¿Qué margen de mejora tiene la Ley de Propiedad Intelectual? | Friday 5 October 2012

Últimamente se habla mucho en los mentideros de la Propiedad Intelectual que en el Ministerio andan muy liados trabajando en la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, asignatura pendiente y “run-run” con el que llevamos ya varios años. Es curioso comprobar lo poco que avanzan las cosas; para escribir este post, me puse a buscar uno antiguo y he encontrado otras reflexiones mías sobre este asunto. Nada ha cambiado desde entonces, así que quizá me encuentre estas líneas dentro de 3 años y compruebe que éste también será un intento fallido. Espero que no.

La cuestión es que parece que las reformas a la LPI irán por dos puntos principales: 1. reforma profunda del artículo 25, sobre la compensación equitativa por copia privada; 2. modificación del Título IV del Libro III, sobre las entidades de gestión.

Sobre el primer punto, todo parece indicar que “el canon” volverá, aunque de forma más razonable y moderada. Es indiscutible que la medida adoptada por el Gobierno de suprimir este gravamen a soportes y dispositivos, tenía una finalidad populista y electoralista, y que la solución propuesta (habilitar una inexistente partida en los Presupuestos Generales del Estado) es incluso más indiscriminada (no lo pagan sólo los compradores de soportes, sino todos los ciudadanos) y perjudicial que la anterior. Por eso, parece que el canon volverá a donde estaba, si bien supongo que para gravar únicamente a aquellos dispositivos y soportes que puedan usarse para hacer copias privadas “puras” (y no cualquier tipo de reproducción, incluso las ilegales), ello en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Como he dicho en muchas ocasiones, soy defensor del canon/compensación equitativa por copia privada, porque es un elemento necesario para que pueda existir este límite a los derechos exclusivos; es decir, sin compensación no puede haber copia privada, y como defiendo la existencia de ésta, entiendo que la remuneración es obligatoria. Por eso, espero que se aproveche esta oportunidad para establecer un sistema que:

- Realmente indemnice por las copias privadas realizadas y no por cualquier copia: Teniendo en cuenta que no es posible hacer copias, por ejemplo, de DVDs o Blu-Rays (porque tienen medidas tecnológicas que lo impiden), y que apenas se venden ya CDs (y por lo tanto no se hacen copias de ellos), el porcentaje de reproducciones dentro del 31.2 son mínimas. Las pocas copias privadas legales que se realizan pueden ser las de emisiones de TV en DVRs (como el iPlus o TiVO) o de canciones compradas en iTunes, cuando se transfieren a un smartphone. El resto, son copias no autorizadas, no sujetas a compensación y por tanto, perseguibles.

- Simplifique la disparatada Orden Ministerial de 2008, para establecer tarifas más sencillas, racionales, justificada a criterios puramente económicos, y que deje fuera a aquellos dispositivos que son idóneos para entornos empresariales y comerciales, y no domésticos (como los equipos con gran capacidad de copia).

- Grave únicamente los soportes, y no así los dispositivos. Conozco la justificación de incluir el canon en ambos (repartir la compensación y que no se concentre sólo en el soporte -un CD-, sino también en el dispositivo -la grabadora de CDs-), pero donde realmente se realizan copias privadas es en el soporte, y poco sentido tiene gravar un dispositivo que, quizá, nunca se utilice o no se haga para hacer copias privadas. Por eso creo que aunque la cantidad sea un poco mayor, pero por motivos conceptuales únicamente debería gravarse el soporte, como ocurre en otros países.

- Establezca un procedimiento sencillo para que empresas y autónomos recuperen el gravamen soportado al adquirir cualquiera de estos soportes y dispositivos, por ejemplo, presentando las facturas de compra ante una entidad de gestión u oficina del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

- Suponga una gestión más racional de esta compensación, de forma centralizada y con mayor transparencia.

- Finalmente, que se explique sin demagogias qué es el canon, qué finalidad tiene, quiénes son los deudores, quiénes los acreedores y otras finalidades que cumple (como de fines asistenciales y promocionales de autores y artistas).

