Blog Interiuris – Andy Ramos, Propiedad Intelectual – Derechos de Autor – Derechos de Internet – Noticias, Reflexiones, Comentarios…

Hoy se estrena simultáneamente en Internet, TV, Cine y DVD “Carmina o Revienta”, la primera película del actor Paco León, siendo la primera película española que decide olvidarse de las tradicionales ventanas de explotación (Cine – VoD – Venta – TV de pago – TV en abierto…) para apostar por la multiplataforma, por la ubicuidad y por otra forma de explotar una obra cinematográfica.

Hace la friolera de 6 años, comentaba en el blog cómo Steven Soderbergh había decidido explotar su película “Bubble” de forma casi simultánea en los cines, por cable y DVD (por entonces, no había plataformas online de explotación de cine). Este experimento no le salió bien del todo a los multimillonarios Mark Cuban y a Togg Wagner (que fueron quienes financiaron la operación) porque no pudieron cubrir costes, pero en cualquier caso sirvió como buen experimento.

Dos años más tarde, en octubre de 2008, daba cuenta de que Filmin había creado una sala de cine virtual para explotar la película española “Tiro en la Cabeza”, de Jaime Rosales (la revelación ese año en los Goya), para lo cual tuvo que pedir un permiso especial al Ministerio de Cultura para saltarse esa anacrónica limitación que establecía una Orden Ministerial, que decía que una película no podía estar en el mercado doméstico antes de 4 meses después de su estreno, y ello para poder conseguir las ayudas del ICAA.

Ahora es Paco León quien da un paso más hacia el cambio de la industria, estrenando su ópera prima en todas las plataformas posibles, y a precios más que asequibles: VoD a partir de 1.95 €; DVD a 5,99 €; y el cine a 8 € (a esta hora, hay unas 25 personas para los cines Ideal). Esta iniciativa, que tanta publicidad le está dando a la película (con el consiguiente ahorro en marketing), se ha podido hacer por el reducido coste de la película, por la determinación del productor (a pesar de las amenazas de los exhibidores) y por la buena crítica que ha recibido. Es indudable que esta fórmula no es aplicable a otra de las películas que se estrena hoy, como “The Amazing Spider-Man”, o a películas que no tienen el gancho de un actor tan de moda, pero lo importante es que demuestra que hay otra forma de hacer las cosas y que no hay que seguir en todos los casos la estática explotación basada en ventanas.

Espero que no pase tanto tiempo hasta ver otra película que sigue este mismo camino. La evolución se está consiguiendo poco a poco; primero suprimiendo absurdas imposiciones legales para películas que obtienen ayudas públicas, y después con iniciativas que demuestran que se puede ser creativo.

Probablemente, en unos años, podamos ver en nuestra casa una película que se está estrenando en los cines (quizá no a 1,95 €, pero sí a 10 ó 15 €), y será gracias a aventureros como Paco León, que ha demostrando determinación y coraje.

Os dejo que voy a ver la película en Filmin.

Reconozco que la historia es llamativa por muchos motivos, aunque principalmente porque un tatuaje casi paraliza el estreno de una de las películas del año. Hace un año se estrenó “The Hangover” (aquí, con el insulso título de “Resacón en las Vegas” -¿qué harán con la segunda parte, que se desarrolla en Tailandia…?-), una película divertidísima sobre un grupo de amigos que se van a la ciudad donde todo lo que pasa allí, debe permanecer allí, y viven diferentes escenas, desde que pierden al novio, hasta que roban el tigre del boxeador Mike Tyson, quien aparece en la película.

Su aparición debió gustar a los guionistas, que decidieron que uno de los puntos fuertes de la segunda (“The Hangover Part II”) sería que el personaje Stu (el dentista), interpretado por Ed Helms, se haría un tatuaje idéntico al de Tyson.

Este gag puede hacer gracia a muchas personas menos a S. Victor Whitmill, la persona que diseñó el tatuaje de Tyson, quien hace apenas un mes decidió demandar a Warner Bros por infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre el tatuaje. No sólo se reclamaban los derechos por la reproducción del tatuaje en la película, sino por todo el mercandising que se ha realizado ya sobre este elemento: posters, apps para móviles, tazas, etc.

