¿Qué margen de mejora tiene la Ley de Propiedad Intelectual? | Friday 5 October 2012

Últimamente se habla mucho en los mentideros de la Propiedad Intelectual que en el Ministerio andan muy liados trabajando en la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, asignatura pendiente y “run-run” con el que llevamos ya varios años. Es curioso comprobar lo poco que avanzan las cosas; para escribir este post, me puse a buscar uno antiguo y he encontrado otras reflexiones mías sobre este asunto. Nada ha cambiado desde entonces, así que quizá me encuentre estas líneas dentro de 3 años y compruebe que éste también será un intento fallido. Espero que no.

La cuestión es que parece que las reformas a la LPI irán por dos puntos principales: 1. reforma profunda del artículo 25, sobre la compensación equitativa por copia privada; 2. modificación del Título IV del Libro III, sobre las entidades de gestión.

Sobre el primer punto, todo parece indicar que “el canon” volverá, aunque de forma más razonable y moderada. Es indiscutible que la medida adoptada por el Gobierno de suprimir este gravamen a soportes y dispositivos, tenía una finalidad populista y electoralista, y que la solución propuesta (habilitar una inexistente partida en los Presupuestos Generales del Estado) es incluso más indiscriminada (no lo pagan sólo los compradores de soportes, sino todos los ciudadanos) y perjudicial que la anterior. Por eso, parece que el canon volverá a donde estaba, si bien supongo que para gravar únicamente a aquellos dispositivos y soportes que puedan usarse para hacer copias privadas “puras” (y no cualquier tipo de reproducción, incluso las ilegales), ello en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Como he dicho en muchas ocasiones, soy defensor del canon/compensación equitativa por copia privada, porque es un elemento necesario para que pueda existir este límite a los derechos exclusivos; es decir, sin compensación no puede haber copia privada, y como defiendo la existencia de ésta, entiendo que la remuneración es obligatoria. Por eso, espero que se aproveche esta oportunidad para establecer un sistema que:

- Realmente indemnice por las copias privadas realizadas y no por cualquier copia: Teniendo en cuenta que no es posible hacer copias, por ejemplo, de DVDs o Blu-Rays (porque tienen medidas tecnológicas que lo impiden), y que apenas se venden ya CDs (y por lo tanto no se hacen copias de ellos), el porcentaje de reproducciones dentro del 31.2 son mínimas. Las pocas copias privadas legales que se realizan pueden ser las de emisiones de TV en DVRs (como el iPlus o TiVO) o de canciones compradas en iTunes, cuando se transfieren a un smartphone. El resto, son copias no autorizadas, no sujetas a compensación y por tanto, perseguibles.

- Simplifique la disparatada Orden Ministerial de 2008, para establecer tarifas más sencillas, racionales, justificada a criterios puramente económicos, y que deje fuera a aquellos dispositivos que son idóneos para entornos empresariales y comerciales, y no domésticos (como los equipos con gran capacidad de copia).

- Grave únicamente los soportes, y no así los dispositivos. Conozco la justificación de incluir el canon en ambos (repartir la compensación y que no se concentre sólo en el soporte -un CD-, sino también en el dispositivo -la grabadora de CDs-), pero donde realmente se realizan copias privadas es en el soporte, y poco sentido tiene gravar un dispositivo que, quizá, nunca se utilice o no se haga para hacer copias privadas. Por eso creo que aunque la cantidad sea un poco mayor, pero por motivos conceptuales únicamente debería gravarse el soporte, como ocurre en otros países.

- Establezca un procedimiento sencillo para que empresas y autónomos recuperen el gravamen soportado al adquirir cualquiera de estos soportes y dispositivos, por ejemplo, presentando las facturas de compra ante una entidad de gestión u oficina del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

- Suponga una gestión más racional de esta compensación, de forma centralizada y con mayor transparencia.

- Finalmente, que se explique sin demagogias qué es el canon, qué finalidad tiene, quiénes son los deudores, quiénes los acreedores y otras finalidades que cumple (como de fines asistenciales y promocionales de autores y artistas).

Sobre el segundo punto, de entidades de gestión, parece que el MECD quiere aumentar su facultad fiscalizadora (más bien creo que debería ejercitarla, sin más), aumentando la eficiencia de dichos entes. En este punto me gustaría recuperar las serie de post que hice en 2010 sobre las Entidades de Gestión (1, 2, 3 y 4), y en especial las conclusiones que incluía en el último, con unos puntos que creo que siguen estando de actualidad:

- Evitar que se conviertan en inversores inmobiliarios con un dinero que debería ir íntegramente a sus socios,  y no a inversiones estratégicas.

- Prohibición de competir con el sector privado en la producción y promoción de bienes culturales.

- Establecer acuerdos con el resto de entidades para favorecer la “ventanilla única”.

- Mejorar su imagen pública, algo que SGAE está consiguiendo poco a poco.

- Y, sobre todo, dedicarse a recaudar, gestionar lo recaudado y a repartirlo entre sus socios según criterios objetivos.

Dejo para un próximo post otras mejoras que, desde mi punto de vista, se deberían incluir en la Ley de Propiedad Intelectual, aprovechando esta aparente renovación.

Reflexión sobre las Entidades de Gestión – y IV – Conclusiones | Monday 3 May 2010

Y después de tres posts, ha llegado el momento de las conclusiones. Desde luego que estos artículos no pretenden establecer cómo deberían ser las entidades de gestión o qué papel deberían cumplir en la sociedad del siglo XXI, sino más bien abrir un debate inexistente en la actualidad (se habla más de la desaparición de estas entidades que de una verdadera reconversión de las mismas).

Como he ido argumentando en los anteriores posts, creo que para este sector tan especial, la creación de competencia (tanto entre entidades de gestión europeas como, dentro de cada territorio, entre diferentes sociedades que gestionen los mismos derechos) es algo negativo porque incrementaría determinados costes fijos que incluso encarecería las tarifas que tendrían que pagar los usuarios de sus contenidos. Por ello, parto de la base de la necesaria existencia de entidades de gestión de ámbito nacional (o internacional) gestoras exclusivas de algún derecho de propiedad intelectual dentro de su(s) territorio(s), si bien, como diré más adelante, creo que lo idóneo sería una entidad que gestionase cuanto más derechos mejor para evitar que un explotador de contenido (una radio, una discoteca o un página web) tenga que acudir a multitud de entidades para poder explotar una canción o una película.

