuotas específicas de los abonados y los ingresos publicitarios, considerando igualmente el grado de utilización del repertorio (no pagaría igual, por tanto, la emisión de música en un partido de fútbol, que en una película o que en un concierto).

En este contrato, supongo que complejo, se establecieron dos cláusulas importantes: una cláusula de parte más favorecida (por la que SGAE debía aplicar a Sogecable las condiciones más favorables que pudiese acordar con otro usuario de similar naturaleza) y otra cláusula de salvaguarda (por la que SGAE resarciría a Sogecable si una entidad de gestión con repertorio similar a SGAE (por ejemplo, DAMA) le reclama por la emisión de alguna obra de sus socios).

En el año 2001, SGAE cerró un acuerdo con las televisiones privadas (Telecinco, Antena 3 y la propia Sogecable, en representación de Canal Plus) en el que se mejoraba el porcentaje que aplicaba a Sogecable por su plataforma digital, por lo que en base a la cláusula anteriormente citada, tuvo que aplicar las condiciones de dicho acuerdo al que tenían para “Canal Satélite Digital”.

Entre los años 2001 y 2002 expiraron los contratos de SGAE con CSD y con DTS, lo que supuso una nueva ronda de negociaciones, discusión que resultó infructuosa por la divergencia en las posiciones de las partes. SGAE quería seguir tomando como base de la remuneración los ingresos brutos de las plataformas, eliminado una bonificación de una reducción del 50% de la remuneración que se introdujo en el primer contrato por “los elevados costes de implementación de la plataforma”. Por su parte, Sogecable exigía que se tomase en cuenta el nivel de audiencia de las cadenas así como la intensidad de uso de las obras del repertorio de SGAE, lo cual era, según la demandante, un claro abuso de posición de dominio en el mercado.

La Audiencia rechaza esta afirmación de la condenada en base a diferentes condicionantes. A diferencia de lo que postula la demandante, la negociación sí ha existido pues ambas partes expusieron, afirma la Audiencia, sus posturas, las cuales eran tan distantes que produjo un bloqueo en la negociación, el cual en ningún modo se podría considerar injustificado. Además, SGAE actuó correctamente cuando aplicó a Sogecable las mismas condiciones que al resto de operadores privados, adaptando a su vez sus tarifas generales. Sobre la cuestión de la toma en consideración del grado de uso del repertorio, el tribunal acogió los argumentos de SGAE y consideró que era difícil, impreciso, costoso y gravoso tener que medir de modo continuado este grado de utilización, referenciando en este punto el caso Tournier/Sacem del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En relación a la audiencia, también consideró acertadas las estimaciones de SGAE afirmando que “las televisiones de pago pueden obtener unos ingresos superiores de cada obra que no están en función de la audiencia efectiva sino de los ingresos percibidos de los abonados”.

En definitiva, la Audiencia Provincial de Madrid consideró durante toda su argumentación que la existencia de una posición de dominio no significaba necesariamente un abuso de la misma (que es lo que realmente tratan de evitar las leyes), por lo que no puede impedirse que este tipo de entidades con una posición monopolística puedan defender los legítimos intereses de sus representados ni la extracción de beneficios debidos a su propia eficacia. Además, recalcó que la demandante no había conseguido demostrar objetivamente por qué a una televisión de pago de tecnología digital deba tener unos condicionantes diferentes a los del resto de operadores en el mercado.

Confirma de este modo la sentencia de primera instancia, desestimando todas las pretensiones de la apelante e imponiendo costas procesales a Sogecable.

La sentencia la podéis consultar aquí (siento la calidad de la copia, es una reproducción de una reproducción).

Sentencias con música copyleft | Tuesday 8 May 2007

En el plazo de 24 horas se han publicado en Internet dos sentencias en las que se hace mención a las Licencias Creative Commons y a la “música libre”, ambas con argumentaciones similares, aunque con resultado diferente.