Foto: The Guardian

Esta persona que hizo el tatuaje de Tyson solicitó medidas cautelares para evitar el estreno y distribución de la película, así como de todo el merchandising surgido de la misma, sobre la base de que, cuando Tyson le encargó el tatuaje, el artista estuvo estudiando y analizando tatuajes tribales, inspirándose especialmente en los realizados por los Maorís. Tras ese análisis, dibujó el tatuaje que finalmente plasmó en la cara de Tyson, que incluía “corazones y diamantes alrededor del área ocular” (lo siento, pero yo no soy capaz de verlo…).

Tras hacerle el tatuaje, Whitmill y Tyson pactaron que los derechos sobre la obra artística serían del primero, teniendo que autorizar cualquier explotación ulterior que se hiciese del tatuaje. Fruto de ello fue la demanda y las medidas cautelares iniciadas hace un mes, afirmando en la misma lo siguiente:

“Warner Bros. Entertainment, Inc. — without attempting to contact Mr. Whitmill, obtain his permission, or credit his creation — has copied Mr. Whitmill’s Original Tattoo and placed it on the face of another actor … This unauthorized exploitation of the Original Tattoo constitutes copyright infringement.”

Además, éste no es el primer caso notorio de un atleta que tiene problemas legales por los derechos de autor sobre un tatuaje; Rasheed Wallace (jugador de los Pistons) fue demandado por su tatuador por hacer una línea de zapatillas con Nike con uno de sus tatuajes (el caso terminó con una transacción extrajudicial); y más recientemente, la persona que hizo 9 tatuajes a David Beckham, le demandó por utilizar los mismos de forma manifiesta para una campaña publicitaria (quería -y sigue queriendo- una parte del pastel).

Desde un punto de vista jurídico, creo que nadie puede dudar que un tatuaje perfectamente podría ser considerada una obra susceptible de protección por derechos de propiedad intelectual, aunque los conflictos que genera este particular “corpus mechanicum” no son pocos, empezando por discutir si podría generar derechos de simple remuneración o sobre si habría que solicitar autorización a quienes quisiesen hacer una reproducción (por ejemplo, una fotografía) de tan peculiar obra (y ya no hablamos del derecho de participación, que ni me lo quiero plantear).

Dado que el autor del tatuaje ahora exige derechos sobre el mismo ¿no debería haber autorizado igualmente la reproducción y posterior comunicación pública del mismo en la primera parte de la serie, tal y como se hace con el resto de obras pictóricas?

Mi punto de vista es un tanto crítico, ya que verdaderamente habría que analizar la originalidad del tatuaje, especialmente cuando éste está basado en líneas tribales, y más específicamente de las realizadas por una tribu de la Polinesia (¿podríamos reivindicar el controvertido “conocimiento indígena”?).

Sea como fuere, hoy hemos sabido que una juez de Sant Louis no ha admitido la medida cautelar que pretendía evitar el estreno de la película (y que podría haber ocasionado a Warner unas pérdidas cercana a los 100 millones de dólares), y lo ha hecho por un argumento que rechina en la mente de un europeo (no si me pongo en la de un americano), y es el “interés público”. Es decir, la juez, en una resolución in voce, afirmó:

“The public interest does favor protecting the thousands of other business people in the country as well as Warner Brothers, and not causing those nonparties to lose money, and I think it would be significant, and I think it would be disruptive,”

Es decir, aunque en otro momento afirma que el reclamante tiene muchísimas posibilidades de prevalecer en su acción por vulneración de sus derechos de propiedad intelectual, entiende que el interés público debe prevalecer, así como el daño que podría provocar el no estreno de la cinta a miles de personas en todo el país.

De nuevo, aunque creo que habría que plantearse seriamente si estamos ante una obra verdaderamente original o ante algo derivado del dominio público, lo que me parece igual de llamativo es que, apreciando nuestro exigido “fumus boni iuris”, decida no conceder la medida cautelar por ese “interés público”.

La Propiedad Intelectual nos seguirá dando casos cuanto menos llamativos…

Acabo de publicar en LegalToday un comentario sobre la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que, entre otras cosas, considera “no equitativas” las tarifas generales de la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual de artistas intérpretes o ejecutantes de AIE, al no estar basadas en el uso efectivo de su repertorio.

La Sentencia, de 78 páginas, aclara varios conceptos interesantes, como la indisponibilidad del derecho remuneratorio del artículo 108.5 LPI (algo que siempre era discutido entre abogados de actores y de productoras), que una cadena de televisión convertida en productora puede ser sujeto activo y pasivo de derechos remuneratorios, y la obligatoriedad de la entidad de gestión de basar sus tarifas generales en criterios basados en el uso efectivo de su repertorio.

