Reflexión sobre las Entidades de Gestión – y IV – Conclusiones

Y después de tres posts, ha llegado el momento de las conclusiones. Desde luego que estos artí­culos no pretenden establecer cómo deberí­an ser las entidades de gestión o qué papel deberí­an cumplir en la sociedad del siglo XXI, sino más bien abrir un debate inexistente en la actualidad (se habla más de la desaparición de estas entidades que de una verdadera reconversión de las mismas).

Como he ido argumentando en los anteriores posts, creo que para este sector tan especial, la creación de competencia (tanto entre entidades de gestión europeas como, dentro de cada territorio, entre diferentes sociedades que gestionen los mismos derechos) es algo negativo porque incrementarí­a determinados costes fijos que incluso encarecerí­a las tarifas que tendrí­an que pagar los usuarios de sus contenidos. Por ello, parto de la base de la necesaria existencia de entidades de gestión de ámbito nacional (o internacional) gestoras exclusivas de algún derecho de propiedad intelectual dentro de su(s) territorio(s), si bien, como diré más adelante, creo que lo idóneo serí­a una entidad que gestionase cuanto más derechos mejor para evitar que un explotador de contenido (una radio, una discoteca o un página web) tenga que acudir a multitud de entidades para poder explotar una canción o una pelí­cula.

Aunque primero me gustarí­a criticar aquellas funciones que actualmente están desarrollando algunas entidades de gestión que, entiendo, son negativas tanto para sus propios socios como para empresas que prestan tales servicios:

– Inversiones inmobiliarias: las actividades de determinadas entidades de gestión han sido públicamente cuestionadas por haber iniciado una polí­tica de compra y arrendamiento de bienes inmuebles, algunas con el objetivo indirecto de servir a los fines de la sociedad, aunque otras muy apartadas del mismo, iniciando una actividad que poco tiene que ver con la gestión de los derechos de propiedad intelectual establecida en el artí­culo 147 LPI. Estoy de acuerdo en que las entidades deban tener la capacidad de adquirir y enajenar tanto bienes muebles como inmuebles, siempre y cuando los mismos estén adscritos a la finalidad de la propia entidad (gestionar derechos de propiedad intelectual) o que puedan ser utilizadas por sus socios para actividades que no compitan con el sector privado (salas de ensayo, para ruedas de prensa, etc.). Lo que creo que no es admisible es que una entidad de gestión (directamente o a través de una sociedad o asociación participada por ella) desarrolle actividades empresariales que poco o nada tienen que ver con la gestión colectiva de derechos.

– Promotor y productor de bienes culturales: el Gobierno, conocedor de las desigualdades que se producí­an con el establecimiento de la compensación por copia privada, aprobó el Real Decreto 1434/1992 por el que se obligaba (art. 39) a las entidades de gestión a destinar parte de la recaudación por este concepto (concretamente un 20%) a promover actividades o servicios de carácter asistencial para sus socios y a realizar actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes. Esta obligación ha traí­do aspectos positivos, ya que gracias a ella muchos socios sin recursos han podido obtener asistencia médica o han podido disfrutar de becas para la formación, aunque también ha tenido efectos perniciosos, al destinarse parte de dicha cantidad a actividades que competí­an, directamente, con el sector privado.

David Maeztu comentaba recientemente el Informe de la Agencia Estatal de Evaluación de las Polí­ticas Públicas y de la Calidad del Servicio en relación a las entidades de gestión, en el que se describe (página 41 y siguientes) que, entre todas las entidades de gestión, se destinaron casi 30 millones de euros en 2007 a dichos fines asistenciales y promocionales. Desde mi punto de vista, creo que es positivo que parte de lo recaudado por el canon por copia privada vaya destinada a dichas finalidades, siempre y cuando no se entren en competencia, directa o indirectamente, con el sector privado y así­ evitar una injusta distorsión en el mercado.

Estas cantidades se están gestionando de forma diferente en cada una de las entidades de gestión; mientras que algunas han constituido asociaciones y fundaciones para cumplir con dicha obligación normativa, otras están llevando a cabo dichas finalidades directamente, sin ninguna entidad interpuesta. Con ello, entes como la Fundación Autor o la Fundación Arte y Derecho han llevado a cabo importantes iniciativas promocionales, si bien el problema reside cuando la lí­nea que distingue a éstas y con las actividades del sector privado es tan fina que ni un experto en la materia la podrí­a distinguir.