La primera publicada, defendida por el compañero Javier de la Cueva, fue interpuesta por SGAE contra una bolera por la comunicación pública de obras de su repertorio en el citado establecimiento. La defensa intentó alegar la no comunicación pública de repertorio SGAE sino la utilización de “música libre”, pretensiones que fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de Alicante, que consideró que no se había probado suficientemente la utilización de este tipo de música en vez de obras del repertorio de SGAE.

Pero me interesa especialmente el segundo caso, una muy buena y argumentada sentencia desestimatoria del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Salamanca, por la que la demandante (también SGAE) denunció a un bar de dicha ciudad (Bar Birland) por la utilización de música de su repertorio, lo cual fue negado en todo momento por la demandada.

La sentencia está bien argumentada y fundamentada (algo nada habitual en los saturados juzgados de primera instancia) y estima íntegramente las pretensiones de la parte demandada, absolución causada por un doble motivo: una muy mala argumentación (y prueba, sobretodo) de la demandante y una buena defensa de la parte demandada.

El juez describe con sencillez los derechos de autor, con una vertiente moral y otra patrimonial, y la existencia tradicional de un sistema de explotación de obras tradicional basado en “la restricción del acceso y uso del contenido on line, recurriendo a fórmulas negociales de carácter retroactivo y medidas tecnológicas de control de accesos, que se subsumen en los llamados Digital Rights Management”

El Juzgado de Primera Instancia de Salamanca afirma en la sentencia que, por vía jurisprudencial, la SGAE no tiene la obligación de presentar todos y cada uno de los contratos de representación de sus autores o los contratos de representación recíproca de autores extranjeros porque, de lo contrario, tendría que identificar todas y cada una de las obras utilizadas en el recinto y mostrar el citado contrato de representación algo que, según la jurisprudencia, es ineficaz y constituiría una probatio diabólica. Como única pega, no hubiese estado de más que el juzgado hubiese, además de citado la jurisprudencia, haber nombrado el artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual, que confiere legitimidad a las entidades de gestión para reclamar judicialmente con sólo presentar una copia de sus estatutos y una certificación acreditativa de su autorización administrativa.

El Juzgado afirma que esta esta legitimación de las entidades de gestión permite la prueba en contrario, es decir, que la parte demandada tiene la capacidad de probar que la música utilizada no era del repertorio de la demandante, en este caso, SGAE.

Explica a continuación la existencia de una nueva forma de explotar obras intelectuales basada en el “acceso libre on line a los contenidos”, con la utilización de Licencias GPL, Creative Commons, “algunas de las cuales incluyen las cláusulas copyleft“.

Como dije al principio, uno de los motivos de que SGAE perdiese este caso fue, según justifica la sentencia, la pésima prueba aportada en la demanda, sin especificar qué tipo de equipo se utilizaba en el local, la música comunicada (los detectives se limitaron a decir “la música que suena es de actualidad”), y para colmo de la chapucería, “presentaron un CD con una grabación de una visita del detective que, sorprendentemente, no se refiere al Bar Birland, sino a otro establecimiento denominado “Mala Leche”.

Al mismo tiempo, la demandada pudo probar que tenía un “equipo de música” basado en un ordenador con conexión a Internet por la que se descargaba la música copyleft, un amplificador y altavoces; además aportó testigos que afirmaron escuchar música denominada “de vanguardia”, “alternativa” o “libre”.

Lo que viene a continuación es también importante ya que el juez afirma que “de lo actuado no puede decirse que se haya probado que todas y cada una de las obras musicales que se comunican públicamente en el local del demandado sean temas cedidos gratuitamente por sus autores a través de licencias creative commons, pero exigir dicha prueba, en esos términos de exhaustividad, sería exigir dicha prueba tan diabólica como la que resultaría de forzar a la SGAE a que pruebe todas y cda una de las obras comunicadas en dicho local son de autores cuya gestión le ha sido encomendada”.

A pesar de ello, el juez deja claro que “el centro del litigio no es que el demandado haya hecho o comunicado música cedida a través de las licencias creative commons, sino si ha usado de música procedente de autores que hayan confiando a la SGAE la gestión de los derechos dimanante de sus obras.