Se pone fin, de esta forma, una batalla legal que mantienen las partes desde hace más de una década, y que sin lugar a dudas obligará a la refinición de determinadas tarifas de entidades de gestión, que no están basadas en uso efectivo sino en ingresos brutos.

Sentencia que, a pesar de su extensión, es de recomendable lectura.

Llevo muchos días intentando sacar tiempo para poder escribir un post porque tengo varios temas en el tintero, pero me ha sido completamente imposible. Aún así, comunicaros que desde la pasada semana tengo cuenta en Twitter (@andyramosgil), en donde diariamente tuiteo, generalmente con noticias y breves reflexiones relacionadas con la temática de este blog, así que quien quiera seguirme de forma más periódica, sabe que ahí tiene otro canal de comunicación.

Hoy voy a ser oportunista y a hablar de los problemas que, durante años, ha tenido Watchmen, la esperada adaptación cinematográfica del cómic de mediados de los ochenta de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins. Hace apenas mes y medio leía en el NY Times que Fox había ganado la batalla a Warner sobre la adaptación de Watchmen, no en los tribunales, sino en los despachos, tras acceder esta última a compartir parte de la recaudación de taquilla (hablan de un 8.5 %, tras determinados descuentos, revisándose la cantidad si la recaudación es pobre, lo cual dudo), así como a abonar los gastos de desarrollo (1.5 millones de dólares) que en su día gastó Fox, y los gastos legales de esta compañía (intuyo que mis colegas americanos habrá pasado una minuta con muchas cifras…).

Pero ¿cuál era el problema?

La cuestión se remonta a mediado de los ochenta, cuando Fox adquirió los derechos de adaptación cinematográfica del cómic; posteriormente, en 1990, Fox llegó a un acuerdo con la productora Largo Entertainment (formada, entre otros, por Golar, productora de Larry Gordon) por la cual la primera sería la distribuidora americana de la película. Un año después, en junio de 1991, Fox firmó un nuevo documento con Largo por la que la major se desentendía por completo del desarrollo del proyecto, con la excepción de los derechos de distribución, ya que si la película se llegaba a producir, ésta debía ser distribuida por Fox. Por este acuerdo, Largo debía pagar a Fox los gastos de desarrollo ($435,600) en los que había incurrido más intereses legales, incluyendo una participación en los ingresos netos mundiales que produjese cualquier  adaptación de Watchmen (indudablemente, un buen acuerdo para Fox).

En 1993, Largo Entertainment, viendo que el proyecto no salía adelante, cedió todos los derechos sobre Watchmen a Golar (productora de Larry Gordon, productor de películas como Hellboy I y II, Lara Croft I y II, K-Pax, Waterworld, The Rocketeer, etc.); la cuestión aquí es que Golar adquirió no sólo los derechos sobre dicha obra, sino también sus cargas, y en especial el acuerdo que en su momento Largo cerró con Fox.

Gordon, que era consciente de ello, negoció un pacto con Fox en 1994 por el que su productora tendría el “derecho perpetuo… a adquirir todos los derechos, títulos e intereses de Fox, según los términos y condiciones” establecidos, sugiriendo que Gordon obtenía una opción para adquirir los derechos de Fox sobre Watchmen por un precio cierto, opción que nunca fue ejercitada. Este acuerdo establecía igualmente que Gordon no podía ceder derechos ni autorizar la producción del proyecto sin el pago de tal cantidad a Fox.

Pasaron los años, y en 2006 Warner Bros. llegó a un acuerdo con Gordon por el cual se garantizaban tener todos los derechos sobre el proyecto Watchmen. Fox argumentó que tal acuerdo suponía el conocimiento de ambas partes de los derechos que aún tenía esta empresa sobre Watchmen, resaltando que Gordon no había cumplido las obligaciones suscritas una década atrás.

Cuando la película comenzó a producirse, Fox demandó a Warner y a Gordon por violación de derechos de propiedad intelectual y por provocar un incumplimiento contractual, provocando una larga batalla en los tribunales, con una resolución judicial de 24 de diciembre de 2008, en la que un juez federal en Los Ángeles consideraba que Fox seguía teniendo derechos sobre la película, animando a las partes a llegar a un acuerdo a seguir la larga y costosa vía judicial.

