Blog Interiuris – Andy Ramos, Propiedad Intelectual – Derechos de Autor – Derechos de Internet – Noticias, Reflexiones, Comentarios…

Ayer comenzó a funcionar en EE.UU. su nuevo Sistema de Alertas de Copyright (Copyright Alert System), dirigido y gestionado por el Center for Copyright Information, una asociación privada formada por la mayoría de la industria audiovisual y musical (RIAA, MPAA, IFTA, A2IM) y por los principales prestadores de servicios de conexión a Internet (AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner Cable, and Verizon). Después de varios años de negociaciones, los miembros de la asociación han ideado un sistema orientado a educar a los usuarios de Internet que, de manera frecuente, descargan obras y prestaciones protegidas que han sido facilitadas sin las preceptivas autorizaciones. No es un sistema ideado para restringir, sino para educar; de ahí la novedad y su razonabilidad. Además, si se alcanza gracias a un convenio sectorial entre las partes implicadas, aún mejor, ya que su sometimiento es voluntario y la predisposición de todos será mejor.

Mientras que otros países, como Corea del Sur y Francia, han optado por sistemas netamente coercitivos, que incluso contemplan la posibilidad de interrumpir el servicio al usuario que, de manera reiterada, infrinja derechos de propiedad intelectual, EE.UU. (creo) ha elegido el camino correcto, estableciendo un sistema menos agresivo para el usuario, más orientado a la educación que a la restricción. El objetivo de cualquier sistema que luche contra las descargas ilegales tiene que pasar por hacer entender al usuario que ya hay una oferta legal de contenidos, para convertir a un usuario de contenidos ilícitos, en un nuevo cliente de servicios legítimos. Cualquier solución a la piratería pasa por la educación y por la oferta abundante de contenidos autorizados.

El sistema utiliza tecnología de reconocimiento de archivos (fingerprinting) para identificar obras y prestaciones protegidas que estén circulando por las redes de manera desautorizada (principalmente en redes P2P); una vez identificado el archivo y la/s IPs involucradas, se facilitan esos datos a los ISP, que son los que pueden identificar al abonado al que se le asignó dicha IP, y les envían una notificación, informándoles de que están infringiendo derechos de propiedad intelectual. Los titulares de derechos (ni otro tercero) no reciben en ningún momento dato de carácter personal alguno, ya que la notificación la realiza directamente el ISP que, voluntariamente, se ha unido a este sistema. El mecanismo contempla el envío de hasta 6 notificaciones, incrementando paulatinamente el tono de los mismos, hasta la adopción de “Medidas Mitigadoras” (nunca la desconexión a Internet, como en Francia), que pueden ser: reducción de la velocidad de Internet; redirección a una página informativa cada vez que se accede a Internet, hasta que se contacta con el ISP; redirección a una página informativa, donde se tiene que contestar a un cuestionario.

Es evidente que hay que buscar soluciones a la descarga masiva de archivos a través de Internet. Hace unas semanas fui a dar clase a un máster de esta materia y me llamó poderosamente la atención que ni uno solo de los 20 alumnos que allí estaban (supuestamente interesados en este área del Derecho), había pagado nunca por disfrutar de una canción, una película o una serie en Internet. Todos reconocían que mientras no hubiese algún tipo de restricción al acceso de archivos ilícitos, no acudirían a servicios legales como Filmin, Google Play, Yomvi o iTunes. Ese es un problema de mentalidad (lo hago porque puedo y mientras pueda, y me da igual si está bien o no), que podría solucionarse con este tipo de sistemas razonables, equilibrados y proporcionales, así como con la creciente disponibilidad de contenidos en Internet (a través de estos y otros servicios).

Estaré atento a los resultados que obtenga este sistema, visto que la Hadopi no está dando los frutos previstos en Francia y que todavía (y llevamos ya más de una década) no se ha encontrado el mecanismo idóneo para invertir el porcentaje de archivos legítimos/ilegales que circulan por Internet.

Hoy se estrena simultáneamente en Internet, TV, Cine y DVD “Carmina o Revienta”, la primera película del actor Paco León, siendo la primera película española que decide olvidarse de las tradicionales ventanas de explotación (Cine – VoD – Venta – TV de pago – TV en abierto…) para apostar por la multiplataforma, por la ubicuidad y por otra forma de explotar una obra cinematográfica.

Hace la friolera de 6 años, comentaba en el blog cómo Steven Soderbergh había decidido explotar su película “Bubble” de forma casi simultánea en los cines, por cable y DVD (por entonces, no había plataformas online de explotación de cine). Este experimento no le salió bien del todo a los multimillonarios Mark Cuban y a Togg Wagner (que fueron quienes financiaron la operación) porque no pudieron cubrir costes, pero en cualquier caso sirvió como buen experimento.

Dos años más tarde, en octubre de 2008, daba cuenta de que Filmin había creado una sala de cine virtual para explotar la película española “Tiro en la Cabeza”, de Jaime Rosales (la revelación ese año en los Goya), para lo cual tuvo que pedir un permiso especial al Ministerio de Cultura para saltarse esa anacrónica limitación que establecía una Orden Ministerial, que decía que una película no podía estar en el mercado doméstico antes de 4 meses después de su estreno, y ello para poder conseguir las ayudas del ICAA.

