{"id":978,"date":"2014-01-23T13:49:56","date_gmt":"2014-01-23T11:49:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.interiuris.com\/blog\/?p=978"},"modified":"2014-01-23T13:51:37","modified_gmt":"2014-01-23T11:51:37","slug":"medidas-contra-intermediarios-por-los-actos-de-sus-usuarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.interiuris.com\/blog\/medidas-contra-intermediarios-por-los-actos-de-sus-usuarios\/","title":{"rendered":"Medidas contra Intermediarios por los Actos de sus Usuarios"},"content":{"rendered":"

El lunes se dio a conocer una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona<\/strong> contra el operador de telecomunicaciones R<\/strong>, de Galicia, que le obliga a suspender el servicio de Internet a uno de sus usuarios, por infringir los derechos de propiedad intelectual<\/strong> de los demandantes. Pod\u00e9is ver la noticia, con todos los hechos, en Expansi\u00f3n<\/a>, as\u00ed\u00ad como las opiniones en otros blogs (1<\/a>, 2<\/a>\u00a03<\/a>\u00a0y 4<\/a>).<\/p>\n

Desde mi punto de vista, esta pol\u00e9mica sentencia supone un precedente importante en cuanto a la implicaci\u00f3n de los terceros intermediarios de Internet<\/strong>, por los actos il\u00ed\u00adcitos cometidos<\/strong> (regular o espor\u00e1dicamente) por sus usuarios<\/strong> a trav\u00e9s de sus redes y sistemas, o que se valen de ellos para lesionar los derechos e intereses de terceros (sea del tipo que sea). Adem\u00e1s, resuelve r\u00e1pida y tajantemente la cuesti\u00f3n de los intercambios de archivos a trav\u00e9s de redes P2P<\/strong>, desde el punto de vista de los usuarios de las mismas, estableciendo que tanto la subida como la bajada son actos no autorizados, algo que vengo manteniendo en este blog desde sus comienzos.<\/p>\n

La estrategia de los abogados demandantes en este caso me ha parecido interesante, necesaria y apropiada: no demandar al usuario (ya que no ser\u00ed\u00ada pr\u00e1ctico por las limitaciones de la Ley de Conservaci\u00f3n de Datos), sino al intermediario que presta servicios a \u00e9ste, en base a mi reivindicado art\u00ed\u00adculo 138 LPI<\/a>, al que he hecho referencia tantas<\/a> veces<\/a> y que parece que poco a poco se va utilizando m\u00e1s. Este art\u00ed\u00adculo permite solicitar medidas de suspensi\u00f3n contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s\u00ed\u00ad mismos una infracci\u00f3n<\/em>.<\/p>\n

Por tanto, parece que la aplicaci\u00f3n de este art\u00ed\u00adculo puede ser, a priori, clara:<\/strong> si alguien infringe derechos de propiedad intelectual, el afectado puede solicitar judicialmente el establecimiento de medidas tendentes a la suspensi\u00f3n de los servicios de Internet del infractor, dirigiendo tal procedimiento (y la medida) hacia el intermediario prestador del servicio.<\/p>\n

As\u00ed\u00ad, dicho art\u00ed\u00adculo 138 LPI permite solicitar esta medida dirigida al intermediario, sin necesidad de la existencia de litisconsorio pasivo<\/strong>, es decir, de demandar tambi\u00e9n a quien realmente est\u00e1 infringiendo derechos de propiedad intelectual (el usuario); precisamente, la finalidad de este precepto es otorgar recursos a los titulares de derechos para los casos en los que no pueden ir contra el infractor por desconocer su identidad. Este intermediario, al que no se le puede imponer sanci\u00f3n pecuniaria alguna, puede ser un operador de redes o de acceso a \u00e9stas, un prestador de servicios de alojamiento o, en general, cualquier intermediario que pudiese evitar la comisi\u00f3n de una infracci\u00f3n.<\/p>\n

El siguiente punto es la cuesti\u00f3n de\u00a0si la conducta de un tercero supone una infracci\u00f3n de derechos de propiedad intelectual<\/strong>. Como he comentado antes, la sentencia sostiene con claridad que los usuarios de redes P2P cometen actos il\u00ed\u00adcitos<\/strong>, al infringir los derechos exclusivos de los autores, sin que se pueda alegar el l\u00ed\u00admite de copia privada:<\/p>\n

SEXTO.- Pues bien, el intercambio masivo de archivos<\/strong> de contenido audiovisual, a trav\u00e9s de las llamadas plataformas P2P, que permiten la descarga de grabaciones musicales, infringe derechos que la Ley de Propiedad Intelectual reserva en exclusiva a los autores<\/strong>. En concreto, los derechos de reproducci\u00f3n (art\u00ed\u00adculos 18 y 115 de la LPI) y comunicaci\u00f3n p\u00fablica (art\u00ed\u00adculos 20, apartado i) y 116.1\u00ba de la LPI).<\/em><\/p><\/blockquote>\n

Para demostrar la infracci\u00f3n, el demandante aport\u00f3 sendos informes periciales, en donde se constat\u00f3:<\/p>\n

1. que el tercero<\/em> del que habla la ley (usuario de la red P2P)\u00a0estaba poniendo a disposici\u00f3n m\u00e1s de 5.000 archivos musicales;<\/p>\n

2. que al menos 3 de esos archivos correspond\u00ed\u00adan a grabaciones de las que los demandantes ostentaban todos los derechos de propiedad intelectual.<\/p>\n