Finalmente, y como dije al principio, las partes pudieron llegar a un acuerdo in extremis que permitiese estrenar la película a nivel global cuando se preveía (hoy día 6 de marzo, porque se hablaba de un retraso hasta 2010), en el que parece que Warner será el distribuidor americano, Paramount el internacional, y donde Fox se llevará una gran tajada sin apenas haber invertido tiempo, riesgo y dinero.

Espero que la película sea igual de interesante que esta batalla legal que se ha librado durante años.

Buen fin de semana.

Hoy es viernes, día de estreno en las carteleras y en las formas de explotación cinematográficas en España porque hoy, por primera vez en nuestro país, una película se va a estrenar al mismo tiempo en las pantallas de cine y en Internet, lo cual, creo, es una excelente noticia.

“Tiro en la cabeza” de Jaime Rosales, director de “La soledad”, se estrena hoy, además de en cines, en la “pantalla virtual” de Filmin, gracias al soporte tecnológico de ADNStream, y con la curiosa fórmula de 4 sesiones diarias, dos SMSs por visión (3,4 €) y un límite de 100 espectadores por sesión, creándose una auténtica (y virtual) sala de cine.

La nota de prensa de Filmin dice que han solicitado un permiso especial al Ministerio de Cultura para realizar esta nueva modalidad de explotación, ya que las tradicionales ventanas de explotación cinematográficas (cine, pay-per-view – venta – alquiler, televisión de pago – free-tv) no sólo vienen impuestas por las estrictas reglas del mercado, sino por la aún más inmutable normativa estatal.

Los productores de largometrajes para poder solicitar las ayudas que ofrece el ICAA deben presentar numerosos documentos, entre ellos una declaración firmada ante notario por la cual se comprometen, entre otras cosas, a no comercializar la película por venta o alquiler para el ámbito doméstico en cualquier soporte con anterioridad al transcurso de cuatro meses, desde su estreno en sala de exhibición, o si no hubiera sido estrenada, desde la fecha de calificación. Este texto habla de una comercialización en soporte desde su estreno en sala de exhibición, y creo que ese es el matiz que habrán tenido en cuenta los productores para solicitar la autorización del Ministerio de Cultura y para configurar tal curiosa “sala de exhibición virtual”.

Ya hace un tiempo hablé del experimento de Steven Soderbergh de comercializar Bubble casi simultáneamente en cine, vídeo y televisión, iniciativa que parece que no le salió del todo bien, y eso a pesar del bajo presupuesto de la cinta y de la cultura del ocio del país anglosajón.

Creo que esta iniciativa se enfrenta con un gran inconveniente y es el que manifiesta un lector del magnífico blog de Gonzalo Martín, que es que para qué vas a pagar por algo que tendrás dentro de poco gratis en tu red P2P favorita, y sin limitaciones de horario. En un principio, el público se quejaba de que los tiempos habían cambiado y que ahora el espectador quiere disfrutar de la obra en su casa y en el momento que desee; ahora que se ofrece esa posibilidad la excusa es otra: “para qué voy a pagar si lo puedo tener gratis”, lo cual creo que hace un flaco favor a las cientos de personas que ofrecen su talento y trabajo en una película y a los emprendedores que no sólo invierten su dinero en la cinta sino que se arriesgan a ofrecer nuevas formas de disfrutar de ella.

De alguna forma pasa lo mismo que con Fringe, la nueva serie de J.J. Abrams, que cada capítulo se está emitiendo por la Taquilla de Digital + tan solo cuatro días después de su estreno en EE.UU:, y aunque desconozco los datos, intuyo que somos pocos los que estamos pagando los 2 razonables euros que vale cada episodio.

Con estas iniciativas parece que por fin los titulares de derechos están haciendo los deberes. Muchos somos los que apostamos por el streaming y por la explotación instantánea en las diferentes ventanas. Ahora es el público quien debe responder.

Hace casi dos años comentaba el caso de varios estudiantes universitarios que habían demandado a la productora de Borat por la utilización de su imagen en la película, incluso cuando lo habían autorizado expresamente mediante el correspondiente contrato.

Esta semana leo que estas personas no fueron las únicas en demandar los productores de Borat, ya que hasta 7 personas que aparecían en la cinta iniciaron acciones legales por entender que se dañaba su imagen en la misma.