En definitiva una buena sentencia, bien fundamentada (a excepción de la no mención del 150 LPI, algo que solventa con jurisprudencia y de que no entra a valorar las Licencias en sí, algo normal por no ser el objeto del litigio) y sobretodo positiva para los que trabajamos en esto y vemos que el cuasi-monopolio de gestión que tenían estas entidades hasta ahora, está más en entredicho que nunca.

Y mañana otra de las sentencias importantes.

Sobre el art. 17 bis LSSI | Thursday 12 April 2007

Estos días está habiendo un auténtico aluvión de noticias relativa a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, una ley que pretende (como su propio nombre indica), servir de trampolín para que los españoles seamos cada vez más europeos (en temas de la sociedad de la información, claro), y que modificará algunos preceptos de la tan criticada LSSI-CE.

Las noticias eran apocalípticas, tergiversadoras y en ciertos momentos caían en un alarmante simplismo al que desgraciadamente ya estamos muy acostumbrados en Internet. Titulares como “El gobierno quiere que SGAE & Cia. controlen los contenidos de Internet” o “La SGAE quiere ser el sheriff de la Red” consiguen ser orientativos a la vez que atrayentes, aunque hacen un flaco favor a la precisión jurídica.

Hace un rato se ha publicado que el polémico artículo 17 bis se retira del articulado, aunque las fuentes que lo publican (El Otro Lado y El Navegante) se remiten, respectivamente a Sánchez Almeida (en su página no dice nada al respecto) y a un “según ha sabido el Navegante“, por lo quedo a la espera de “confirmación oficial”; la Asociación de Internautas tampoco ofrece mucho más ya que se remite a noticias que están llegando a dicha asociación.

Mis propias fuentes me dicen que está todo el mundo asombrado, que no saben de dónde ha salido ese texto (no aparece en el borrador de anteproyecto publicado en el BOE) y que tampoco tienen constancia de su retirada. Supongo que este misterio se resolverá en los próximos días.

Lo cierto es que el texto del (presuntamente) propuesto artículo 17 bis me ha sorprendido hasta a mí; tan parco me parece el actual artículo 17, como mejorable el artículo 17 bis.

El fin último de las normas es garantizar una convivencia pacífica de los ciudadanos que hemos decidido vivir en sociedad, ya sea en Internet o en el “mundo real”. Determinados internautas suelen ser muy activos en la lucha por las libertades digitales, libertades que pasa en muchas ocasiones, por la vulneración de derechos de terceros. Mi punto de vista sobre este tema no es nuevo, y sigo sin entender por qué hay que proteger más a una persona que a sabiendas, infringe los derechos de terceros, que a los perjudicados por dicha infracción. Una cosa es que yo incluya en mi web un contenido que podría ser ilegal, y otra que, con conocimiento, introduzca elementos que sé que están violando derechos de terceros.

El actual texto del artículo 17 LSSI es lo suficientemente parco y contradictorio como para quitar a Internet la flexibilidad que ésta necesita, aunque la propuesta del nuevo 17 bis tampoco soluciona este problema.

Del art. 17 bis LISI me llama la atención su desorden y el procedimiento que regula para fomentar la colaboración entre entidades de gestión/asociaciones de titulares de derechos de propiedad intelectual y prestadores de servicios (que por cierto, de aprobarse la norma, tendrán que contratar a bastante personal para cumplir con estas exigencias). Me parece positivo que se exija a las entidades de gestión una “copia de solicitud presentada ante el órgano judicial competente de diligencias preliminares”, aunque tampoco soluciona el resto de deficiencias.

El procedimiento que establece el art. 17 bis (notificación al ISP, éste a su cliente, el cliente de vuelta al ISP y éste al reclamante) tiene como recompensa la exoneración de responsabilidad del prestador de servicios por haber actuado de manera diligente, proveedor que en ningún caso está obligado a retirar el contenido supuestamente ilícito, a no ser que el cliente infractor no dé señales de vida, que en tal supuesto estará obligado a bloquear el acceso al material ilícito (punto 6 del artículo).

Impracticable me parece el punto 7 sobre vulneraciones a través de redes de intercambio de archivos (se quedarían sin clientes los ISP).