Sobre el segundo punto, de entidades de gestión, parece que el MECD quiere aumentar su facultad fiscalizadora (más bien creo que debería ejercitarla, sin más), aumentando la eficiencia de dichos entes. En este punto me gustaría recuperar las serie de post que hice en 2010 sobre las Entidades de Gestión (1, 2, 3 y 4), y en especial las conclusiones que incluía en el último, con unos puntos que creo que siguen estando de actualidad:

- Evitar que se conviertan en inversores inmobiliarios con un dinero que debería ir íntegramente a sus socios,  y no a inversiones estratégicas.

- Prohibición de competir con el sector privado en la producción y promoción de bienes culturales.

- Establecer acuerdos con el resto de entidades para favorecer la “ventanilla única”.

- Mejorar su imagen pública, algo que SGAE está consiguiendo poco a poco.

- Y, sobre todo, dedicarse a recaudar, gestionar lo recaudado y a repartirlo entre sus socios según criterios objetivos.

Dejo para un próximo post otras mejoras que, desde mi punto de vista, se deberían incluir en la Ley de Propiedad Intelectual, aprovechando esta aparente renovación.

Entrevista en Consumer.es | Monday 30 March 2009

El pasado jueves, la web Consumer.es publicó una entrevista que me envió Jordi Sabaté y en la que hablo sobre propiedad intelectual, canon por copia privada, redes sociales, privacidad, licencias Creative Commons y todos estos temas que suelo tratar en el blog y en el podcast.

Es una entrevista un poco larga e intento explicar mi punto de vista sobre el canon, las redes peer-to-peer, la actual redacción de la Ley de Propiedad Intelectual, etc., y no es más que un resumen de todo lo que llevo expresando desde hace casi cuatro años en este blog. Espero que la encontréis interesante.

¿Es necesaria una Agencia de la Propiedad Intelectual? | Monday 9 February 2009

Llevo desde hace meses con esta entrada a medio escribir en mi sección de “borradores”, que no he publicado por diferentes motivos, uno de ellos la falta de tiempo. En España, a diferencia de otros países, carecemos de una Agencia de la Propiedad Intelectual, no sé si por falta de voluntad política, por falta de necesidad o por cualquier otro motivo, aunque lo cierto es que creo que esta entidad podría poner soluciones a la cada día más conflictiva propiedad intelectual.

En las últimas elecciones generales, el candidato Mariano Rajoy incluyó en su programa electoral (entre otras medidas más o menos populistas) la creación de una Agencia de Propiedad Intelectual que se utilizaría como “el instrumento básico para impulsar la innovación, el respeto a la propiedad y la máxima difusión de la cultura a través de las nuevas tecnologías.” (propuesta 156). Como bien analizó David Fdez. Mena en su momento, parecía una propuesta vacía de contenido y electoralista, aunque creo que en la actualidad una Agencia de este tipo sería más útil que nunca.

Hace poco comentaba con un amigo la necesidad de esta oficina pública y él, como buen europeísta, abogaba por crearla en Europa para que tuviese una mayor competencia geográfica; no dudo que esto sería lo idóneo, pero viendo lo que cuesta que salgan adelante determinadas cosas en Europa, creo que podríamos empezar por plantear la propuesta a nivel nacional para luego ser ambiciosos y trasladarlo al resto del continente.

La propuesta no es original, ya existen oficinas públicas de propiedad intelectual en otros países y en muchos casos, como el americano (que es el que mejor conozco), con notable actividad y éxito. Una Agencia de Propiedad Intelectual tendría la no sencilla tarea de equilibrar y mediar entre los siempre conflictivos intereses de titulares de derechos, consumidores de contenidos y usuarios, hoy más en boga que nunca.

¿Cuáles serían las competencias de esta Agencia de Propiedad Intelectual?

- Control más efectivo de las Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual: la competencia material de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual está constantemente en entredicho, así como su función, recaudación y en general, la gestión de derechos que éstas realizan. En la actualidad, las entidades de gestión son auditadas anualmente por empresas privadas, con unos resultados que deben ser entregados al Ministerio de Cultura y que salvo manifiestas irregularidades, no son discutidos.