La primera fue Michael Psenicska, profesor de autoescuela a quien entregaron el típico contrato de cesión de derechos de imagen antes de iniciar la grabación y, según el demandante, sin haberlo podido leer ya que le metieron mucha prisa y además no había llevado las “gafas de cerca” porque no le dijeron que debía firmar nada. El resto se vio en la película: conducción irresponsable y comentarios sexistas y denigrantes contra judíos, mujeres y personas de raza negra, todo ello mientras que él intentaba lidiar con Borat.

La siguiente fue Cindy Streit y cinco amigos que asistieron a una cena de etiqueta organizada por ella y solicitada por Borat, en la que ella, profesora de protocolo, debía mostrar al falso reportero kazajo cómo debía comportarse en una mesa. En este caso, el contrato también fue entregado in extremis justo antes de la llegada de Cohen.

Y finalmente está Kathie Martin, igualmente profesora de etiqueta y a la que Borat le deleitó con un repertorio de chistes sexistas, racistas y antisemitas. En este caso, los productores de la cinta cambiaron el día de la reunión cuando, a última hora, descubrieron que el marido de Martin conocía el personaje de Sasha Baron Cohen, “Ali G”, trasladando la cita al día siguiente para que Borat no coincidiese con esta persona.

Todas estas personas tienen en común que firmaron un contrato autorizando la explotación de su imagen en la “película de estilo documental” (“documentary-style… motion picture“), por el cuál también renunciaban a iniciar cualquier tipo de acción contra la Productora en relación a la utilización de su imagen en la película.

Los perjudicados decidieron demandar por considerar que el contrato no era válido por varios motivos, entre ellos, cláusulas ambiguas (entienden que película Borat no es una “documentary-style… motion picture” , por lo que no habrían autorizado a explotar su imagen en ella), y que le habían inducido a firmar el contrato de forma fraudulenta, existiendo un vicio en el consentimiento prestado.

¿El resultado? Todas las alegaciones rechazadas, por lo que el contrato era perfectamente válido y la explotación de su imagen en la película-documental completamente lícita. Es complicando demostrar en un caso así un vicio en el consentimiento por error o dolo, máxime cuando todo este embrollo se podría haber solucionado si hubiesen firmado cuando debían firmar, una vez se hubiese grabado todo y supiesen qué estaban cediendo, pero claro, eso no le interesaba a la productora.

Tenéis una copia de la sentencia aquí.

Un par de off-topic para terminar: Lo primero, hace unos días se comentaba mucho la EULA del nuevo navegador Google Chrome, y a raíz de eso, el blog jurídico IPKat publicaba un concurso para conocer cuál era el mejor aviso legal que habías leído. El mío lo leí ayer en el libreto del nuevo disco de REM, Accelerate (aunque parece que también está en “Around the Sun”):

Temporary Music administered in all worlds, now known and hereafter devised, by Warner/Tamerlane Publishing Corp.

Que quiere decir que “Temporary Music -la editorial de REM- es administrada en todos los mundos, ahora conocidos o que se inventen en el futuro, por Warner/Tamerlane Publishing Corp”. La frase “now known and hereafter devised” se utiliza frecuentemente pero en conexión con la cesión de derechos para medios o soportes que se inventen en el futuro; se ve que aquí a alguien se le fue el “copiar y pegar” y ha previsto que en el futuro se inventen otros mundos. Con esto del cambio climático, nunca se sabe…

Y el segundo off-topic, me pasan del Master de Propiedad Intelectual de la Universidad Pontifícia Comillas información sobre el mismo, que empieza dentro de unos días. Nunca es tarde para especializarse en una materia tan apasionante como la Propiedad Intelectual, sobretodo en una universidad con este prestigio.

A la segunda va la vencida. Gonzalo me instó en dos ocasiones a hablar de la otra noticia de la semana, la “denuncia” de la Asociación Videográfica Independiente (AVEI) ante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), órgano autónomo del Ministerio de Cultura, por las “irregularidades e incumplimientos de la normativa audiovisual llevados a cabo por (determinadas) webs de descarga a través del procedimiento denominado streaming”, webs entre las que se encuentran www.tu.tv, www.veoestrenos.es o www.directoseries.com.