Ejemplos de ello son iniciativas como el aparentemente extinto Sello Autor (parece que hay una reconversión a tienda online denominada TramArt), la Factorí­a Autor y la Fundación Autor (que a través de sus filiales distribuye discos como la BSO de «Planet 51»), que si bien en muchas ocasiones es la única ví­a que tienen determinados músicos minoritario para ver publicado y distribuido su trabajo, en otras compiten directamente con, sobre todo, discográficas independientes, produciendo a artistas no noveles o distribuyendo en nuestro paí­s grupos del extranjero. Además, otras iniciativas similares como Portal Latino, La Central Digital y la sDae, todas ellas pertenecientes o participadas por SGAE, llegan a competir con otras iniciativas privadas, y lo hacen tanto con recursos propios como con otros procedentes de la recaudación de la entidad de gestión. Especialmente polémica fue la entrada de SGAE dentro de Wonderland Group, entidad promotora de conciertos, musicales, eventos y gestora de teatros como el Calderón o el Lope de Vega, ambos de Madrid; ni que decir tiene que creo que una entidad sin ánimo de lucro (o sociedad que le sirva de cobertura) no deberí­a entrar a explotar el repertorio gestionado por ella de una forma tan mercantil.

Por ello, y aunque creo que muchas de estas iniciativas son sumamente positivas (especialmente aquellas destinadas a favorecer a autores minoritarios con pocas posibilidades en el mercado de masas), las entidades de gestión deberí­an tener prohibido concurrir en actividades propias del sector privado por la distorsión y el daño que en el mismo ocasionan al no competir en igualdad de condiciones.

Como he dicho, las entidades de gestión tienen hoy en dí­a más razón para existir que nunca. De esta forma, e intentando ser constructivo, creo que los puntos rectores de estas entidades para el siglo XXI deberí­an ser los siguientes:

Limitarse a gestionar su repertorio, abandonando las prácticas y actividades que he descrito anteriormente.

– Llegar a acuerdos entre las diferentes entidades para crear una «Ventanilla íšnica» por la que, cualquier usuario de contenido, pueda obtener todos los derechos necesarios para poder utilizar una obra musical, literaria o de cualquier otro tipo. Así­, y de forma directa, se crearí­a una red única de vigilancia y control del repertorio que harí­a disminuir los costes fijos, con el consiguiente descuente al usuario de contenido. Además, puestos a ser ambiciosos, esta ventanilla única deberí­a constituirse a nivel europeo, para facilitar la creación de iniciativas paneuropeas de explotación de contenidos.

Mejorar su imagen pública: si de algo han pecado las entidades de gestión es en no saber transmitir su mensaje y en explicar a la sociedad para qué sirven, cuáles son sus fines y qué aportan a la sociedad. Su imagen distante y en ocasiones prepotente no ha hecho sino aumentar su distancia con una sociedad que, justificada o injustificadamente, tienen en su contra.

– Invertir más recursos para obtener información lo más precisa posible para llevar a cabo una recaudación y reparto de lo recaudado lo más real posible.

– Destinar el 20% de la recaudación en concepto de copia privada a actividades puramente asistenciales y promocionales, con especial atención a evitar la concurrencia con el sector privado.

Creo que si las entidades de gestión siguiesen estos cinco puntos (tampoco digo que sea sencillo) y no se extralimitasen en sus funciones, tanto su imagen pública como su aceptación por el sector serí­a muy superior a la que tienen actualmente.

Como dije anteriormente, espero que estos posts sirvan de punto de partida para propiciar un debate en este blog sobre el papel que creéis que deberí­an tener las entidades de gestión en el siglo XXI. Espero vuestros comentarios.

5 Comments

  1. Hombre, sería la primera vez (por favor, economistas en ejercicio que me corrijan, que la economía está llena de paradojas) que un incremento de competencia resulta en subida de precios. Lo que sería seguro es un descenso de tarifas, lo que probablemente trajera un incremento de la demanda (¿menos piratería? ¿más usos posibles?) y, también seguro, un problema de costes para las entidades. Tendrían que bajar, no subir sus gastos o fusionarse en entidades más grandes para con precios más bajos absorber más costes fijos, lo que terminaría en reducción de ineficiencias y costes inflados: asumiendo que la competencia sería europea, esto tendría sentido. Traería seguro más innovación en los servicios, tanto para los usuarios como para los autores que ceden sus obras. No estaría de más una cierta innovación tecnológica en el uso de los catálogos para que todo el mundo sepa a quien pertenece qué.

    Sería necesario terminar con las limitaciones que imponen a los autores a gestionar sus repertorios en exclusiva con una entidad y, de esa forma, sería fácil que también las entidades de gestión se especialicen en tipologías de clientes, no tanto de disciplinas, a ambos lados: los usuarios de los derechos y los cedentes. Con unas ciertas dosis de innovación, seguro que aparecerían paquetes de precios con combinaciones de derechos donde se maximice el ingreso para la entidad y se facilite la incorporación de varias obras a la vez, incluso ayudando a promoción de obras que no tienen mucha demanda. En fin: competencia e innovación

    No creo que haya que tenerle miedo a la competencia. Siempre encuentra caminos para salir adelante. Por supuesto, es una molestia y una incomodidad para quienes lo hacen ahora y encontrarán todo tipo de problemas para justificar cualquier cosa.