Los que trabajamos a diario en este mundo de la propiedad intelectual conocemos las bondades y defectos de estas entidades que aunque útiles, pueden ser mejoradas con una verdadera supervisión externa que les obligue a aplicar mejores baremos de reparto, que les controle sobre determinados expendios y que, en general, tenga el objetivo de mejorar tanto la gestión como la imagen de estas entidades con extraordinarias capacidades otorgadas por vía legislativa.

- Impulsar cambios legislativos para modernizar la Ley de Propiedad Intelectual: yo soy de los que pienso que, salvando evidentes deficiencias, tenemos una LPI decente. Ello no implica que esta Ley deba ser objeto de una gran revisión para salvar determinadas incoherencias (como el escaso “derecho de cita”), sobretodo las que sobrevienen por el constante avance de las nuevas tecnologías. Esta Agencia de Propiedad Intelectual trabajaría como Observatorio de la Sociedad de la Información y de la Propiedad Intelectual, consultando a las diferentes partes implicadas, y proponiendo cambios legislativos o reglamentarios que permitiese elaborar normas más ágiles y acordes a la realidad.

La Ley de Propiedad Intelectual debe responder a los avances tecnológicos y, sin perder los principios vertebradores del Convenio de Berna, ofrecer soluciones a los problemas que constantemente se generan.

- Gestión de la compensación equitativa por copia privada: yo soy un acérrimo defensor de la copia privada, especialmente en estos tiempos en los que copiar obras es más fácil que nunca. Considerando que los autores tienen un derecho exclusivo sobre sus obras, si les impedimos ejercitar su derecho exclusivo de autorizar toda reproducción, debemos establecer un sistema indemnizatorio (o compensatorio) que mitigue el impacto de esa reproducción no autorizada expresamente. El binomio “copia privada + compensación equitativa” creo que no es sólo justo sino necesario. Ahora bien, ello no implica que debamos configurar este “canon” como lo realizó el pasado año la Orden Ministerial 1743/2008, con criterios arbitrarios, basados en la imprecisa “cuenta de la vieja” y por el que se paga por dispositivos no idóneos para realizar copias privadas.

La Agencia de Propiedad Intelectual no sólo debería configurar de forma más justa esta compensación, sino que sería la encargada de gestionarlo, reteniendo un porcentaje para sufragar los gastos de la propia Agencia y repartiendo lo recaudado entre las diferentes entidades de gestión, para su posterior distribución a sus socios en base a los criterios y baremos ofrecidos por la propia Agencia. Esta labor de gestión de la Agencia estaría basada en la transparencia y en el consenso, con el objetivo de que esta compensación deje de ser cuestionada en cada momento, tanto socialmente como en los tribunales de justicia. Habría, por lo tanto, una primera vía de recurso ante la propia Agencia, que serviría de filtro para no saturar los muy mermados tribunales de justicia.

- Establecimiento de tarifas equitativas de los derechos de simple remuneración: otro de los temas más polémicos de la Ley de Propiedad Intelectual (y que ha generado interesantes juicios y reclamaciones ante el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia) son las tarifas generales que la Ley establece que se aplicarán a aquellos que deseen explotar determinado contenido administrado por entidades de gestión, tarifas impuestas unilateralmente por estas sociedades y que no son más que depositadas anualmente en el Ministerio de Cultura.

Esta Agencia de la Propiedad Intelectual tendría igualmente la capacidad de establecer estas tarifas para evitar la recurrente conflictividad de las mismas, evitando criterios arbitrarios constantemente puestos en entredicho por los consumidores de obras y prestaciones protegidas.

- Realizar actividades informativas sobre la necesidad de protección de las obras y prestaciones establecidas en la LPI: una de las batallas que actualmente están perdiendo los titulares de derechos de propiedad intelectual es que la sociedad sea consciente de que si la Ley no protege de alguna forma a quien invierte 50 millones de euros en una película, difícilmente habrá personas que decidan invertir su dinero en crearlas. Uno de los grandes errores de las entidades de gestión ha sido su incapacidad de transmitir este mensaje a una sociedad que relaciona la imagen de un artista con una persona caprichosa, irreflexiva y con una casa en Miami.