Aunque primero me gustaría criticar aquellas funciones que actualmente están desarrollando algunas entidades de gestión que, entiendo, son negativas tanto para sus propios socios como para empresas que prestan tales servicios:

- Inversiones inmobiliarias: las actividades de determinadas entidades de gestión han sido públicamente cuestionadas por haber iniciado una política de compra y arrendamiento de bienes inmuebles, algunas con el objetivo indirecto de servir a los fines de la sociedad, aunque otras muy apartadas del mismo, iniciando una actividad que poco tiene que ver con la gestión de los derechos de propiedad intelectual establecida en el artículo 147 LPI. Estoy de acuerdo en que las entidades deban tener la capacidad de adquirir y enajenar tanto bienes muebles como inmuebles, siempre y cuando los mismos estén adscritos a la finalidad de la propia entidad (gestionar derechos de propiedad intelectual) o que puedan ser utilizadas por sus socios para actividades que no compitan con el sector privado (salas de ensayo, para ruedas de prensa, etc.). Lo que creo que no es admisible es que una entidad de gestión (directamente o a través de una sociedad o asociación participada por ella) desarrolle actividades empresariales que poco o nada tienen que ver con la gestión colectiva de derechos.

- Promotor y productor de bienes culturales: el Gobierno, conocedor de las desigualdades que se producían con el establecimiento de la compensación por copia privada, aprobó el Real Decreto 1434/1992 por el que se obligaba (art. 39) a las entidades de gestión a destinar parte de la recaudación por este concepto (concretamente un 20%) a promover actividades o servicios de carácter asistencial para sus socios y a realizar actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes. Esta obligación ha traído aspectos positivos, ya que gracias a ella muchos socios sin recursos han podido obtener asistencia médica o han podido disfrutar de becas para la formación, aunque también ha tenido efectos perniciosos, al destinarse parte de dicha cantidad a actividades que competían, directamente, con el sector privado.

David Maeztu comentaba recientemente el Informe de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad del Servicio en relación a las entidades de gestión, en el que se describe (página 41 y siguientes) que, entre todas las entidades de gestión, se destinaron casi 30 millones de euros en 2007 a dichos fines asistenciales y promocionales. Desde mi punto de vista, creo que es positivo que parte de lo recaudado por el canon por copia privada vaya destinada a dichas finalidades, siempre y cuando no se entren en competencia, directa o indirectamente, con el sector privado y así evitar una injusta distorsión en el mercado.

Estas cantidades se están gestionando de forma diferente en cada una de las entidades de gestión; mientras que algunas han constituido asociaciones y fundaciones para cumplir con dicha obligación normativa, otras están llevando a cabo dichas finalidades directamente, sin ninguna entidad interpuesta. Con ello, entes como la Fundación Autor o la Fundación Arte y Derecho han llevado a cabo importantes iniciativas promocionales, si bien el problema reside cuando la línea que distingue a éstas y con las actividades del sector privado es tan fina que ni un experto en la materia la podría distinguir.

Ejemplos de ello son iniciativas como el aparentemente extinto Sello Autor (parece que hay una reconversión a tienda online denominada TramArt), la Factoría Autor y la Fundación Autor (que a través de sus filiales distribuye discos como la BSO de “Planet 51″), que si bien en muchas ocasiones es la única vía que tienen determinados músicos minoritario para ver publicado y distribuido su trabajo, en otras compiten directamente con, sobre todo, discográficas independientes, produciendo a artistas no noveles o distribuyendo en nuestro país grupos del extranjero. Además, otras iniciativas similares como Portal Latino, La Central Digital y la sDae, todas ellas pertenecientes o participadas por SGAE, llegan a competir con otras iniciativas privadas, y lo hacen tanto con recursos propios como con otros procedentes de la recaudación de la entidad de gestión. Especialmente polémica fue la entrada de SGAE dentro de Wonderland Group, entidad promotora de conciertos, musicales, eventos y gestora de teatros como el Calderón o el Lope de Vega, ambos de Madrid; ni que decir tiene que creo que una entidad sin ánimo de lucro (o sociedad que le sirva de cobertura) no debería entrar a explotar el repertorio gestionado por ella de una forma tan mercantil.

Por ello, y aunque creo que muchas de estas iniciativas son sumamente positivas (especialmente aquellas destinadas a favorecer a autores minoritarios con pocas posibilidades en el mercado de masas), las entidades de gestión deberían tener prohibido concurrir en actividades propias del sector privado por la distorsión y el daño que en el mismo ocasionan al no competir en igualdad de condiciones.

Como he dicho, las entidades de gestión tienen hoy en día más razón para existir que nunca. De esta forma, e intentando ser constructivo, creo que los puntos rectores de estas entidades para el siglo XXI deberían ser los siguientes:

- Limitarse a gestionar su repertorio, abandonando las prácticas y actividades que he descrito anteriormente.

- Llegar a acuerdos entre las diferentes entidades para crear una “Ventanilla Única” por la que, cualquier usuario de contenido, pueda obtener todos los derechos necesarios para poder utilizar una obra musical, literaria o de cualquier otro tipo. Así, y de forma directa, se crearía una red única de vigilancia y control del repertorio que haría disminuir los costes fijos, con el consiguiente descuente al usuario de contenido. Además, puestos a ser ambiciosos, esta ventanilla única debería constituirse a nivel europeo, para facilitar la creación de iniciativas paneuropeas de explotación de contenidos.

- Mejorar su imagen pública: si de algo han pecado las entidades de gestión es en no saber transmitir su mensaje y en explicar a la sociedad para qué sirven, cuáles son sus fines y qué aportan a la sociedad. Su imagen distante y en ocasiones prepotente no ha hecho sino aumentar su distancia con una sociedad que, justificada o injustificadamente, tienen en su contra.

- Invertir más recursos para obtener información lo más precisa posible para llevar a cabo una recaudación y reparto de lo recaudado lo más real posible.

- Destinar el 20% de la recaudación en concepto de copia privada a actividades puramente asistenciales y promocionales, con especial atención a evitar la concurrencia con el sector privado.

Creo que si las entidades de gestión siguiesen estos cinco puntos (tampoco digo que sea sencillo) y no se extralimitasen en sus funciones, tanto su imagen pública como su aceptación por el sector sería muy superior a la que tienen actualmente.

Como dije anteriormente, espero que estos posts sirvan de punto de partida para propiciar un debate en este blog sobre el papel que creéis que deberían tener las entidades de gestión en el siglo XXI. Espero vuestros comentarios.