    El fondo de promoción de la cultura debiera o ser administrado por otros o suprimirse: prefiero lo segundo. Que todo el dinero vaya a los socios. Ahora ese fondo se utiliza con criterios (yo creo que se ven a la legua) verdaderamente contrarios a la competencia o a mayor interés de los gestores de las entidades.

    Si las entidades y los grandes propietarios de derechos quieren un nuevo pacto con la sociedad para que pueda llegarse al fin de la contestación social de todo el sistema, más vale que sean ellos los que propongan las reformas: tanto en la duración de los derechos como en su administración. No es nada estético que entidades, en el fondo asistenciales, como son las Entidades de Gestión aparezcan pensiones y sueldos como los que aparecen.

  2. Estoy de acuerdo con Gonzalo en que un aumento de la competencia dudo mucho que resultara en una subida de precios, aunque si que es cierto que es un “mercado” algo especial.
    Lo que si creo que es algo fundamental es la idea de la ventanilla única. Posibilitaría la diversidad de entidades de gestión quitando de un plumazo el problema ya planteado de que una radio, televisión, etc se tengan que dirigir a veinte sitios diferentes para utilizar los contenidos.

  3. Siento el retraso en contestar.

    No discuto si un incremento en la competencia traería una bajada de precios, pero sí discuto que eso se traduciría en un aumento de la demanda; hoy en día, las tarifas de la mayoría de entidades de gestión creo que son plenamente asumibles por cualquier empresa (los que suelen poner precios más altos son, como sabes, las productoras), por lo que no sé hasta qué punto se produciría ese efecto de incremento de la demanda.

    Sobre la posible existencia de muchas entidades con diferente repertorio, es lo que se está intentado hacer en Europa, sobre todo de cara a la galería, pero de nuevo, un explotador de contenido (una cadena generalista, una radio, un Spotify, etc.) generalmente quiere todo el repertorio y no parte del mismo. En un plano teórico, quizá fuese lo ideal, aunque creo que la realidad del mercado es bien diferente.

    Como dije en el post, y como comenta Audea, creo que la clave es más la ventanilla única que la competencia. Ahí si que ganaríamos todos.

    Un saludo

  4. Salud

    Sobre algunas de las prácticas que mencionas: No hacen nada que otras entidades sin ánimo de lucro no hagan. Finalmente pueden participar en el tráfico mercantil siempre y cuando luego no «distribuyan» los beneficios y los mismos sirvan para el cumplimiento de sus fines sociales.

    Claro que queda «muy mal» que una entidad de gestión le meta cabe (zancadilla) a una discográfica independiente (o una grande, da igual), hay un conflicto de intereses claro y, además, otras prácticas ya pueden considerarse competencia desleal y unas últimas, si nos ponemos tiquismiquis, abuso de posición dominante y poco transparentes en cuanto a quién (y por qué) se beneficia de qué negocios o actuaciones.

    Y aunque hay actividades positivas nacidas de la obligación legal, no sé hasta qué punto la entidad de gestión deba «promocionar» a nadie dentro (o fuera) de la misma, no son asociaciones culturales, son entidades de gestión de derechos patrimoniales, con lo que se rompe en gran medida la neutralidad que se les supone, y entendería que el resto de autores socios no vean bien que con «su» dinero se promocione a otro artista antes que a ellos (o se gaste en determinadas fórmulas de promoción que pueden ver contrarios a sus intereses patrimoniales).

    No es que las entidades de gestión no se hayan sabido expresar, algunas (con nombre y apellido, pues no son todas) directamente han atacado al «público», lo han criminalizado (calumniado realmente) y buscan que se criminalice ciertas prácticas que, como mucho, son ilícitos civiles y no se debería pasar de ahí. Por no hablar de determinadas prácticas que trascienden a la opinión pública y no resultan nada éticas. Pero bueno, digamos que es un tema, el de la imagen, que con direcciones distintas en dichas entidades puede cambiar (es curioso, nadie habla mal de una de las más poderosas y que más «duras» resultan desde el punto de vista de la «persecución» de sus intereses).

    La única salida digna que le veo a las entidades de gestión es que dejen de ser sujetos privados y pasen a ser entes públicos (un solo ente público, y si puede ser, para toda la UE), por supuesto, con participación democrática, como poco, de los autores, régimen de autonomía, dirección elegida por quienes participan en la entidad, etcétera. Pero con todas las obligaciones de un ente público, siempre buscando la transparencia y la publicidad de sus actos y decisiones.

    Hasta luego 😉

  5. Hola Andy, he seguido con interés tus artículos, y, aunque soy profano en la materia, creo que hay algunos aspectos de los problemas de la actual regulación por nuestra legislación de las entidades de gestión en los que no has entrado.