Los que tratamos a diario con autores, artistas y productores sabemos que ni unos son adinerados empresarios, ni los otros están en una situación de bonanza económica, y lo único que protege el fruto de su trabajo es una ley que está constantemente cuestionada. Esta Agencia llevaría a cabo campañas informativas (que no de adoctrinamiento) tendentes a informar a los ciudadanos la necesidad de proteger estas creaciones, lo que repercutiría en un mayor respeto de los derechos de los autores.

- Autorizar la explotación de las denominadas “Obras Huérfanas”: Las obras huérfanas son aquellas cuyos titulares de derechos están desaparecidos o que no son fácilmente localizables, provocando la situación de que alguien que desee hacer uso de estas obras no podrá hacerlo por no poder contar con su autorización (lo cual redunda en perjuicio de la sociedad, que no podrá disfrutar dicha explotación). Gobiernos como el de Canadá han establecido un sistema por el que una agencia estatal estará capacitada a otorgar autorizaciones para explotar obras si la persona que quiere hacer uso de ella demuestra que ha realizado gestiones razonables para localizar a sus titulares de derechos, con un resultado negativo.

De esta forma, la Agencia Estatal autorizaría la explotación, reteniendo la remuneración establecida a la espera de que el titular de derecho la reclame. Es un sistema que plantea interrogantes y que pone ciertos límites a la exclusividad de los derechos de los titulares de obras y prestaciones, aunque ello se hace a favor del interés público y basado en un sistema regulado y razonable.

- Depósito de Medidas Tecnológicas de Protección para los beneficiarios de cualquiera de los límites establecidos en la Ley: el artículo 161.2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que determinados beneficiarios del límite de copia privada que no puedan hacer uso del mismo por la imposición de una medida tecnológica (DRM), podrán acudir a la jurisdicción civil para exigir el levantamiento de la misma, lo cual -desde mi punto de vista- supone “matar moscas a cañonazos” e implicaría (utilizado de forma masiva) un mayor colapso de los tribunales de justicia.

Esta obligación del artículo 161.2 LPI podría solventarse fácilmente a través de la Agencia, que sería la depositaria de estas medidas y de sus “contramedidas” para facilitar a los beneficiarios de los límites, el difrute de los mismos, ello a través de un procedimiento asequible, ágil y proporcionado al fin que se pretende alcanzar.

- Modernización y mantenimiento del Registro de Propiedad Intelectual: no sólo estoy a favor de la copia privada, sino de la existencia del Registro de la Propiedad Intelectual como herramienta para demostrar la existencia de una obra con anterioridad a la de un posible infractor, especialmente en esta era digital en la que es posible publicar obras sin ISBNs, ISRCs y otros sistemas que pudiesen demostrar la existencia de una obra en un momento determinado.

El Registro (oficial) de la Propiedad Intelectual se ha quedado desfasado en comparación con otros registros privados (como RegisteredCommons o Safe Creative), al no ofrecer una buena herramienta ágil y online que permita inscribir las obras de forma telemática. Si tradicionalmente la existencia de una obra podía ser demostrada fácilmente por la controlada divulgación de obras, Internet ha permitido que cualquiera pueda ser divulgador de sus obras, no pudiendo demostrar la existencia de las mismas más que a través de este registro, tan infrautilizado en nuestro país.

- Arbitraje en conflictos sobre propiedad intelectual: no es un secreto que la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura (art. 158 LPI) es un fracaso, no tanto por su configuración como por el hecho de que en casi 20 años de historia no haya dictado ni una sola resolución (a diferencia de la más activa Americana). Lo que en principio se articulaba como un medio para resolver conflictos en materia de propiedad intelectual, se ha convertido a la postre en un organismo inútil y rechazado por todos. Sin perder el carácter voluntario de esta vía, la Agencia debería potenciar esta Comisión que, de nuevo, tiene más sentido que nunca en nuestros días, con multitud de partes involucradas en la explotación de contenidos, con no pocos conflictos entre ellos.