Ahora es Paco León quien da un paso más hacia el cambio de la industria, estrenando su ópera prima en todas las plataformas posibles, y a precios más que asequibles: VoD a partir de 1.95 €; DVD a 5,99 €; y el cine a 8 € (a esta hora, hay unas 25 personas para los cines Ideal). Esta iniciativa, que tanta publicidad le está dando a la película (con el consiguiente ahorro en marketing), se ha podido hacer por el reducido coste de la película, por la determinación del productor (a pesar de las amenazas de los exhibidores) y por la buena crítica que ha recibido. Es indudable que esta fórmula no es aplicable a otra de las películas que se estrena hoy, como “The Amazing Spider-Man”, o a películas que no tienen el gancho de un actor tan de moda, pero lo importante es que demuestra que hay otra forma de hacer las cosas y que no hay que seguir en todos los casos la estática explotación basada en ventanas.

Espero que no pase tanto tiempo hasta ver otra película que sigue este mismo camino. La evolución se está consiguiendo poco a poco; primero suprimiendo absurdas imposiciones legales para películas que obtienen ayudas públicas, y después con iniciativas que demuestran que se puede ser creativo.

Probablemente, en unos años, podamos ver en nuestra casa una película que se está estrenando en los cines (quizá no a 1,95 €, pero sí a 10 ó 15 €), y será gracias a aventureros como Paco León, que ha demostrando determinación y coraje.

Os dejo que voy a ver la película en Filmin.

Casi tres meses sin publicar en el blog por culpa de los cada vez más compromisos profesionales, pero no podía pasar ni un día más sin escribir aquí porque éste está siendo el comienzo de año más trepidante de los últimos años en lo que respecta a los Derechos de Propiedad Intelectual.

Terminamos 2011 con la aprobación del Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, aquella cuya Sección Segunda se encargará de poner en marcha la conocida “Ley Sinde” y empezamos con la oposición de los principales sitios de Internet (Wikipedia, Google, WordPress…) a las iniciativas legislativas americanas “Stop Online Piracy Act“ (más conocida como SOPA, por sus siglas en inglés) y “Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act” (más conocidas como Protect IP Act o PIPA -me encanta cómo los americanos sacan acrónimos de la nada-). A ambas me referiré más adelante.

Porque la noticia del día de hoy es el cierre del megasitio de megadescargas, MegaUpload (y todas sus webs hermanas), así como la detención de varios de sus administradores, incluyendo a su excéntrico dueño, Kim “Dotcom”. El tema no puede ser más apasionante: años de investigación del FBI; 20 órdenes de registro en 9 países diferentes; bienes incautados por valor de 50 millones de dólares y el cierre de 18 páginas webs. Los cargos son también de envergadura: conspiración mafiosa, conspiración para infringir derechos de propiedad intelectual, conspiración para realizar lavado de dinero, y cargos por ofensas criminales por infringir derechos de propiedad intelectual. En total, podrían sumar cada uno hasta 50 años en prisión.

Durante cinco años hemos visto cómo sitios como MegaUpload, Rapidshare y similares almacenaban grandes cantidades de archivos, especialmente con contenido audiovisual y musical. Y lo hacían actuando con un doble rasero: por un lado decían que respetaban los derechos de propiedad intelectual (con vídeos como éste, que tanta polémica generó en Navidades, o facilitando una herramienta a los titulares de derechos para retirar archivos de forma inmediata), mientras que por otro realizaban actos que dejaban los anteriores en agua de borrajas: cuando un usuario subía un archivo, realizaban reproducciones del mismo para que, cuando un titular de derechos exigía su retirada, pudiesen facilitar otras copias a sus usuarios. Así, no sólo no impedían la piratería, sino que fomentaban a su propagación, al hacer ellos mismos las copias.

Mi experiencia profesional con MegaUpload era desesperante; aunque es cierto que, de las principales páginas de almacenamiento, era la única que ofrecía una herramienta para la retirada de archivos (lo cual se producía de forma inmediata), la realidad es que en menos de 24 horas, y por mor de la propia web, estaba de nuevo disponible el archivo.

Me ha llamado la atención el generalizado apoyo popular que ha recibido esta organización mafiosa y su página de referencia, MegaUpload (no hay más que ver los comentarios de las noticias), con especial asombro por algunos medios, que esta mañana publicaban artículos en los que parecían defender al popular sitio, argumentando su neutralidad y ese manido discurso de que la tecnología no es ni buena ni mala, sino el uso que el destinatario hace de ella. Efectivamente, nadie lo duda, la cuestión es que aquí, los administradores del site no se limitaban a poner un sitio donde almacenar archivos, sino que fomentaban (activa y pasivamente) la infracción de derechos (incurriendo en infracciones directas, cuando realizaban dichas copias por sí mismos). No hay más que ver los testimonios de los propios imputados para comprobar que eran perfectos conocedores de las infracciones que cometían, y que de neutrales tenían poco.