Lo cierto es que hubo dos remesas de webs denunciadas, la primera contra sitios que ponen a disposición del público con total impunidad recientes series y películas cinematográficas, mientras que la segunda iba dirigida a páginas webs con abundante contenido pornográfico y calificado para adultos. Y aunque algunas de ellas ya han cerrado, en el resto he podido ver esta misma mañana cómo se sigue facilitando numeroso contenido audiovisual y como dice Gonzalo, con “claro ánimo de comercialización, pues incluyen publicidad”.

Hasta ahora, la estrategia de la industria audiovisual ha sido doble: muchas compañías tratan de ignorar estas explotaciones y siguen haciendo su trabajo lo mejor que pueden, mientras que otras (generalmente a través de asociaciones defensoras de sus intereses), han iniciado procedimientos judiciales contra los que ilegítimamente explotan sus contenidos, aunque, desde mi punto de vista de forma errónea, generalmente optado por la vía penal, reservada para casos especialmente graves.

Vistas las recientes resoluciones y lo reticentes que son los jueces a aplicar el derecho penal para asuntos relacionados con la propiedad intelectual, la AVEI parece que ha decidido presionar a estas páginas webs a través una vía alternativa (y creativa), esto es, a través del ICAA.

El ICAA, que dentro de poco será la Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en virtud de la Disposición Adicional Primera de la reciente Ley del Cine, tiene como “objetivos desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas, el mantenimiento de todo el conjunto industrial del cine español, mejorar el grado de competencia de las empresas e incentivar la aplicación de nuevas tecnologías, la proyección exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales , la salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico español y fomentar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas en materia cinematográfica y artes
audiovisuales” (Exposición de Motivos del Real Decreto 1322/2004).

Entre las funciones del ICAA está la calificación por edades de las películas cinematográficas y de las obras audiovisuales, no estando obligadas las meras grabaciones audiovisuales (básicamente, aquellas que no tienen un guión definido), todo ello tal y como se dispone en el Artículo 8 de la Ley del Cine:

Artículo 8. Calificación de las películas y obras audiovisuales.

1. Antes de proceder a la comercialización, difusión o publicidad de una película cinematográfica u obra audiovisual por cualquier medio o en cualquier soporte en territorio español, ésta deberá ser calificada por grupos de edades del público al que está destinada, mediante resolución del Director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales previo informe de la Comisión de Calificación o por los órganos competentes de aquellas Comunidades Autónomas que ostenten competencias para la calificación de las películas y los materiales audiovisuales. Se exceptúan las obras audiovisuales que, de acuerdo con su normativa específica, sean objeto de autorregulación.

Así mismo, el Artículo 9 de la misma ley establece la obligación de informar de estas calificaciones, así como normas especiales para las denominadas películas X:

Artículo 9. Publicidad de la calificación de las películas y obras audiovisuales.

1. Las calificaciones de las películas y demás obras audiovisuales deben hacerse llegar a conocimiento del público, a título orientativo, por los medios adecuados en cada caso. A este fin, el órgano competente regulará las obligaciones de quienes realicen actos de comunicación, distribución o comercialización.

2. Las películas y demás obras audiovisuales de carácter pornográfico o que realicen apología de la violencia serán calificadas como películas X. La exhibición pública de estas películas se realizará exclusivamente en las salas X, a las que no tendrán acceso, en ningún caso, los menores de 18 años, debiendo figurar visiblemente esta prohibición para información del público. Las demás obras audiovisuales calificadas X no podrán ser vendidas ni alquiladas a menores de edad ni podrán estar al alcance del público en los establecimientos en los que los menores tengan acceso.

3. En la publicidad o presentación de las películas y demás obras audiovisuales calificadas X únicamente podrá utilizarse su título y los datos de la ficha técnica y artística de la misma, con exclusión de toda representación icónica o referencia argumental. Dicha publicidad sólo podrá ser exhibida en el interior de los locales donde se proyecte o comercialice la película, o incluida en las carteleras informativas o publicitarias de los medios de comunicación. En ningún caso el título de la película podrá explicitar su carácter pornográfico o apologético de la violencia.