Reflexión sobre las Entidades de Gestión – III – Competencia | Friday 26 March 2010

Uno de los puntos más criticados por el famoso Informe de la Comisión Nacional de la Competencia es la existencia de una barrera de entrada al mercado de la gestión de derechos de propiedad intelectual, ya sea por otras gestoras extranjeras o por la gestión individual de sus derechos. En un plano abstracto, la competencia parece ser siempre deseable, existiendo varias entidades que ofrezcan diferente repertorio para que cada usuario pueda elegir. Pero ¿es realmente positivo para el usuario de contenido que exista competencia?

En nuestro país ya tenemos a dos entidades (DAMA y SGAE) que gestionan el mismo repertorio (obras de directores y guionistas audiovisuales), aunque en la realidad, y tras varias disputas, llegaron a un acuerdo y SGAE gestiona incluso el escaso repertorio de la otra. En otros países como Brasil o EE.UU. también existen varias entidades (ASCAP, BMI…, en el caso americano) que gestionan el mismo tipo de derechos, siendo estos países rara avis dentro de la norma internacional de “una entidad, un tipo de derechos”.

Pues bien, la existencia de multitud de entidades con diferente repertorio verdaderamente aporta competencia al mercado, pero igualmente hace que el explotador de contenidos tenga que decidir qué repertorio elegir para su servicio de música/vídeo/libros, etc., cuando en el 90% de los casos lo que quiere un iTunes, una radio online o un Spotify es poder explotar TODO el contenido y no parte de él. Si vas a producir una película, sí puede tener sentido tener a un único proveedor aunque éste tenga un repertorio limitado, pero cuando tu negocio se basa en explotar cualquier contenido (como los 40 Principales) tener únicamente lo último de Shakira y no lo de David Bisbal no es una solución, por lo que deberás llegar a un acuerdo con todas las entidades que gestionan el mismo tipo de derechos. Esto supone que el draconiano escenario que exponía en el post anterior de más de 50 contratos para montar un videoclub online crecería exponencialmente al existir 2 ó más entidades en cada territorio para gestionar el mismo tipo de derecho (¿cuántos contratos nos da eso? ¿más de 100?).

La existencia de varias entidades que gestionan el mismo tipo de derechos implica la existencia de unos costes fijos superiores a la existencia de una única entidad (esto es obvio), lo que creo que se traduce en que cada una de ellas tendría menos que repartir entre sus asociados y que el explotador de contenidos tendría que pagar más (al soportar parcialmente los costes fijos de varias entidades) para poder explotar el mismo repertorio que si existiese una sola organización.

Por eso, en abstracto, la competencia en la gestión de derechos puede parecer imprescindible, pero en el plano real, el explotador de contenidos (por ejemplo, una televisión) lo que realmente quiere es que una única entidad le autorice a explotar cualquier contenido y si esta organización le permite explotar cualquier derecho de propiedad intelectual involucrado (autores, productores, actores, artistas plásticos…), pues muchísimo mejor. Una solución sería que las diferentes entidades (incluso las que gestionan derechos diferentes) compartiesen los costes de una red única de vigilancia, aunque no sé hasta qué punto dos o más competidores serían capaces de ponerse de acuerdo, incluso en algo que les beneficia (no hay más que ver la rivalidad entre las diferentes entidades de gestión existentes).

Problema similar provoca la gestión individualizada de derechos (a través de licencias Creative Commos, etc.), absolutamente tediosa para los usuarios comerciales de contenidos (que, de nuevo, quieren explotar todo el contenido con las mínimas autorizaciones posibles), que les obliga a acudir a cada autor o productor que utiliza este tipo de licencias (y que no son miembros de una entidad de gestión, algo posible en algunos países) para que les autorice a explotarlo. Cuando estás produciendo un documental o un cortometraje y quieres utilizar una fotografía con este tipo de licencias, contactar con un titular de derechos no es un problema, pero cuando eres una cadena de televisión con miles de asuntos pendientes… no me gustaría estar en la asesoría jurídica que tuviese que gestionar tantos acuerdos individuales para cada contenido.

En definitiva, y como he ido argumentando en los posts anteriores, creo que es imprescindible modernizar y agilizar la figura de las entidades de gestión, si bien no creo que introduciendo competencia entre ellas sea la solución, sino a través de otros mecanismos que intentaré desarrollar en el próximo post.

Reflexión sobre las Entidades de Gestión – II – Licencias Paneuropeas | Tuesday 16 March 2010

La sociedad y los medios de comunicación no han sido los únicos que han criticado en los últimos años a las entidades de gestión. Desde instituciones europeas se lleva instando desde hace años a las sociedades gestoras de toda Europa a que entren definitivamente en el mercado único, concediendo licencias paneuropeas (de forma que una entidad de gestión, por ejemplo, de Luxemburgo pueda autorizar la explotación de contenido en Italia), creando un entorno de competencia entre todas ellas, lo que, en teoría, beneficia tanto a los titulares de derechos (las entidades tratarían de ofrecer un mejor servicio) como a los usuarios de los mismos (que obtendrían mejores precios, al existir competencia).

Sin embargo, yo soy un tanto escéptico sobre la idoneidad de favorecer la existencia de más de una entidad de gestión que administre el mismo tipo de repertorio (de lo que hablaré en un posterior post) y sobre la necesidad de la existencia de competencia entre diferentes entidades de gestión europeas, y lo soy por los motivos que intentaré explicar a continuación.

Establecer un negocio online a nivel europeo basado en contenidos es una tarea tremendamente complicada actualmente. Si quieres montar, por ejemplo, un videoclub online no sólo tienes que negociar con las entidades de gestión de cada país en el que te quieras establecer (ya que cada una te dará autorización sólo para su territorio) sino que debes hacerlo para cada titular de derechos (autores, actores, músicos…) además de con los productores de las películas para que te autoricen a explotar las mismas. Ello supone tener que llegar a acuerdos con entidades de gestión de 27 países, algunas de ellas tendrán además múltiples entidades involucradas (como España, con SGAE, AISGE y AIE), además de tener que pactar con los productores, que podrán dar o no autorización para toda Europa dependiendo de si han otorgado licencias exclusivas en otros países o no. El resultado son al menos 50 contratos que deberás firmar para poder montar un videoclub disponible en toda Europa y 100% legal (por eso dudo que la iniciativa Fácilvisión ostente todos los derechos necesarios; parece que únicamente ha contado con el de SGAE y como vemos, hacen falta muchísimos más).