Me sigue sorprendiendo que algunos sigan acudiendo a los términos maximalistas de “libertad de expresión”, “privacidad” o “secreto de las comunicaciones” para tratar de defender a una organización que realizaba actos ilícitos, y a un servicio que se utilizaba de forma muy marginal para fines diferentes a la mera infracción. Porque Internet no está en peligro, justo lo contrario, gracias a acciones como éstas, iniciativas legítimas, creativas, innovadoras y garantistas como Youzee y Filmin tienen más posibilidades de salir adelante. Estoy de acuerdo que una buena experiencia de usuario y un buen catálogo son básicos para que un servicio pueda enganchar al usuario, pero es evidente que Internet, con sitios como Cinetube, Rapidshare o Fileserve, no genera actividad empresarial, sino que más bien la destruye.

Creo que hoy es un día importante para las alternativas legales a MegaUpload y que puede marcar un punto de inflexión para esta situación insostenible en la que un inmenso número de contenidos audiovisuales eran disfrutados en Internet sin remunerar a sus autores y productores (MegaUpload concentraba el 4% del tráfico mundial en la Red). Probablemente se vuelva al P2P y a otros sistemas descentralizados; nunca se va a poder paralizar por completo este tipo de actividades, pero sí es indudable que ahora ha llegado el momento de que proyectos como Filmin o Wuaki demuestren que pueden ofrecer contenido interesante y de calidad a todos aquellos que se han quedado huérfanos y desamparados por el cierre de MegaUpload.

Dejo mi reflexión sobre la SOPA y la PIPA para otro día.

Convulso principio de año para el fútbol nacional, primero con la huelga de futbolistas y luego con el pulso que se están echando las radios y la Liga de Fútbol Profesional (LFP), ante la decisión de ésta de gestionar (y cobrar un canon) por la retransmisión de los partidos de fútbol.

Antes de entrar en materia, decir que la opinión que reflejo en este post es meramente personal y que puedo transmitirla porque no asesoro a ninguno de los entes enfrentados en este asunto. En cualquier caso, es un tema muy interesante, especialmente porque aúna mis dos áreas de especialización: Derecho Deportivo y Derecho del Entretenimiento.

El enfrentamiento entre radios y la LFP (que actúa en representación de los clubes, excepto del Sevilla, que sí permite el acceso de las radios a su estadio) vuelve a resaltar esa entelequia que son los “Derechos sobre la Competición”, en este caso, de fútbol de Primera y Segunda División. En este sector, en muchas ocasiones se hace referencia a este tipo de derechos, discutiendo en diferentes actividades deportivas quién tiene los derechos sobre esos bienes intangibles que es un campeonato de baloncesto, balonmano, tenis o petanca. Es decir, ¿se puede monopolizar la información y la explotación de una determinada actividad deportiva, o el derecho fundamental a informar impide tal explotación exclusiva?.

En este conflicto creo que se están confundiendo dos puntos diferentes: el derecho a transmitir información sobre un partido de fútbol, al derecho a impedir el acceso a un locutor de radio a un estadio si no paga un canon.

Creo que nadie discute que los clubes de fútbol están en su legítimo derecho a gestionar todos los aspectos de su actividad empresarial como estimen más conveniente, vendiendo los derechos televisivos, camisetas, merchandising, etc. como crean más rentable. Igualmente, y como espacios privados que son, los clubes pueden determinar el precio de las entradas de sus partidos, así como a quién se permite la entrada en los mismos. Por tanto, por mucho interés general pueda suscitar el fútbol, no podemos olvidar que se trata de una actividad empresarial privada y que los intangibles que se generen alrededor de ella pueden ser gestionados en exclusiva por quienes lo generan, esto es, por los clubes.

Las radios han vivido hasta ahora una situación privilegiada en nuestro país, ya que no sólo retransmitían un partido de fútbol sin abonar cantidad alguna (a diferencia de la televisión, o de a otros países, como EE.UU., en donde, por ejemplo, ESPN Radio tiene la exclusividad  de la retransmisión de determinados partidos de la liga de béisbol), sino que además podían utilizar de manera gratuita  las cabinas de las estadios para realizar sus programas deportivos. Porque, desde mi punto de vista, aunque las radios se han apresurado a decir que dicho canon veta su derecho de información, en realidad lo que les prohíben no es a informar, sino a utilizar sus infraestructuras de forma gratuita para desarrollar una actividad empresarial, como es un programa radiofónico, con publicidad y contratos millonarios.

Todos entendemos que si alguien quiere utilizar las barras de un estadio para vender refrescos y bocadillos (una actividad empresarial dentro de un recinto privado), debe pedir permiso al dueño (o arrendatario) del estadio. En el mismo sentido, creo que quien quiere utilizar las cabinas, electricidad, etc. de un estadio para realizar otra actividad empresarial (vender publicidad en programas de radio), debe igualmente pedir permiso al club por acceder y usar tales instalaciones.

Y aquí es donde entra en juego la distinción que mencionaba antes: la de transmitir información, de la de acceder a un recinto deportivo gratuitamente. Desde mi punto de vista, los clubes no pueden impedir que las radios (o cualquier otro medio) divulguen determinados datos fácticos de un evento (jugadores, horario, resultado en tiempo real, valoraciones, etc.) ya que semejante  información no puede ser protegida por derechos de propiedad intelectual ni, casi, de cualquier otra forma (parcialmente, entiende la doctrina, mediante Competencia Desleal).