- Fomentar el acceso a obras del dominio público: el dominio público, compuesto por obras cuyos derechos de explotación pueden ser libremente dispuestos por todos por haber expirado su plazo de protección, está preocupantemente infrautilizado en la actualidad. Existen cientos de miles de obras que ya han caído en el dominio público y que en la actualidad están olvidadas en las estanterías de muchas bibliotecas, formando un fondo de catálogo de difícil acceso y que no puede ser disfrutado por los ciudadanos. Los poderes públicos deberían fomentar el acceso a estas obras caídas en el dominio público, especialmente gracias a las nuevas técnicas de escaneo y distribución que permiten al acceso y disfrute de estas obras en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La Agencia de Propiedad Intelectual, como ente dependiente del Gobierno, podría intermediar y llegar a acuerdos con entidades privadas (como Google) deseosas de explotar las miles de obras que descansan en la Biblioteca Nacional de España, en la Filmoteca Española, y en los muchos archivos nacionales y autonómicos depositarios del patrimonio cultural español.

En definitiva, la Agencia de la Propiedad Intelectual se configuraría como un ente público con personalidad jurídica propia, al igual que la Agencia Española de Protección de Datos, con suficiente autonomía y líneas de actuación para mejorar la gestión y explotación de los derechos de propiedad intelectual. No creo que se deba erigir como el muchas veces planteado “órgano administrativo competente” de la LSSI y así, no centrarse tanto en evitar infracciones (para eso creo que ya están los tribunales de justicia) o en desarrollar acciones contra la piratería (nadie mejor que los titulares de derechos para defender sus intereses), como en poner orden y mesura entre tanto caos.

Es ésta una reflexión “a vuela pluma” que me gustaría que fuese discutida y desarrollada por vosotros, con vuestras matizaciones y correcciones, aunque el mensaje final que quiero dejar es que creo que es posible y necesario crear una Agencia Estatal que gestione y desarrolle determinados aspectos controvertidos de la Propiedad Intelectual, todo ello en beneficio de autores y titulares de derechos conexos, y de los explotadores de los mismos, que aunque deberán realizar concesiones, podrían encontrar la necesitada paz de la que actualmente adolecemos.

La Semana de la Polémica (I): El Canon | Saturday 21 June 2008

Dos semanas sin escribir, qué queréis que os diga, he estado trabajando 14 horas al día y en tales condiciones no podía escribir nada decente. Estas dos semanas he explotado también mi perfil de “eventual” (como diría Antonio), asistiendo al V Foro de Evidencias Electrónicas (del que Miguel Ángel hizo un perfecto resumen y donde -por fin- conocí en persona al gran Julián Inza), al II Foro Iberoamericano de la Propiedad Intelectual, a las II Jornadas de Negocios en la Red (organizado por el Despacho Gómez-Acebo & Pombo) y a la presentación de “La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos”. Cada día que me levantaba lamentaba no tener más tiempo para un artículo que tengo pendiente desde hace meses (lo siento de veras Rafael), para el blog y para otros proyectos que algún día (espero) saldrán a la luz.

Pero dejo de lamentarme. Esta semana ha sido intensa para los que de alguna forma nos ganamos la vida en esto de Internet, la música, el cine, la televisión y todos estos contenidos tan atractivos como polémicos. Han sido muchas, pero me concentraré en este post en el canon, para publicar el lunes otro sobre el futuro del P2P y de los contenidos.

El Canon: con casi 15 meses de retraso se ha aprobado la Orden Ministerial a la que se hacía referencia el artículo 25.6.3 LPI por la que se establecen las nuevas tarifas del mal llamado “canon digital” y qué queréis que os diga, la Orden Ministerial me ha dejado a cuadros. Vaya como comentario impopular del día que yo, al estar a favor de la copia privada, considero que la compensación equitativa del artículo 25 es un mal necesario, aunque mejorable. Ya he hablado en muchas ocasiones que estoy a favor del “canon” mas creo que se debería concebir y configurar de forma radicalmente diferente, para cumplir la finalidad que realmente persigue. Aunque con motivos parcialmente diferentes, me sumo a la indignación de mis compañeros blogueros; el legislador esta vez lo ha hecho tarde y mal.

No quiero repetirme así que me remito a los buenos análisis que han hecho David y Sergio.