Este draconiano escenario ha hecho que, desde 2005, la Comisión Europea haya intentado que las entidades de gestión europea compitiesen entre sí, algo que las más grandes no quieren ya que supondrían salir del cómodo escenario de monopolio territorial en el que actualmente se encuentran. Fruto de esta presión han nacido tímidamente determinados acuerdos entre algunas entidades de gestión y editoriales (como el que comenté desde Cannes hace ya dos años), aunque todavía con escasos resultados. Pero ¿realmente es deseable que exista competencia entre estas organizaciones?

La gestión de derechos de propiedad intelectual implica la existencia de unos recursos mínimos para llevar a cabo una labor de vigilancia y monitorización de los usos que se hagan del repertorio de una entidad, lo que se consigue a través de inspectores, tecnologías de rastreo de explotación de contenido, sondeos, etc., y ello con el objetivo no sólo de recaudar sino de tener datos para el posterior reparto a sus asociados. Estos son unos costes fijos obligatorios que cada entidad debe asumir para poder gestionar de modo eficiente su repertorio (incluyendo el propio y el gestionado gracias a los acuerdos de reciprocidad que tengan con otras sociedades extranjeras) y que no disminuirían al entrar en un entorno de competencia, casi lo contrario, aumentarán al expandirse su ámbito territorial de competencias.

La posible adopción de estas licencias transnacionales implicaría que una entidad de Chipre pudiese autorizar en España la explotación de determinado repertorio europeo, siendo lo más probable que no tuviese en nuestro país ni las infraestructuras ni los medios técnicos necesarios para garantizar una mínima calidad en el efectivo control y reparto de lo recaudado. Evidentemente, esta entidad tendría unos costes fijos ínfimos en comparación con, por ejemplo, GEMA (la sociedad gestora alemana que, como otras, tiene un complejo -aunque a veces insuficiente- sistema de control y reparto), lo que permitiría a la entidad chipriota ofrecer todo el contenido europeo en todo el continente por un precio muy inferior al de entidades francesas, italianas o alemanas, con mayores medios que implican mayores costes. Es obvio que este escenario favorece enormemente a las entidades pequeñas, que podrían competir con las grandes, provocando que éstas tuviesen que disminuir sus tarifas (en ocasiones creo que ni tendrían el margen suficiente), y todo ello en perjuicio de los autores (porque las pequeñas serían capaces de ofrecer precios “fuera de mercado”, lo cual redundaría en sus ingresos).

Además, uno de los puntos que más se critica a las entidades, que es la calidad de la recaudación y su posterior reparto en base a criterios objetivos, sería absolutamente imposible al no contar estas “entidades pequeñas” con la infraestructura suficiente para conocer con rigor qué obras se han explotado y de qué forma.

En este escenario, creo, todos pierden excepto los usuarios de contenido y estas entidades menores.

Por eso, en mi opinión, la solución no estaría tanto en favorecer la competencia entre entidades de gestión de toda Europa para que “peleen” por captar a cualquier titular de derecho europeo que les permita otorgar licencias en todo el continente, sino potenciar la existencia de una alianza de entidades europeas para la creación de una “ventanilla única” a la que acceder en cualquier país. De esta forma, través de la misma se concederían licencias europeas, cuya recaudación correspondería a la entidad que ha gestionado la misma, si bien el reparto de dicha recaudación a cada país se haría basado en los datos aportados por cada entidad a dicha alianza, que sería la encargada de determinar qué se ha explotado en cada país Europeo y, por tanto, cuánto le corresponde a cada uno, para su posterior reparto.

Soy consciente de la complejidad de este sistema (si ya lo es a nivel nacional, aún más lo sería para toda Europa), pero si tras 5 años desde la Recomendación de la Comisión apenas se han conseguido avances, quizá vaya siendo hora de buscar alternativas, aunque ya sabemos que los pactos entre más de dos personas son harto complicados.

En cualquier caso, es un sinsentido que en el año 2010 todavía veamos cómo un servicio como Spotify tiene un repertorio diferente dependiendo del país europeo en el que nos encontramos, y aunque la solución no es nada sencilla, es imprescindible transigir y ser flexibles para favorecer la creación de negocios basados en contenidos que operen sin restricciones en todo el espacio común europeo.

En el próximo post me quedaré en España, para hablar sobre el informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre las entidades de gestión.

Reflexión sobre las Entidades de Gestión – I – Obligaciones | Tuesday 9 March 2010

Después de más de un mes sin escribir (el día, la semana y el mes no dan para más…) en los próximos posts quiero plantearos algunas reflexiones sobre las abundantes críticas que últimamente se están vertiendo hacia las entidades de gestión, tanto por la sociedad como por los usuarios de su contenido y por determinadas instituciones y administraciones públicas.

Si hay una institución odiada en España, incluso por encima de Hacienda, esa es SGAE. Esta entidad de gestión presidida por Eduardo Bautista ha conseguido que en los últimos diez años, prácticamente todos los ciudadanos conozcan (y repudien) su existencia (a pesar de tener más de 100 años). Cualquier persona que se posicione en contra de esta entidad encontrará automáticamente el respaldo de la comunidad, mientras que si, de alguna forma, defiendes su existencia, los palos llegarán por todos los lados (algo sé de esto…). En los siguientes posts quiero dar mi opinión sobre este tipo de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, así como aportar mi punto de vista sobre la (in)merecida fama que últimamente están tomando este tipo de sociedades que, en su génesis, pretenden asegurar que los titulares de derechos reciben lo que le corresponden por la explotación de sus obras y prestaciones.

El régimen jurídico de las entidades de gestión está recogido en el Título IV del Libro III de la Ley de Propiedad Intelectual (arts. 147 a 159), cofiriéndole a estas entidades sin ánimo de lucro (pero con fines recaudatorios) la representación de los intereses de sus socios (a través de una cesión fiduciaria) para exigir a los explotadores de su repertorio el pago de unas cantidades, ya sean en base a una negociación individualizada, ya sea aplicando sus tarifas generales.

La Ley les obliga, básicamente, a gestionar el repertorio de sus socios (tanto directos como indirectos, por los acuerdos de reciprocidad firmados con entidades de todo el mundo), lo que implica que toda persona que haga uso de su repertorio deberá abonarle una cantidad, que dependerá del tipo de utilización, de la actividad de la empresa, de su tamaño, etc. Esto implica que estas entidades que deben estar autorizadas por el Ministerio de Cultura tienen la obligación de exigir el pago a todo aquel que utilice su repertorio, ya sea con o sin fines comerciales (una discoteca, una web o un concierto benéfico), para su posterior reparto a sus socios (las cuentas todos los años se quedan a cero). Estas entidades no son dueñas de ninguna obra, sino que únicamente gestionan las obras de sus socios, que a través del contrato de membresía les encomiendan la gestión incondicionada de su repertorio.