Porque mientras, entiendo, que un club no puede evitar que se emita información sobre un partido de fútbol, sí tiene legitimación para impedir que una radio (o periódico, o página web…) entre en su estadio, si no es respetando unas determinadas condiciones. Y al contrario, no creo que las radios puedan exigir judicialmente la entrada en un estadio de fútbol para, al fin y al cabo, realizar una actividad empresarial, por mucha información que pueda haber detrás (se puede informar sobre un partido sin entrar en su estadio, como están haciendo en la actualidad o hacen cuando el partido es en algún país remoto y se retransmiten en base a las imágenes de televisión).

No cabe la menor duda de que la disputa es, en realidad, una lucha de intereses (de la LFP de maximizar los ingresos por la competición futbolística y de las radios de desarrollar una actividad empresarial al menor coste posible), conflicto en el que las radios parten con una posición privilegiada ya que cuentan con la simpatía del resto de medios de comunicación (muchos de los cuales ya pagan a la LFP y a los clubes) y con una mayor capacidad de influencia sobre el aficionado al fútbol. Si bien no es menos cierto que la competición de fútbol es una actividad empresarial, que genera un gran número de derechos (tangibles e intangibles) y que cualquiera que se lucre gracias a él (a través de camisetas, videojuegos, retransmisión por televisión, etc.) debe requerir autorización, especialmente si se utilizan medios ajenos para realizar dicha actividad.

Además, cada club es libre de permitir la entrada o no de las radios o de cualquier otra persona, y cualquier imposición en éste u otro sentido creo que iría en contra de la libertad de empresa, base de nuestro sistema económico. En definitiva, en un libre mercado, los clubes deben poder gestionar (directamente o mediante un tercero, por delegación) licencias exclusivas y no exclusivas que permitiesen a las radios competir entre sí para conseguir el monopolio de la retransmisión de un partido de fútbol desde el estadio, tal y como realizan desde hace años las televisiones sin que nadie discuta este modelo. No se puede impedir que cualquier persona dé datos sobre el partido (incluyendo el resultado), pero sí permitir únicamente el acceso a aquél que ha pagado por ello, para obtener una mejor posición sobre el resto y así explotarlo como mejor le convenga.

Supongo que finalmente las radios aceptarán, a regañadientes, que tienen que pagar por utilizar las instalaciones de los clubes y por retransmitir un partido de fútbol (no así por decir el resultado o cómo ha jugado un equipo, lo cual sí creo que está amparado por la libertad de información), aunque intuyo que será por un canon bastante bajo este año, para ir incrementándose los siguientes.

En definitivas cuentas, a todos nos gusta obtener lo máximo de nuestros activos, y a nadie nos gusta pagar por lo que hemos disfrutado gratuitamente durante años.

Después de un mes sin escribir, por fin encuentro un hueco para poder contar el viaje a Japón que realicé hace unas semanas, tal y como conté en el último párrafo del anterior post.

Lo cierto es que Japón es un país que sorprende, tanto por la diferencia cultural como por la propia personalidad de los nipones, extremadamente educados y respetuosos con sus conciudadanos. Lo primero que te encuentras nada más aterrizar en Narita son varios letreros recordándote que está prohibido introducir en el país objetos que vulneren las leyes de Propiedad Intelectual (y para nosotros, también las de Propiedad Industrial), y como ejemplo hay vitrinas en las que se pueden ver bolsos confiscados a viajeros que pretendían entrar en el país con tales objetos ilegales (los japoneses se deberán sorprender al comprobar lo fácil que es comprar un bolso falsificado en nuestro país y la “popularización” de los mismos).

En Ginza había tiendas de firmas de lujo de 4 y 5 plantas y por las calles y el metro, hombres y mujeres llevaban sus bolsos. El respeto y admiración por “la marca” era manifiesto.

He encontrado que la mezcla de tradición e innovación que hay en la cultura japonesa (con templos y modernos rascacielos a pocos metros de distancia) también se pueden encontrar en el área del ocio y del entretenimiento, con un evidente desarrollo tecnológico, pero con la conservación de lo fue la norma hace unos años. Llama la atención ver la presencia que Sega tiene en Akihabara, ir a tiendas de 4 plantas con videojuegos de plataforma clásicas (desde 8 bits, pasando por GameBoy, MasterSystem I y II, NeoGeo, etc.), y la importancia que sigue teniendo el soporte en su cultura del coleccionismo.

Tienda de videojuegos de segunda mano en Akihabara, algunos tan caros como uno nuevo para la PS3

Pero como digo, si algo me ha sorprendido es la aparente resistencia del soporte físico (tanto en audio como en vídeo), con enormes centros comerciales con miles de los más variopintos soportes, y en ellos con secciones dedicadas exclusivamente a soportes de alta definición (Super Audio CD, Blu-spec CD, Blu-Ray, etc.) que son más grandes que cualquier tienda de discos de nuestro país. La devoción de la cultura japonesa por la calidad es manifiesta y se podían encontrar en Akihabara decenas de pequeños establecimientos con equipos de alta fidelidad de varios miles de euros que hacían las delicias de cualquier audiófilo. La mayoría de los reproductores que vendían eran de Super Audio CD, y de vídeo, grabadores de Blu-Ray (el CD y el DVD ganaba en el software, no en el hardware).