Un dato importante del procedimiento es que se desarroll\u00f3 con el demandado en rebeld\u00ed\u00ada<\/strong>, es decir, la operadora R no se person\u00f3 en ning\u00fan momento en la causa, supongo que por estrategia procesal<\/strong>, con el objetivo de ignorar el procedimiento al entender que no deber\u00ed\u00ada ser parte del mismo (para lo cual tambi\u00e9n podr\u00ed\u00ada haber contestado, alegando falta de legitimaci\u00f3n pasiva). Desde mi punto de vista, al optar por la rebeld\u00ed\u00ada, R no podr\u00e1 ahora alegar indefensi\u00f3n, porque ya se le dio cauce para defenderse, y opt\u00f3 por no hacerlo. En cualquier caso, y de forma razonable, creo que ser\u00ed\u00ada muy dif\u00ed\u00adcil rebatir las pruebas aportadas en la demanda, tanto porque quien ostenta los derechos afirma que no ha autorizado tales actos de explotaci\u00f3n, como porque parece sensato pensar que el usuario \u00abnito75\u00bb no contaba con tal permiso.<\/p>\n

Una vez constatada la infracci\u00f3n de derechos y que se ha acudido a un tercero (o a varios, porque la medida se podr\u00ed\u00ada haber solicitado contra m\u00e1s de un intermediario), el tribunal debe adoptar las medidas de suspensi\u00f3n de los servicios <\/strong>(art. 139.1.h LPI), debiendo ser esta medida \u00abobjetiva, proporcionada y no discriminatoria\u00bb<\/strong> (art. 138 in fine<\/i> LPI). Y esto es lo que ha provocado m\u00e1s pol\u00e9mica en la Red, ya que la AP de Barcelona condena a R a que\u00a0suspenda de inmediato y de forma definitiva la prestaci\u00f3n del servicio de acceso a Internet al usuario que utiliza el nickname \u00abnito75\u00bb.<\/em> \u00bfEs proporcionado ordenar la suspensi\u00f3n definitiva?<\/strong> Por un lado, parece desproporcionado que dicho usuario no pueda contratar los servicios de R, por ejemplo, dentro de 10 a\u00f1os, y que la condena se establezca\u00a0ad infinitum<\/em>, pero por otro, nada impide al usuario acudir a otro operador (como Telef\u00f3nica, Jazztel, Vodafone, etc.) para tener acceso a la Red (y, por lo tanto, tener acceso a informaci\u00f3n en los t\u00e9rminos establecidos en la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola). En conclusi\u00f3n, no tengo tan claro la desproporci\u00f3n de la medida cuando el usuario tiene alternativas para conectarse a Internet, aunque tambi\u00e9n considero que la duraci\u00f3n de la medida deber\u00ed\u00ada haberse moderado, estableciendo un l\u00ed\u00admite temporal a dicha obligaci\u00f3n de suspensi\u00f3n.<\/p>\n

Decretada la medida, ahora el condenado debe suspender la prestaci\u00f3n del servicio de acceso a Internet al usuario \u00abnito75<\/em>\u00ab<\/strong>, a lo cual parece que no est\u00e1 dispuesto<\/strong>, a la vista del comunicado publicado el martes en su blog oficial<\/a>, y de los comentarios en dicha entrada, en donde se escudan en la imposibilidad de la suspensi\u00f3n porque no pueden identificar a un cliente por el nickname que \u00e9ste utiliza en la Red, que es estrictamente lo que se establece en la parte del fallo. Es decir, aunque en el texto de la sentencia se ofrece la direcci\u00f3n IP del usuario infractor, en el Fallo se ordena la desconexi\u00f3n de una persona en base a su nickname, y no a su IP<\/strong>, que es el dato que podr\u00ed\u00ada utilizar el operador de acceso para identificar al usuario. Creo que esta cuesti\u00f3n t\u00e9cnica se podr\u00ed\u00ada solucionar f\u00e1cilmente solicitando una aclaraci\u00f3n a la sentencia<\/strong> por parte de los demandados, para que en el fallo se especifique que a quien hay que suspender el servicio es a quien ten\u00ed\u00ada la IP asignada en el momento en que se realiz\u00f3 la pericial donde se dej\u00f3 constancia de la misma. En cualquier caso, en los comentarios de dicho post del blog de R, la empresa afirma que no guarda todos los logs de las IPs de sus usuarios, por lo que, t\u00e9cnicamente, no tiene capacidad para conocer qu\u00e9 usuario ten\u00ed\u00ada asignada dicha IP en tal momento.<\/p>\n

Tecnicismos aparte, y aunque la ejecuci\u00f3n de la sentencia, en este caso, pueda ser complicada y que la medida adoptada podr\u00ed\u00ada haber sido limitada, creo que es un paso importante para involucrar a los intermediarios en la protecci\u00f3n y respeto de los derechos (de cualquier tipo) en Internet<\/strong>, principalmente porque en muchos casos son los \u00fanicos que van a poder evitar la infracci\u00f3n<\/strong> de los mismos, o ser\u00e1n los que puedan impedirlo m\u00e1s f\u00e1cilmente. Creo que esa es y debe ser la tendencia, y ahora toca establecer las condiciones en que estos operadores e intermediarios ejecutar\u00e1n las sentencias y c\u00f3mo pueden ser estas proporcionadas.<\/p>\n

Aunque echo en falta un mayor desarrollo del art\u00ed\u00adculo 138 LPI por parte del tribunal, al menos por fin se empieza a utilizar este precepto, y a demostrarse que, en la actualidad, tenemos suficientes recursos legales (LSSI, LPI, CC, etc.) para proteger los derechos en Internet, <\/strong>al margen de \u00abLeyes Sindes\u00bb y otros artefactos.<\/p>\n\n

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