Aunque esto puede ser aparentemente sencillo, las últimas noticias sobre la SGAE nos demuestran una vez más que quizá los medios de comunicación (y determinadas empresas) no tienen demasiado claro la razón de ser de estas entidades. Como ejemplo algunas de las últimas noticias sobre la Sociedad General de Autores y Editores: “Las peluquerías catalanas protestan por el canon de la SGAE“, “Competencia acusa a la SGAE de tarifas abusivas“, “Los centros de mayores tienen que pagar a la SGAE por ver la televisión“, La SGAE deja al Club de Fútbol Badalona sin su himno centenario, entre otras. Como dije en los anteriores posts, me llama mucho la atención el tratamiento que hacen los medios de comunicación a estas noticias amarillistas, que lejos de intentar explicar el trasfondo de las mismas, se limitan a dar un tratamiento sesgado sobre el asunto.

Cuando doy clases siempre salen estas polémicas y explico que, a efectos legales, SGAE es un proveedor más de una peluquería o de un equipo de fútbol, de forma que si estos negocios hace uso de la música como servicio para amenizar a sus clientes, deberán abonar los mismos igual que pagan a Iberdrola o a Endesa. Las entidades de gestión, en virtud del art. 152 LPI tienen la obligación de gestionar los derechos de sus socios así como cobrar a todos aquellos que hagan uso del mismo, sin discriminar si esta utilización se hace con o sin ánimo de lucro (de nuevo, SGAE es un proveedor más, así que si Telefónica cobra por utilizar sus líneas para gestionar un concierto benéfico, las entidades de gestión también tienen la obligación legal de hacerlo). No hay más que leer este Título IV del Libro III de la LPI para darse cuenta de las obligaciones de las entidades de gestión y de que si cobran es porque, por esa cesión fiduciaria, tienen la obligación de hacerlo.

Cuestión diferente es si, como sociedad, creemos que se deben establecer límites a esta obligación de recaudar en todo caso, estableciendo determinadas excepciones por fines solidarios o de interés general, en cuyo caso deberíamos cambiar la Ley de Propiedad Intelectual para, de forma taxativa, establecer estas excepciones (y, siguiendo un principio de igualdad, obligar a los otros proveedores a ofrecer determinados servicios de forma gratuita).

Antes decía que las entidades de gestión tenían una (in)merecida fama porque, por un lado, han tenido unos departamentos de comunicación objetivamente nefastos con una nula capacidad para explicar no sólo sus obligaciones, sino también otras actividades positivas que realizan, pero por otro lado, están teniendo a todos los medios de comunicación en su contra, que parecen tener un inexplicable deseo por sacar el más mínimo trapo sucio que haga dilapidar aún más la mermada reputación de estas entidades gestoras.

Como iré expresando en los próximos posts, soy un absoluto defensor y creyente de las entidades de gestión, si bien no de las que tenemos actualmente. Creo que su existencia está hoy en día más justificada que nunca dado los numerosos usuarios de contenidos que existen en la actualidad (radios, televisiones, comercios, operadores de telecomunicaciones, etc. que quieren tener la capacidad de explotar cualquier contenido con las mínimas autorizaciones posibles), si bien creo que las mismas se deben modificar radicalmente para abandonar determinadas actividades (inversiones inmobiliarias y teatrales, competencia con indies y con empresas de tecnologías, etc.) que no hacen sino empeorar su denostada imagen pública.

En el próximo post hablaré de otro tema polémico, las ansiadas Licencias Paneuropeas.

¿Es necesaria una Agencia de la Propiedad Intelectual? | Monday 9 February 2009

Llevo desde hace meses con esta entrada a medio escribir en mi sección de “borradores”, que no he publicado por diferentes motivos, uno de ellos la falta de tiempo. En España, a diferencia de otros países, carecemos de una Agencia de la Propiedad Intelectual, no sé si por falta de voluntad política, por falta de necesidad o por cualquier otro motivo, aunque lo cierto es que creo que esta entidad podría poner soluciones a la cada día más conflictiva propiedad intelectual.

En las últimas elecciones generales, el candidato Mariano Rajoy incluyó en su programa electoral (entre otras medidas más o menos populistas) la creación de una Agencia de Propiedad Intelectual que se utilizaría como “el instrumento básico para impulsar la innovación, el respeto a la propiedad y la máxima difusión de la cultura a través de las nuevas tecnologías.” (propuesta 156). Como bien analizó David Fdez. Mena en su momento, parecía una propuesta vacía de contenido y electoralista, aunque creo que en la actualidad una Agencia de este tipo sería más útil que nunca.

Hace poco comentaba con un amigo la necesidad de esta oficina pública y él, como buen europeísta, abogaba por crearla en Europa para que tuviese una mayor competencia geográfica; no dudo que esto sería lo idóneo, pero viendo lo que cuesta que salgan adelante determinadas cosas en Europa, creo que podríamos empezar por plantear la propuesta a nivel nacional para luego ser ambiciosos y trasladarlo al resto del continente.

La propuesta no es original, ya existen oficinas públicas de propiedad intelectual en otros países y en muchos casos, como el americano (que es el que mejor conozco), con notable actividad y éxito. Una Agencia de Propiedad Intelectual tendría la no sencilla tarea de equilibrar y mediar entre los siempre conflictivos intereses de titulares de derechos, consumidores de contenidos y usuarios, hoy más en boga que nunca.

¿Cuáles serían las competencias de esta Agencia de Propiedad Intelectual?

- Control más efectivo de las Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual: la competencia material de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual está constantemente en entredicho, así como su función, recaudación y en general, la gestión de derechos que éstas realizan. En la actualidad, las entidades de gestión son auditadas anualmente por empresas privadas, con unos resultados que deben ser entregados al Ministerio de Cultura y que salvo manifiestas irregularidades, no son discutidos.

Los que trabajamos a diario en este mundo de la propiedad intelectual conocemos las bondades y defectos de estas entidades que aunque útiles, pueden ser mejoradas con una verdadera supervisión externa que les obligue a aplicar mejores baremos de reparto, que les controle sobre determinados expendios y que, en general, tenga el objetivo de mejorar tanto la gestión como la imagen de estas entidades con extraordinarias capacidades otorgadas por vía legislativa.