Es sorprendente la potencia de tiendas de discos como Tower Records (increíble la tienda de Shibuya con ¡¡9 plantas!!) y HMV, desaparecidas o en decadencia en el resto del mundo; llama la atención que en la última planta de una tienda de ropa íntegramente femenina hubiese una tienda de Tower Records (y con gente dentro). Como curiosidad, en esta última tienda encontré un disco del grupo español Cola Jet Set, del sello independiente Elefant.

Tienda de His Master Voice al fondo, muy cerca de la tienda de Tower Records de Shibuya

De tecnología compré únicamente (que no es poco) el nuevo Sony Vaio P (al que, por cierto, ya le he metido la RC de Windows 7 porque de los 600 gr. que pesaba, creo que 599 serían del Vista), aunque sí me dejé llevar por mi pasión de coleccionista y compré unos cuantos discos, algunos de música japonesa (sobre todo J-Rock), y otros extranjeros en formatos difíciles de conseguir en España, como The Freewheelin’ de Bob Dylan en Super Audio CD, y por curiosidad, Live in Tokyo de Miles Davis en Blu-spec CD (más que un formato, una nueva forma de grabar CDs que no creo que Sony se atreva a lanzar fuera de Japón y que, sinceramente, apenas encuentra diferencias de sonido con un CD normal). Los precios no eran mucho mejores que en España, entre 5 y 18 euros por disco, pero la oferta daba auténtica envidia.

Disco Blu-Spec Cd. Como digo, no merece la pena.

Sobre el mercado online, no dispongo de cifras, pero viendo la cantidad de anuncios que se podían ver en las tiendas y en las calles con ofertas de música para el móviles (impresionante protagonista del día a día de los japoneses), intuyo que estará muy desarrollado. Un día pude preguntar a uno de los pocos japoneses que encontré que podía mantener una conversación en inglés, sobre la forma en la que accedían a la música y al cine, y me comentó (es la opinión de un único japonés, por lo que supongo que habrá que contrastarla con la de muchos otros) que iban al cine, compraban CDs, música por Internet o se la descargaban en el móvil. Sobre P2P, decía que conocía a gente que se descargaba contenidos a través de este tipo de redes, pero que no era ni de lejos una práctica habitual. La sensación que me dio todo ello es que Japón está realizando una buena transición, donde el entorno off-line y el on-line compiten en paridad y sin influencias de canales alternativos.

Como digo, no pude comprar más tecnología porque la gran parte de los productos que allí vendía estaban hechos únicamente para el mercado japonés, tanto los teléfonos móviles (constantemente en manos de sus dueños) como los reproductores de MP3 (que, excepto el iPod y poco más, estaban sólo en japonés). Además, algo que realmente me llamó la atención es que prácticamente todos los móviles y los MP3s tenían sintonizador de televisión (el equivalente a nuestro DVB-H), al igual que muchos coches. “El VOD está bien, pero mejor si además puedes verlo en directo ¿no?”, parecen estar pensando los japoneses. Sin duda un camino a seguir.

Me he ido con la sensación de haber estado en un pueblo educado y respetuoso con el prójimo, tremendamente amante del coleccionismo, apasionado por la calidad y las nuevas tecnologías, y donde los soportes compiten en iguales condiciones con los archivos digitales. Como en todos los viajes, hemos dejado varios sitios por visitar para tener una excusa perfecta para regresar… y espero que sea pronto.

El miércoles estuve comiendo con Gonzalo, desmenuzando (como siempre) la industria del cine y de la televisión, conjugando sus ideas de consultor con las mías de abogado. Los tiempos que estamos viviendo son realmente apasionantes, pero más lo serán los próximos años, una vez se hayan popularizado los PVRs y los discos duros multimedias (en mi caso y desde hace algo más de seis meses, rara vez veo televisión en directo gracias al iPlus); pero claro, este cambio en la forma de consumo contrasta con una legislación anclada en el pasado, en la prohibición de la publicidad subliminal y encubierta y en una directiva que no sabemos cómo se transpondrá en nuestro país.

Vayamos por partes.

El Título II de la Ley General de Publicidad (de 1988) habla de la Publicidad Ilícita, considerando como prohibida, entre otras, a la publicidad subliminal, definiéndola el artículo 7 de esta ley como aquella que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida. Además, el artículo 9.2 de la Ley 25/1994 (con el largo título de “por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de Disposiciones Legales, Reglamentarias y Administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de Radiodifusión Televisiva”) declara igualmente prohibida la publicidad y la televenta encubiertas.