Llama la atención la forma en la que se debe hacer la publicidad en las películas calificadas X, que sólo podrán publicitarse utilizando su título (nunca imagen gráfica o sinopsis), siempre y cuando dicho título no explique su carácter pornográfico o apologético de la violencia. Su publicidad no cabe en lugares expuestos al público, limitándose únicamente al interior de locales y en las carteleras informativas de los medios de comunicación, con la limitación establecida anteriormente del título no descriptivo y de la no representación icónica de la misma. No cabe la menor duda de que esta ley se hizo pensando en la comercialización física de este tipo de material, incluso habiéndose aprobado hace apenas 6 meses, y conociendo todos esa máxima de que “The Internet is for Porn“.

Aún así, entiendo que la misma es perfectamente aplicable en cuanto habla de “actos de comunicación, distribución o comercialización”, y no únicamente de distribución.

El incumplimiento de estas obligaciones de información serán consideradas sanciones leves, según el artículo 39 de la misma ley, que establece en su punto 3.c:

3. Son infracciones leves:

c. Los incumplimientos, por acción u omisión, de lo previsto en el artículo 9.1 relativo a la publicidad de la calificación de las películas y obras audiovisuales.

Con sanciones establecidas en el artículo 40:

Artículo 40. Sanciones.

1. Las infracciones se sancionarán:

1. Las leves, con apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros.

Consecuentemente, el ICAA está facultado para iniciar un procedimiento sancionador contra todas las páginas web que no informen según obliga la ley, pudiendo ser su resolución un apercibimiento instándoles a dejar de incumplir la presente ley, o incluso una multa de hasta 4.000 euros por cada infracción cometida. Si multiplicamos el número de películas que ahí se ponen a disposición por esta cantidad, creo nos daría una suma de dinero nada despreciable.

A ver en qué queda todo, Gonzalo

AVISO: Este blog no guarda relación alguna ni con Wikisubtitles.net ni con sus administradores. Este post es mi punto de vista jurídico de este asunto, sin que implique en ningún momento asesoramiento legal de cualquier tipo.

El lunes me envió Miguel Ángel (Sergio también ha escrito sobre ello) un enlace a este blog en el que se informaba que Wikisubtitles, una web en la que se facilitaban subtítulos de obras cinematográficas y televisivas, había recibido un requerimiento de la FAP para que cesara su actividad infractora (una famosa cease and desist letter), y se preguntaba el autor de dicho blog que “¿cómo puedes hacer piratería produciendo subtítulos?”.

Parece que la noticia ha tenido repercusión en la blogosfera, Microsiervos, Antonio y Enrique Dans, entre otros, han hablado sobre ello alegando al principio de “las puertas del campo”, y también parece que el responsable de Wikisubtitles ha decidido echarle un órdago a la FAP y ha vuelto a poner online su sitio web, intándoles a que le demanden, tras haber consultado con un famoso abogado.

En los comentarios de la entrada de Alt1040 ya expliqué en qué se basa la FAP para enviar semejante requerimiento, pero dada la trascendencia que ha tenido la noticia en Internet, quiero explicarlo con más detenimiento.

La Ley de Propiedad Intelectual protege a todas las obras literarias, artísticas o científicas originales y creativas, y confiere al autor derechos exclusivos (y esta palabra es importante) sobre cualquier reproducción, distribución, comunicación pública o transformación que se realice de la obra. Esta enumeración no es caprichosa, viene establecida y definida cada uno de ellos en la ley por lo que siempre que veamos que se realiza una determinada utilización de una obra debemos ver si ese acto está enmarcado dentro de cualquiera de estos derechos exclusivos.

Aunque en los comentarios de Alt1040 se dudaba de la existencia de una obra en el caso particular, es incuestionable que los diálogos de una obra cinematográfica pueden estar protegidos por propiedad intelectual, sin importar que falten el resto de elementos que integran un guión o una escaleta televisiva. Estando ante una obra, deberemos entonces abstenernos de realizar aquellos actos que la ley sólo autoriza a su autor.

Es sin lugar a dudas admirable la labor de cientos de personas que, a las pocas de horas de emisión de una serie en la televisión americana, ya ponen a disposición de toda la comunidad internauta los subtítulos de la misma, incluso traducidos a diferentes idiomas, todo ellos por su pasión por la serie y, generalmente, sin interés comercial alguno. Como digo, al “utilizar” una obra protegida debemos siempre ver si nuestra utilización se podría enmarcar dentro de cualquiera de los derechos de explotación que establece la ley, y en este caso vemos que:

1. Los diálogos son transcritos, bien para traducirlos, bien para ponerlos directamente como subtítulos. Esta mera transcripción supone una reproducción de la obra (en tanto en cuanto se “copia” parte de la obra), lo cual requiere autorización del titular de derechos según el artículo 18 de la LPI.