- Impulsar cambios legislativos para modernizar la Ley de Propiedad Intelectual: yo soy de los que pienso que, salvando evidentes deficiencias, tenemos una LPI decente. Ello no implica que esta Ley deba ser objeto de una gran revisión para salvar determinadas incoherencias (como el escaso “derecho de cita”), sobretodo las que sobrevienen por el constante avance de las nuevas tecnologías. Esta Agencia de Propiedad Intelectual trabajaría como Observatorio de la Sociedad de la Información y de la Propiedad Intelectual, consultando a las diferentes partes implicadas, y proponiendo cambios legislativos o reglamentarios que permitiese elaborar normas más ágiles y acordes a la realidad.

La Ley de Propiedad Intelectual debe responder a los avances tecnológicos y, sin perder los principios vertebradores del Convenio de Berna, ofrecer soluciones a los problemas que constantemente se generan.

- Gestión de la compensación equitativa por copia privada: yo soy un acérrimo defensor de la copia privada, especialmente en estos tiempos en los que copiar obras es más fácil que nunca. Considerando que los autores tienen un derecho exclusivo sobre sus obras, si les impedimos ejercitar su derecho exclusivo de autorizar toda reproducción, debemos establecer un sistema indemnizatorio (o compensatorio) que mitigue el impacto de esa reproducción no autorizada expresamente. El binomio “copia privada + compensación equitativa” creo que no es sólo justo sino necesario. Ahora bien, ello no implica que debamos configurar este “canon” como lo realizó el pasado año la Orden Ministerial 1743/2008, con criterios arbitrarios, basados en la imprecisa “cuenta de la vieja” y por el que se paga por dispositivos no idóneos para realizar copias privadas.

La Agencia de Propiedad Intelectual no sólo debería configurar de forma más justa esta compensación, sino que sería la encargada de gestionarlo, reteniendo un porcentaje para sufragar los gastos de la propia Agencia y repartiendo lo recaudado entre las diferentes entidades de gestión, para su posterior distribución a sus socios en base a los criterios y baremos ofrecidos por la propia Agencia. Esta labor de gestión de la Agencia estaría basada en la transparencia y en el consenso, con el objetivo de que esta compensación deje de ser cuestionada en cada momento, tanto socialmente como en los tribunales de justicia. Habría, por lo tanto, una primera vía de recurso ante la propia Agencia, que serviría de filtro para no saturar los muy mermados tribunales de justicia.

- Establecimiento de tarifas equitativas de los derechos de simple remuneración: otro de los temas más polémicos de la Ley de Propiedad Intelectual (y que ha generado interesantes juicios y reclamaciones ante el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia) son las tarifas generales que la Ley establece que se aplicarán a aquellos que deseen explotar determinado contenido administrado por entidades de gestión, tarifas impuestas unilateralmente por estas sociedades y que no son más que depositadas anualmente en el Ministerio de Cultura.

Esta Agencia de la Propiedad Intelectual tendría igualmente la capacidad de establecer estas tarifas para evitar la recurrente conflictividad de las mismas, evitando criterios arbitrarios constantemente puestos en entredicho por los consumidores de obras y prestaciones protegidas.

- Realizar actividades informativas sobre la necesidad de protección de las obras y prestaciones establecidas en la LPI: una de las batallas que actualmente están perdiendo los titulares de derechos de propiedad intelectual es que la sociedad sea consciente de que si la Ley no protege de alguna forma a quien invierte 50 millones de euros en una película, difícilmente habrá personas que decidan invertir su dinero en crearlas. Uno de los grandes errores de las entidades de gestión ha sido su incapacidad de transmitir este mensaje a una sociedad que relaciona la imagen de un artista con una persona caprichosa, irreflexiva y con una casa en Miami.

Los que tratamos a diario con autores, artistas y productores sabemos que ni unos son adinerados empresarios, ni los otros están en una situación de bonanza económica, y lo único que protege el fruto de su trabajo es una ley que está constantemente cuestionada. Esta Agencia llevaría a cabo campañas informativas (que no de adoctrinamiento) tendentes a informar a los ciudadanos la necesidad de proteger estas creaciones, lo que repercutiría en un mayor respeto de los derechos de los autores.

- Autorizar la explotación de las denominadas “Obras Huérfanas”: Las obras huérfanas son aquellas cuyos titulares de derechos están desaparecidos o que no son fácilmente localizables, provocando la situación de que alguien que desee hacer uso de estas obras no podrá hacerlo por no poder contar con su autorización (lo cual redunda en perjuicio de la sociedad, que no podrá disfrutar dicha explotación). Gobiernos como el de Canadá han establecido un sistema por el que una agencia estatal estará capacitada a otorgar autorizaciones para explotar obras si la persona que quiere hacer uso de ella demuestra que ha realizado gestiones razonables para localizar a sus titulares de derechos, con un resultado negativo.

De esta forma, la Agencia Estatal autorizaría la explotación, reteniendo la remuneración establecida a la espera de que el titular de derecho la reclame. Es un sistema que plantea interrogantes y que pone ciertos límites a la exclusividad de los derechos de los titulares de obras y prestaciones, aunque ello se hace a favor del interés público y basado en un sistema regulado y razonable.

- Depósito de Medidas Tecnológicas de Protección para los beneficiarios de cualquiera de los límites establecidos en la Ley: el artículo 161.2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que determinados beneficiarios del límite de copia privada que no puedan hacer uso del mismo por la imposición de una medida tecnológica (DRM), podrán acudir a la jurisdicción civil para exigir el levantamiento de la misma, lo cual -desde mi punto de vista- supone “matar moscas a cañonazos” e implicaría (utilizado de forma masiva) un mayor colapso de los tribunales de justicia.

Esta obligación del artículo 161.2 LPI podría solventarse fácilmente a través de la Agencia, que sería la depositaria de estas medidas y de sus “contramedidas” para facilitar a los beneficiarios de los límites, el difrute de los mismos, ello a través de un procedimiento asequible, ágil y proporcionado al fin que se pretende alcanzar.

- Modernización y mantenimiento del Registro de Propiedad Intelectual: no sólo estoy a favor de la copia privada, sino de la existencia del Registro de la Propiedad Intelectual como herramienta para demostrar la existencia de una obra con anterioridad a la de un posible infractor, especialmente en esta era digital en la que es posible publicar obras sin ISBNs, ISRCs y otros sistemas que pudiesen demostrar la existencia de una obra en un momento determinado.