Estas dos disposiciones legales no intentan más que prohibir de alguna forma, entre otros, el product placement (emplazamiento de producto, con mención, manipulación o posicionamiento), dejando espacio únicamente a la publicidad más tradicional. Las sanciones por hacer algo que es práctica habitual del sector pueden llegar hasta los 600.000 € y la suspensión o revocación de la autorización para prestar servicios de televisión, algo que a día de hoy no ha ocurrido. A la hora de la verdad, las productoras meten publicidad en sus programas de forma más o menos disimulada y rezan para que no les sancionen.

Así que, si está prohibido este tipo de publicidad ¿dónde está el truco? Las entidades de radiodifusión, ante un procedimiento sancionador, acuden inevitablemente a la definición que el artículo 3.d) de la Ley 25/1994 hace de la “publicidad encubierta“, que dice que es aquella que suponga la presentación verbal, visual o sonora, dentro de los programas, de los bienes, los servicios, el nombre, la marca, la actividad o los elementos comerciales propios de un empresario que ofrezca bienes y servicios y que tenga, por intención del operador de televisión, propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a su naturaleza. Además, ese mismo artículo dice a continuación que existirá intencionalidad cuando se haga a cambio de una remuneración, cualquiera sea su naturaleza.

El argumento de las cadenas de televisión, que son quienes pueden ser sancionadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, es que ellas se limitan a emitir la lata entregada por una productora, que es quien tiene control sobre el contenido de una serie o de un programa de televisión, por lo que no se cumple la intencionalidad del operador de televisión que exige la Ley, máxime cuando no son ellas las que reciben esa remuneración que mencioné antes. Aunque este argumento no se lo cree nadie porque es por todos sabido el control editorial que ejercen las televisiones sobre sus programas, a veces cuela y consiguen minorar o incluso eludir la sanción.

Desde un punto de vista más comercial, la crisis también está afectando a la industria televisiva; en el último año, las cadenas han recortado drásticamente los presupuesto de sus producciones, especialmente en series de ficción, teniendo las productoras que acudir (ahora más que nunca) al product placement para hacer rentable una producción. Si esto lo unimos al cambio de hábitos de consumo, la importancia del emplazamiento de producto será clave para el sostenimiento de una industria que depende de una publicidad que no sabremos cómo se colará en los hogares dentro de unos años.

Gonzalo contaba en su último post el caso de Estonia, que había recibido una advertencia de la Comisión por no cumplir las normas de la Unión Europea, en especial la Directiva de Televisión sin Fronteras (que desde la modificación de 2007 se llama Audiovisual Media Services Directive, para no limitarse a la radiodifusión televisiva y abarcar también al móvil o a Internet). La Comisión entiende que las entidades de radiodifusión estonios han incumplido esta directiva, al no incluir dentro del máximo de 12 minutos de publicidad por hora, las menciones “programa patrocinado por…”, discrepando el gobierno estonio, que entiende que tales espacios no entran dentro de tal cómputo. Desde mi punto de vista, y aunque el artículo 1.i) de la Directiva deja poco margen para que algo no sea considerado “publicidad televisiva”, el nuevo artículo 18.2 excluye de ese 20% máximo de publicidad a los anuncios de patrocinio y al product placement. En cualquier caso, coincido con Gonzalo en que se están peleando por un tipo de publicidad que si bien no se eliminará completamente, sí reducirá su importancia en los próximos años.

Esta directiva tan mala puede traer algo de esperanza a un sector que dependerá irremediablemente del emplazamiento de producto y de nuevas formas de publicidad, al establecer ciertas reglas para la permisividad de este tipo de publicidad. El artículo 3 octies prohibe, como norma general, el emplazamiento de producto, aunque posteriormente permite a los Estados Miembros su admisión en:

- obras cinematográficas, películas y series [excepto los programas infantiles] realizadas para servicios de comunicación audiovisual, programas deportivos y programas de entretenimiento, o

- los casos en que no se produce ningún pago, sino únicamente el suministro gratuito de determinados bienes o servicios, como las ayudas materiales a la producción o los premios, con miras a su inclusión en un programa.

…

Los programas que contengan emplazamiento de producto observarán, al menos, todos los requisitos siguientes:

a) bajo ninguna circunstancia se podrá influir en su contenido y, en el caso de las radiodifusiones televisivas, en su horario de programación de manera que se vea afectada la responsabilidad e independencia editorial del prestador del servicio de comunicación;

b) no incitarán directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios, en particular mediante referencias de promoción concretas a dichos bienes o servicios;

c) no darán una prominencia indebida a los productos de que se trate;

d) los espectadores deberán ser claramente informados de la existencia emplazamiento de producto. Los programas que contengan emplazamiento de producto deberán estar debidamente identificados al principio y al final del programa, así como cuando el programa se reanude tras una pausa publicitaria, con el fin de evitar toda confusión al espectador.

Excepcionalmente, los Estados miembros podrán optar por no exigir las prescripciones establecidas en la letra d) siempre que el programa de que se trate no haya sido ni producido ni encargado por el propio prestador del servicio de comunicación o una empresa filial de este último.