2. Los diálogos transcritos son traducidos a otro idioma. La Ley de Propiedad Intelectual establece en su artículo 21 que el autor tendrá el derecho exclusivo para autorizar cualquier transformación de la obra, y en este sentido dice:

1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

Es indudable que cuando se traducen los subtítulos se comete una infracción no sólo del derecho de reproducción sino también del derecho de transformación de la obra, derecho éste último que va muy ligado a los derechos morales del autor, y en especial al derecho a exigir el respeto de la integridad de la obra (sobretodo si la traducción no es demasiado buena…).

3. Una vez traducidos los diálogos, son puestos a disposición de toda la Red, acto para lo que es igualmente necesaria la autorización del autor ya que el artículo 20.2.i de la Ley establece que es un acto de comunicación pública que requiere la autorización del autor:

La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

Entonces vemos que cuando se realizan subtítulos de serie, por muy buena voluntad que tenga el fan de la misma, se producen varias infracciones, las principales las del derecho de transformación y la del derecho de comunicación pública, en su modalidad de puesta a disposición.

Se habla mucho del término “ánimo de lucro” y de que esta página no tenía ni banners ni el administrador se lucraba por ella. No entiendo por qué, pero parece que en Internet se ha extendido la falsa leyenda de que todo aquello que se haga sin ánimo de lucro está permitido; por esa regla de tres yo podría poner en mi servidor, en vez de podcast, cientos de canciones o películas y ser este acto legal siempre y cuando no pusiese ningún banner. Nada más lejos de la realidad.

El ordenamiento jurídico español ofrece dos vías para reclamar cualquier vulneración de derechos de propiedad intelectual: La vía Penal y la vía Civil. Para iniciar un procedimiento por la vía penal sí hace falta tanto la existencia de “ánimo de lucro” como de “perjuicio de tercero”, elementos que no son necesarios en las acciones por vía civil. De nuevo, el artículo 17 de la Ley dice:

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.

Y esos casos previstos en la ley son los límites del Capítulo II del Título III. Si comprobamos estos límites, sólo el de copia privada podría ser invocado, aunque esa copia dejaría de ser “privada” en el mismo momento en el que se pusiese a disposición en Internet, pasando a ser por lo tanto una copia colectiva, en cuyo caso necesitaría la autorización del autor.

En este sentido, el afectado de todo este tema afirma en su blog:

Pero como no hay ánimo de lucro, si queréis ir a juicio, vayamos, y allí tendréis que demostrar que existe un perjuicio a terceros, cosa que dudo mucho que seáis capaces de demostrar.

Desconozco cómo ha llegado a semejante conclusión, pero reiterar que dicho perjuicio de terceros sólo es exigible por vía penal, como así lo establece el artículo 270.1 del Código Penal, aunque nada dice de este elemento la Ley de Propiedad Intelectual; la mera infracción, provoque o no daños y perjuicios, ya es perseguible por la vía civil.

Otro comentarista del blog Alt 1040 decía:

Al mismo tiempo, el artículo 21, en su punto 2, parece indicar que los derechos sobre las obras derivadas corresponden a las personas que las realicen. Aunque a lo mejor lo estoy leyendo mal.

Efectivamente, lo estaba leyendo mal, o más bien incompleto, ya que el punto segundo de ese artículo dice:

2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación.

De este modo, es el autor de la obra preexistente quien tiene que autorizar la explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) de la obra derivada, teniendo el autor de esta última derechos sobre su aportación, junto con los derechos del autor originario, a lo cual y en el mundo real, se suele llegar tras un proceso de negociación.

En definitiva, por muy admirable que sea la labor que realiza el fan de la serie, por muchos argumentos que se puedan esgrimir sobre la no disponibilidad de esos subtítulos, que son “creados por los propios usuarios partiendo desde 0 y en base a su propia interpretación libre de los diálogos”, que no se provoca ningún daño a los titulares de derechos… lo cierto es que dicha actividad supone una infracción de derechos de propiedad intelectual. Sería deseable que los titulares de derechos, en vez de restringir este tipo de movimientos, lo utilizasen para abrir nuevas vías de negocio, pero lo cierto es que ni esa parece la tendencia, ni creo que lo sea a corto plazo.