El Registro (oficial) de la Propiedad Intelectual se ha quedado desfasado en comparación con otros registros privados (como RegisteredCommons o Safe Creative), al no ofrecer una buena herramienta ágil y online que permita inscribir las obras de forma telemática. Si tradicionalmente la existencia de una obra podía ser demostrada fácilmente por la controlada divulgación de obras, Internet ha permitido que cualquiera pueda ser divulgador de sus obras, no pudiendo demostrar la existencia de las mismas más que a través de este registro, tan infrautilizado en nuestro país.

- Arbitraje en conflictos sobre propiedad intelectual: no es un secreto que la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura (art. 158 LPI) es un fracaso, no tanto por su configuración como por el hecho de que en casi 20 años de historia no haya dictado ni una sola resolución (a diferencia de la más activa Americana). Lo que en principio se articulaba como un medio para resolver conflictos en materia de propiedad intelectual, se ha convertido a la postre en un organismo inútil y rechazado por todos. Sin perder el carácter voluntario de esta vía, la Agencia debería potenciar esta Comisión que, de nuevo, tiene más sentido que nunca en nuestros días, con multitud de partes involucradas en la explotación de contenidos, con no pocos conflictos entre ellos.

- Fomentar el acceso a obras del dominio público: el dominio público, compuesto por obras cuyos derechos de explotación pueden ser libremente dispuestos por todos por haber expirado su plazo de protección, está preocupantemente infrautilizado en la actualidad. Existen cientos de miles de obras que ya han caído en el dominio público y que en la actualidad están olvidadas en las estanterías de muchas bibliotecas, formando un fondo de catálogo de difícil acceso y que no puede ser disfrutado por los ciudadanos. Los poderes públicos deberían fomentar el acceso a estas obras caídas en el dominio público, especialmente gracias a las nuevas técnicas de escaneo y distribución que permiten al acceso y disfrute de estas obras en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La Agencia de Propiedad Intelectual, como ente dependiente del Gobierno, podría intermediar y llegar a acuerdos con entidades privadas (como Google) deseosas de explotar las miles de obras que descansan en la Biblioteca Nacional de España, en la Filmoteca Española, y en los muchos archivos nacionales y autonómicos depositarios del patrimonio cultural español.

En definitiva, la Agencia de la Propiedad Intelectual se configuraría como un ente público con personalidad jurídica propia, al igual que la Agencia Española de Protección de Datos, con suficiente autonomía y líneas de actuación para mejorar la gestión y explotación de los derechos de propiedad intelectual. No creo que se deba erigir como el muchas veces planteado “órgano administrativo competente” de la LSSI y así, no centrarse tanto en evitar infracciones (para eso creo que ya están los tribunales de justicia) o en desarrollar acciones contra la piratería (nadie mejor que los titulares de derechos para defender sus intereses), como en poner orden y mesura entre tanto caos.

Es ésta una reflexión “a vuela pluma” que me gustaría que fuese discutida y desarrollada por vosotros, con vuestras matizaciones y correcciones, aunque el mensaje final que quiero dejar es que creo que es posible y necesario crear una Agencia Estatal que gestione y desarrolle determinados aspectos controvertidos de la Propiedad Intelectual, todo ello en beneficio de autores y titulares de derechos conexos, y de los explotadores de los mismos, que aunque deberán realizar concesiones, podrían encontrar la necesitada paz de la que actualmente adolecemos.

Sobre la autogestión y la conveniencia de la misma | Monday 10 November 2008

Uno de los motivos por los que no pude escribir nada la semana pasada fue porque el miércoles estuve participando en el ForumTech de Valencia en una mesa sobre contenidos digitales, representando a Safe Creative.  En la mesa estaba, además, Creative Commons España (representado por Ignasi Labastida), AISGE (entidad de gestión de actores, dobladores, directores de escena y bailarines), EXGAE, AEITC (Asociación de Empresas Tecnológicas) y la Televisión Valenciana (TVV).

Lo cierto es que cuando me dijeron los ponentes, me sorprendió mucho la valentía de la organización de invitar a empresas con intereses e ideologías completamente contrapuestas, como pueden ser AISGE y EXGAE, algo que creo que quedó plasmado en sus intervenciones. Aunque la mesa redonda tenía como título “¿Derechos de Autor en las nuevas plataformas de distribución?” (incluyéndose igualmente los derechos afines a los de autor), al final debatimos principalmente sobre la autogestión de los autores en el entorno digital, de sus ventajas e inconvenientes.

Aunque iba en representación de Safe Creative, mi postura concuerda al 100% con la filosofía de esta empresa y con las funcionalidades que su servicio ofrece, por lo que pude decir abiertamente lo que opinaba. Desde mi punto de vista, la gestión colectiva de derechos es una realidad inevitable, ya no sólo desde el punto de vista de los autores (que gracias a esta gestión pueden obtener ingresos por determinadas explotaciones difíciles de controlar), sino de los usuarios, es decir, de aquellos que desean explotar las obras creadas por otro, y que verían muy difícil pedir autorización de forma individual a cada autor cuya obra quisiese explotar, siendo más práctico para ellos acudir a un entidad que gestiona derechos y que es capaz de otorgar dicha autorización de forma global.

La representante de TVV explicó que, para poder poner música, películas o cualquier otro tipo de obras o prestaciones protegidas, ha tenido que llegar a acuerdos con SGAE, DAMA, AISGE, AIE, AGEDI, EGEDA y VEGAP (casi nada), y que si se llevase a cabo una completa autogestión por parte de los titulares de derechos, no tendría que llegar a acuerdos con 7 entidades de gestión, sino con miles de titulares de derechos. Esto se traduciría en la práctica en que los usuarios explotarían los contenidos y esperarían a que sus titulares les reclamasen, ante la imposibilidad de pedir autorización a cada titular de derechos (imaginaos el caso de una canción, compuesta por varios letristas y compositores; alguien que la comunique públicamente debería recabar la autorización de todos sus titulares de derechos). La abogada de TVV iba más lejos, y reclamaba la creación de una “ventanilla única” (demanda frecuente de los usuarios de contenidos) por la que se adquiriesen las autorizaciones que a día de hoy dan de forma separada todas las entidades de gestión.