Estas imprecisas y vagas reglas ofrecen cierto margen a las productoras y a las cadenas de televisión, pero habrá que ver cómo nuestro paternalista Estado las transpone a nuestro ordenamiento jurídico, lo cual deberá hacer antes del 19 de diciembre de este año. Aunque la base de esta nueva regulación ha sido muy criticada en este sector, yo sí creo en la pertinencia de la misma. Si queremos crear un espacio audiovisual común, debemos armonizar las reglas que deberán cumplir todos los agentes europeos; no tendría sentido que un tipo de publicidad o determinado product placement estuviese permitido en un país, mas se hubiese prohibido en el país vecino.

La conclusión que saco de todo esto es que mientras las agencias de publicidad, anunciantes y medios de comunicación se están devanando los sesos por explorar nuevas formas de publicidad que consigan captar la atención de los consumidores, existen determinadas normas harto proteccionistas que, mal aplicadas, pueden implicar un constante incumplimiento de las mismas. El medio saldrá adelante; habrá que ver si con la ayuda o las trabas del legislador.

Éste es el año del “yes, we can”, del cambio político en EE.UU. y, atreviéndome a ser vidente, de la paulatina recuperación de la industria musical. La industria discográfica, especialmente la independiente, está o tocando fondo, o a punto de ver cuán bajo pueden caer sus ingresos. Las cifras que facilitó la IFPI la semana pasada daban buena muestra de un sector que lo está pasando realmente mal no desde 2008, sino desde mucho antes; en España, sólo el 0’1 % de las descargas de música son legales, y aunque recelemos de la procedencia de estas cifras, aun multiplicándolo por 10 nos da unas cantidades que nos hace intuir la cuenta de resultado de las discográficas independientes de nuestro país.

Ayer domingo comenzó en Cannes una nueva edición del Midem, la feria de la música más importante del mundo, y son muchas las noticias que se han generado en sólo dos días. Me comentan que allí el ambiente es de pesimismo, de ver cómo cada año hay menos industria y de que los que en años anteriores aseguraban haber descubierto la fórmula secreta contra la crisis ya habían dejado de existir. Las ventas de discos compactos bajan, ya apenas existe fondo de catálogo en tiendas como Fnac, las ventas digitales no suben lo que deberían, y las nuevas fórmulas de negocio no terminan de despegar al tener que competir con sistemas que no paga impuestos ni a titulares de derechos.

Sin embargo, yo soy optimista, creo que 2009 es el año en el que las discográficas van a dar el verdadero salto a la Red, con diferentes propuestas y modelos de negocio, en el que las entidades de gestión van a empezar a conceder licencias paneuropeas, y en el que el DRM dará paso a los fingerprints y a los metadatos.

Sobre las fórmulas revolucionarias del modelo de negocio, las nuevas propuestas vienen de operadoras de móviles (con Nokia con su “Come With Music”, que está teniendo una implantación más lenta de la esperada) o de proveedores de acceso, que desde mi punto de vista, son la pieza clave del futuro de la música. Los ISPs pasarán a ser también MSP (music service provider) y comenzarán a ofrecer tarifa plana de descargas de música a cambio de una cantidad de dinero que irá incluida en la factura de conexión a Internet. En este sentido, según una encuesta realizada por Music Ally, el 46% de los consumidores prefiere que su ISP sea su proveedor de servicio de música, contra un 5% de los operadores móviles o un 3% de los fabricantes de dispositivos. En definitiva, un sistema barato, de “barra libre”, atractivo, sin DRMs e incluido en la factura de Internet.

Según el New York Times, parece que el gobierno de la Isla de Man quiere ir más allá aprobando un sistema por el cual los suscriptores a una conexión de banda ancha pagarían una cuota mensual a cambio de poder descargarse toda la música que deseen, ya sea de sitios legítimos como ilegítimos (¿es esto un canon sobre el ADSL?). Desde un plano práctico, este sistema resolvería muchos problemas, pero crearía otros, como la desaparición del derecho exclusivo de puesta a disposición, pagarían usuarios que no quisiesen descargar música, o incluso provocaría la posible desaparición de servicios de pago como iTunes, que verían difícil competir con los servicios gratuitos. Es una opción interesante, aunque habría que analizarla cuidadosamente.

Como alternativas, llevo una semana utilizando la versión de pago de Yes.fm y lo cierto es que me parece un servicio buenísimo, bien planteado, asequible (3,95 €/mes en la versión de pago) y que puede plantar cara seriamente a competidores como Last.fm. Además, es español.

Si tuviese que elegir entre diferentes modelos, apuesto por el streaming y por la descarga mediante suscripción (en la que incluyo a “Comes with music“), aunque en esto de los pronósticos ya se sabe lo difícil que es acertar.

Sobre las entidades de gestión, cuando estuve en Cannes el año pasado di cuenta de que la SGAE iba a gestionar el repertorio latino de Peer Music (una de las principales editoriales de música) en toda Europa, algo que en aquel momento era más publicidad que realidad. Parece que un año más tarde se ha materializado dicho pacto, creándose una sección específica para Peer Music en La Central Digital, la plataforma de contenidos de la Sociedad Digital de Autores y Editores, y en la que usuarios de contenidos podrán adquirir licencias para la explotación del mismo de forma más rápida y sencilla. Dentro de un año comprobaremos si se materializan las exigencias de Europa de crear un entorno en el que las diferentes entidades de gestión de nuestro continente compitan entre sí, algo que no gusta a estas entidades que prefieren seguir gestionando en su territorio sin competencia.