    Reproduzco el comunicado (que puede que ya conozcas) de una serie de autores socios de la SGAE que son críticos con el modelo actual y denuncian sus injusticias:

    Debido a la negativa imagen de la SGAE y otras entidades de gestión ante toda la ciudadanía, los autores, compositores y artistas nos estamos viendo muy perjudicados. Hay un enfrentamiento continuo con la sociedad al que hay que buscar salida. Enfrentamiento compuesto de canon, descargas y desmedido afán recaudatorio. También hay muchos aspectos internos de la entidad que deben cambiarse. Por ejemplo:

    -El déficit democrático y de representatividad de autores y artistas, con menos de un 10% de socios con derecho a voto.
    -La falta de transparencia, sin auditorías verdaderas. El inescrutable sistema de sondeos, realizado, entre otros, por una empresa propia (CIMEC).
    -Que “no se encuentre” a quién pertenecen demasiados derechos, que pasan al Pendiente de Indentificación. En 2007 se acumulaban 300 Millones de euros. Al cabo de cinco años, ese dinero ya no se reparte y pasa a las arcas, lo que incentiva la mala gestión a la hora de identificar los derechos, obstaculizando el eficaz reparto.En lugar de repartir eficazmente, se invierte en patrimonio inmobiliario.
    -El que el reparto del dinero de los derechos y del canon, descontados gastos de gestión, sea el siguiente:
    *75% del dinero repartido va a sólo un 1,73% de los socios,
    * 25% del dinero repartido va a un 35 % de los socios,
    * y un 63% de socios no cobran nada. 0 € (informe de AEVAL).
    -La imposibilidad para el autor o artista de saber si le están pagando correctamente o no por parte de la SGAE, así como las trabas de ésta a la hora de reclamar, exigiendo certificados de emisión y otros datos que ellos mismos deberían aportar.
    -Decisiones como hipotecar por 400 millones de euros a nuestra sociedad la SGAE para financiar ARTeria no las puede tomar una asamblea que sólo representa a menos del 10% de los socios. (informe trabajadores de SGAE).

    Todos estos asuntos, entre otros, habría que tratarlos en la asamblea de SGAE.

    Exijamos que se revise a la baja la pensión de Eduardo Bautista y los otros directivos. Que se investigue a todas las empresas que cuelgan de la SGAE, especialmente a las que al ser deficitarias la SGAE inyecta dinero de los autores una y otra vez.

    Deberíamos reflexionar si es correcto el modelo actual de gestión, en el que en una misma entidad conviven intereses contrapuestos, editores y creadores/artistas, al estilo de los antiguos sindicatos verticales franquistas. En un modelo como éste, los creadores/artistas y los ciudadanos siempre tendremos las de perder.

    Exijamos:

    1.Auditorías ya a todo el Grupo SGAE y empresas relacionadas, realizadas por Hacienda.
    2.Encuestas a los creadores y artistas sobre su situación económico-social, y sobre su opinión de la gestión realizada por SGAE y el trato recibido desde la entidad.
    3.Una inmediata revisión de la ponderación del voto para que en la organización de la SGAE se represente la voluntad de todos los socios y no sólo de ese pequeño porcentaje (menos del 10%).
    4.Paralización del plan ARTeria y liquidación de su financiación.
    5.Mejorar la poca eficacia en la Identificación de los derechos, dedicando más recursos humanos y técnicos para ello. Moratoria en la caducidad del Pendiente de Identificación hasta que se revisen los repartos de los últimos 15 años.
    6.Un verdadero plan de pensiones para los autores y compositores, y no invertir en edificios; nada de gestionar teatros, esto no es el objetivo de la SGAE, sino que lo es de los empresarios teatrales, no hay que invadir terrenos. Si se sale fuera de la gestión de derechos de autor, que sea en el campo de la protección a los mayores en mala situación económica, creando hogares para autores y artistas retirados sin recursos.
    7.Suspensión de empleo y sueldo a Eduardo Bautista y los integrantes de la Junta Directiva, que nos han llevado a la lamentable situación actual. Considerar una posible intervención en la entidad de un equipo técnico dependiente de (por ejemplo) Hacienda, Interior y Cultura, que, junto con la totalidad de los socios, y revisando la historia de la entidad, corrijan los errores de la Sociedad General de Autores y Editores, antes conocida como la Sociedad General de Autores de España.
    8.Dejar de ser usados como escudos humanos por una industria que lucha a muerte contra las descargas gratuitas y legales de internet, que en muchos casos a los autores y artistas nos benefician con una mayor difusión de nuestra obra.
    EXIJAMOS UNA REVISIÓN DEL PAPEL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SGAE, Y DEL MODELO CULTURAL DE NUESTRO PAÍS.

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