En el lado opuesto estaba la gestora cultural representante de EXGAE, que apostaba por la autogestión del contenido y porque los creadores de contenidos administrasen directamente sus derechos a través de licencias como Creative Commons y de autorizaciones particulares cuando los usos no estuviesen amparadas por las primeras, criticando al mismo tiempo el abuso e ineficacia de determinadas entidades de gestión. Esta opción es una auténtica alternativa, no complementaria con la mayoría de entidades de gestión españolas, que tiene sus pros y sus contras, que gusta a los “nuevos creadores”, pero que adolece de practicidad para los usuarios de contenidos.

Como he dicho antes, creo que las entidades de gestión cumplen una función muy útil para sus representados, y es llegar donde por motivos obvios ellos no pueden hacerlo, controlando y supervisando parte de las explotaciones que se hace de su repertorio. Pero entiendo que hay una solución intermedia entre ambos sistemas que no sólo es factible (funciona bien en otros países), sino que beneficiaría tanto a los autores (que tendrían más flexibilidad sobre sus obras) como a las entidades de gestión (mejorarían su imagen pública), y esta solución pasa porque la gestión que realizan estas entidades tuvieran carácter no exclusivo.

A día de hoy, un titular de derechos socio de una entidad de gestión no está capacitado para utilizar este tipo de licencias porque la gestión de estas entidades es en exclusiva y para toda su obra (presente y futura), lo que puede incluso ir en contradicción con lo establecido en el artículo 153 LPI (tal y como resaltó la representante de EXGAE).

Por eso creo que las entidades de gestión deberían cambiar hacia un escenario de gestión de derechos de forma no exclusiva en la que los titulares de derechos pudieran utilizar este tipo de licencias o realizar autorizaciones particulares para determinados casos, como ya se hace en países como EE.UU. Precisamente hoy leo que CEDRO anuncia la modificación de su contrato de adhesión para adaptarlos a las necesidades de los socios, considerando el mandato conferido para la gestión de derechos en el ámbito digital, como no exclusivo, lo que permitiría la utilización de estas “licencias libres”.

Evidentemente esto no gusta a todas estas entidades, al considerar que dificultaría muchísimo la gestión de una obra, por tener que identificar si un determinado usuario estaba capacitado para explotar la obra al margen de la autorización de la entidad. Las nuevas tecnologías de identificación de obras (fingerprints y watermarks, generalmente) que ya utilizan algunas entidades de gestión hacen posible esta gestión individualizada, aunque, para el “mundo analógico” podría llegarse a entender que una entidad está capacitada para gestionar la obra de un socio suyo, pero que quien hace uso de una de estas licencias tiene la carga de probar que no está obligado al pago reclamado por tal sociedad recaudadora.

La completa autogestión de derechos ofrece gran versatilidad a un autor novel, pero entiendo que se muestra insuficiente cuando su obra se explota de forma masiva (a través de medios de comunicación, bares, discotecas, etc.), que hace imposible al autor exigir una remuneración por cada pequeña explotación comercial de su obra. La solución intermedia obliga a las entidades de gestión actualizar y mejorar sus criterios de gestión y recaudación, pero a la larga creo que es un camino que deberán tomar de forma inevitable.

Al final, la única conclusión es que queda mucho por andar para conseguir una gestión de derechos de propiedad intelectual más versátil, precisa y que satisfaga a todas las partes.

Acuerdo SGAE, PeerMusic y MCPS-PRS | Monday 28 January 2008

Como ya os dije en el post anterior, estos días me encuentro en Cannes en el MIDEM, la feria de la industria musical por excelencia, aunque cada año es menos (según cuentan los viejos del lugar). Ya os contaré más sobre lo que aquí se comenta, ahora os quiero comentar los interesantes movimientos que se están produciendo entre las entidades de gestión de toda Europa, siguiendo la tendencia del años pasados.

Hace apenas media hora, la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), Peer Music y MCPS-PRS (simplificando, la “sgae” inglesa) han realizado una rueda de prensa en la que han presentado el acuerdo al que han llegado para que SGAE y MCPS-PRS gestionen en exclusiva el repertorio de Peer Music (primera editorial “independiente”) en Europa para Internet y móviles, la primera del repertorio latino de la editorial y la segunda del agloamericano.

dsc01999.JPG

Estábamos en una sala pequeña, aunque repleta de medios; después de la presentación en inglés, Pablo Hernández, director del departamento jurídico de SGAE ha hecho su particular rueda de prensa “a petit comité” para los medios españoles, precisando un poco más los términos de este acuerdo, que a pesar de la repercusión mediática que tendrá, dudo que sea entendido por los que no se dedican a este medio (y sobretodo que le importen lo más mínimo).

El acuerdo supone un primer paso hacia el futuro que ha “recomendó” la Comisión Europea en 2005, un entorno comunitario en el que las entidades de gestión compitan entre sí, ofreciendo ventajas a los posibles asociados y sobretodo a los usuarios de sus repertorios, lo que, teóricamente, redundará positivamente en los consumidores.

El acuerdo, que ha estado más de seis meses fraguándose, implicará que quien quiera usar el repertorio latino en Europa de Peer Music (que es americana) para Internet y móviles tendrá que pasar por SGAE, y no, como hasta ahora se hacía, a cualquiera de las entidades de gestión europeas. Esto pretenden que sea un primer paso para que otras editoriales se adhieran a este acuerdo y hagan uso de los recursos de SGAE y MCPS-PRS para la gestión de sus repertorios; dicen que ya están en negociación con otras editoriales musicales, sobretodo para especializarse en repertorio latino.

Pero el pastel se está repartiendo para todo el mundo; justo después de esta rueda de prensa, SACEM y Universal presentaban un acuerdo similar, y GEMA (la alemana) y EMI ya acordaron algo similar en verano de 2007 así que supongo que nos tendremos que ir acostumbrando a este tipo de acuerdos que dejarán en un lugar muy peligroso a aquellas entidades europeas con menos poder y que podrían dejar de tener repertorio que gestionar.

¿Y cómo se compatibilizarían todos estos acuerdos? Justo en el MIDEM del año pasado se presentó un acuerdo entre las entidades de España, Francia e Italia para gestionar conjuntamente sus respectivos repertorios a través del sistema “Armonia“, a la que se ha unido (que yo conozca) también la GEMA, por lo que éste será el medio desde el que se gestionarán todos estos acuerdos pan-europeos.

Pasamos entonces de entidades de gestión que administran el repertorio global de forma territorial a entidades que gestionan repertorios particulares con amplitud europea.

Mañana intentaré hacer un análisis del MIDEM y de qué se habla del enfermizo (dadle la connotación que queráis) mercado musical.

multistory-speaker