Además, SGAE ha presentado en Cannes “el primer disco en formato web de la historia de la música española“, “En plena luz”, del artista novel Erizo. El “Disco-web” ya está disponible, y aunque la nota de prensa de SGAE lo describe como un hecho sin precedentes en nuestro país, para mí esto del disco-web no es más que una web en donde puedes comprar el disco en diferentes formatos, y en donde hay información del artista, incluyendo vídeos, noticias, fechas de conciertos y el libreto del disco en pdf. Además, que la descarga en mp3 cueste 20 € me parece desorbitado, aunque lógico: hay que montar una web, contratar diseñadores, hosting, grabar el disco, prensa, abogados, pasarelas de pago… demasiado caro para ser el camino.

En esta misma nota de prensa, la SGAE resalta la importancia que están teniendo últimamente “los autoproductores”, es decir, aquellos autores o artistas que componen su música, la interpretan, la producen (conservando los derechos sobre el master) y la comercializan, ya sea directamente a través de cualquier tienda online, o con la distribución de una discográfica, que paradojicamente están dejando de ser productores de fonogramas para dedicarse únicamente a la distribución y al marketing de los discos de los “autoproductores”. Autores que ya se encuentran en este régimen son Silvio Rodríguez, Carlinhos Brown, Luis Pastor o Chucho Valdés.

En resumidas cuentas, son muchas noticias y muchos intentos por recuperar al público perdido. Desde mi punto de vista personal y profesional, creo que éste es el año en el que las discográficas por fin van a empezar a ser más flexibles (les queda poco que perder), transigiendo en puntos que antes eran incuestionables y licenciando a servicios que ofertan contenidos a precios competitivos, mientras que los usuarios van a comenzar a valorar el disfrute de la música a través de servicios que aportan más valor al que ya de por sí tiene la música. Dentro de un año veremos…

El fin del DRM tal y como lo conocemos está cerca. Esta semana Apple anunciaba en el MacWorld que antes de terminar el primer trimestre de este año pondrá disponible sin DRM alguno las más de diez millones de canciones que tiene disponibles en iTunes, mientras que Fnac y Virgin comunicaban que venderán en Francia canciones del repertorio de Warner Music sin DRM, noticias que suponen otro punto de inflexión en el esbozo del nuevo mercado de la música.

2009 será, sin duda, un año fundamental para el negocio de la música en Internet, no sólo por la eliminación de los DRMs, sino por la popularización de servicios de música en streaming como yes.fm. Es el paso de la utilización de las medidas tecnológicas del artículo 160 LPI a la del artículo 162 sobre la información para la gestión de derechos, precepto olvidado e infravalorado hasta ahora, que parece ser la clave de la música en Internet.

Las majors parecen haberse dado cuenta de que no es tan importante controlar los archivos que fluyen por Internet, sino gestionar de forma efectiva y no intrusiva las explotaciones que se hacen de los mismos. La información para la gestión de derechos permite a los usuarios disfrutar de su música cómo quieren, sin restricciones, aunque al igual que con los DRMs, la información incorporada en el archivo digital en forma de metadatos puede poner en peligro la privacidad del usuario.

Cuando Apple comenzó a vender música sin DRM subrayó la ausencia de cualquier medida tecnológica, pero dejó para la letra pequeña que los archivos adquiridos llevarían metadatos en los que se incorporaría la dirección de correo electrónico del adquirente; esto les permitiría conocer la procedencia de una canción en el caso de que ésta fuese puesta a disposición en una red P2P. No tardaron en salir programas que eliminaban esta información, aunque muchos se planteaban la legalidad de esta acción.

Como digo el artículo 162 LPI cobra ahora protagonismo, al proteger la información para la gestión de derechos contra actos de supresión, alteración, o publicación de obras o prestaciones sin esta información. La ley, trasponiendo casi literalmente la Directiva 2001/29/CE, define “información para la gestión de derechos” de la siguiente forma:

toda información facilitada por los titulares que identifique la obra o prestación protegida, al autor o cualquier otro derechohabiente, o que indique las condiciones de utilización de la obra o prestación protegida, así como cualesquiera números o códigos que representen dicha información, siempre y cuando estos elementos de información vayan asociados a un ejemplar de una obra o prestación protegida o aparezcan en conexión con su comunicación al público

Así, y siendo esta enumeración una lista cerrada, los datos personales del adquirente de un archivo digital, así como su nombre de usuario, dirección de correo electrónico, etc., no serían información susceptible de ser protegida en virtud de este artículo, por lo que su eliminación sería perfectamente lícita.

Tecnologías basadas en fingerprints (como la utilizada por YouTube), metadatos o información para la gestión de derechos son los elementos claves para el año que comienza y para el futuro de la música. Libertad de utilización y de intercambio de archivos basados en una mejor gestión que garantice la privacidad de los usuarios, la interoperabilidad de sistemas, al tiempo que se retribuye justamente a los titulares de derechos.