Este sistema me recuerda mucho a la también criticada DMCA, que en su section 512 (g) (3) establece los pasos que deben dar los prestadores de servicios para no se encontrados responsables por infracciones de derechos (generalmente de propiedad intelectual).

Es interesante el experimento que está llevando a cabo Wendy Seltzer, que subió un fragmento de la Superbowl a YouTube y a su blog con el fin de hacer una práctica educativa de dicha sección. A los 5 días de subir el vídeo, recibió una famosa Notice and Takedown de YouTube a petición de la NFL; se opuso a la retirada del vídeo (argumentando fines educativos y por cumplir con el fair use doctrine) y a los 20 días el vídeo estaba de nuevo disponible, aunque 10 días después fue notificada nuevamente, estando el vídeo de nuevo disponible en YouTube tras su segunda oposición.

Ejemplos como este demuestran la complejidad del tema y hacen comprobar que no hay solución perfecta: ni el “todo vale” (hasta que lo diga un juez X años más tarde, una vez producido el perjuicio), ni el cualquiera puede obligar a la supresión de un elemento supuestamente ilícito.

Estoy seguro que actualizaré este post en los próximos días, aunque cualquiera que tenga más datos estás más que invitado a aportarlos al debate.

Reflexiones | Tuesday 13 March 2007

Al final el pasado fin de semana no pude escribir una crónica/resumen del I Foro Iberoamericano de la Propiedad Intelectual, así que me gustaría unir lo dicho en estas jornadas con algunas noticias aparecidas estos días.

Sobre el Foro, aunque el primer día fue ciertamente flojo y decepcionante, en el segundo día, participantes como Pablo Hernández, Leonardo Cervera, Germán Bercovitz y Juan Luís Cebrián, entre otros, lograron subir la calidad e interés de las jornadas. De entre todas las intervenciones me quedo con la de Carlos Moreira, con quien estuve charlando tras su intervención en la mesa redonda y que después me enteré que fue nombrado hombre del año en 2006 en Suiza (casi nada).

A Moreira le comenté que no estaba de acuerdo con la afirmación repetida varias veces en la mesa de que Internet es un caos incontrolable; sí estoy de acuerdo en que Internet es un caos (no hay más que ver los millones de bits de información que corren por ahí), aunque no incontrolable. Estamos acostumbrados a oír que no se le pueden poner puertas al campo u otras afirmaciones que asemejan a Internet a un caballo desbocado que es imposible detener. Le comenté que no estaba de acuerdo y que no había más que ver casos como el de la semana pasada en Turquía o el de hace unos meses en Brasil, donde se cerró YouTube en todo el país; quizá no se le pueda poner candados a Internet, pero cerrar determinadas puertas sí es factible, a lo Moreira asintió.

Tanto él como yo apostamos por el p2p, pero las redes de pares no como están hoy configuradas (descargas ilimitadas y no retribuidas que no favorecen sino perjudican la creación de nuevos contenidos), sino redes de pares seguras para los usuarios y respetuosas con la propiedad intelectual de los creadores, que les remuneren justamente por el trabajo realizado y les permitan seguir creando, lo cual incidiría positivamente en el mantenimiento de redes con contenidos de mejor calidad. Un ejemplo de ello, coincidimos, es Joost.

Los representantes de las entidades de gestión (Pablo Hernández, Guillermo Ocampo y Santigo Schuster, de España, Argentina y Chile, respectivamente), recalcaron lo idóneo del modelo de entidad de gestión, que permitía remunerar a los autores por las explotaciones de sus obras en cualquier parte del mundo. Algo en lo que parece que no están de acuerdo los miles de internautas que critican a estas asociaciones a diario. Se suele decir que la industria musical se tiene que adaptar al nuevo escenario que ha supuesto Internet, pero creo que a quien le espera un cambio más radical es a las entidades de gestión, no solo por la presión del mercado sino de la propia Europa, más aún tras publicarse ayer el Informe Lévai.

Prometo temas menos heavies a partir de ahora. No quiero que os vayáis espantados.

multistory-speaker