Aún así quiero añadir varias observaciones a la Orden Ministerial de marras. Aunque la blogosfera se ha indignado, apuntando directamente a la SGAE, creo que ésta no es la entidad de gestión que ha salido más beneficiada de la dichosa disposición legal. Mientras que para SGAE el canon no supone ni el 10% de sus ingresos (vamos, que podrían vivir perfectamente sin ella), para otras entidades de gestión como EGEDA o CEDRO, la compensación equitativa supone dos terceras partes de su recaudación, por lo que de desaparecer el canon, probablemente éstas también se fuesen al garete. Que conste que ni trabajo en la SGAE ni tengo relación comercial alguna con ellos, pero hay que ser justos y saber que si a alguien beneficia el canon es a esas entidades que no hacen campaña a favor del mismo para que la opinión pública no se le eche encima.

Y precisamente creo que es CEDRO la que más beneficiada ha salido de esta Orden Ministerial, ahora que por primera vez va a recibir su cachito del pastel de los CDs y DVDs (un 1,1%, algo que venía reivindicando desde hacía tiempo); en fin, ¿quién tiene una novela o un libro de texto copiado en un CD o en un DVD? ¿Y qué decir de las tarifas para equipos o aparatos digitales de reproducción de libros? La Orden Ministerial establece que el precio para una impresora de inyección de tinta se habrá de pagar 7,95 € y para, por ejemplo, un equipo con capacidad de copia de 70 ó más copias por minuto ¡¡¡227,00 €!!! ¿quién tiene un equipo de esas características para hacer copias privadas? Esos equipos tienen fines comerciales o profesionales y por tanto no son idóneos para realizar las copias privadas del 31.2 LPI; pagarán un canon para compensar por un acto que no realizarán nunca. Un iPod de 160gb, que puede almancenar 40.000 canciones, paga 3,15 € de canon, y una impresora láser que difícilmente se utilizará para imprimir una novela, 10 euros. En fin…

Esto es precisamente lo que critico de “nuestro” canon digital, la arbitrariedad que le rodea. El artículo 25 de la Ley dice que la finalidad de esta compensación equitativa es “compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción”; ¿cumplen estas cantidades dicha finalidad?

Me he quedado a cuadros cuando he leído el punto Tercero.1. que establece unos máximos y mínimos que deberá tener esta compensación equitativa, es decir, que si por cualquier motivo no se venden suficientes aparatos o dispositivos, el Gobierno les asegura a los beneficiarios de este canon una cantidad económica ¿para compensarles de qué entonces? Y viceversa, si un cacharro se vende excepcionalmente bien y sirve para estos propósitos, habrá un tope de compensación que no se podrá revasar. Esta horquilla estará entre los 110 y los 117 millones de euros.

Por cierto, que la Orden Ministerial tal y como se ha publicado en el BOE dispone que la cantidad para libros no podrá ser inferior a 34.800,00 euros, cuando en realidad supongo (desgraciadamente) que querrá decir 34.800.000 euros, error que supongo que será solventado en un futuro número del BOE. Lo de los discos duros merece mención aparte, pero como Sergio y David ya han hablado de ello, me remito a sus análisis.

La Orden, como buena norma, se deja muchos aparatos y soportes por el camino, creando confusión, imprecisión jurídica y estoy seguro que algún juicio cercano. Por ejemplo, qué pasa con los nuevos discos de memoria sólida SSD, con gadgets como mi última adquisición, un lector Sony eReader, o con los discos grabables Blu-ray. Además, hubiese sido un momento perfecto para exceptuar a determinados entes a pagar canon, como a las Administraciones Públicas.

En resumidas cuentas, es una Orden Ministerial que hace que abramos los ojos a medida que la vamos leyendo, con cantidades arbitrarias, no basadas en criterios económicos objetivos y que crea, si cabe, más polémica, para perjuicio de los titulares de derechos, sector injustamente denostado en nuestros días.

El lunes, más. Buen fin de semana.

Actualización 22-06: Me llamó la atención, no caí en un primero momento, pero anoche comentando la O.M., un compañero me resaltó lo fácilmente impugnable que es. La LPI establecía que esta OM debía estar firmada por los Ministerios de Cultura e Industria, y en cambio aparece refrendada por María Teresa Fernández de la Vega, Ministra de la Presidencia. Quien quiera impugnar esta Orden lo va a tener realmente fácil.

Además, me dice Sergio que los discos Blu-ray podrían entrar en la categoría de “discos versátiles”, es decir que pagan igual 4`7Gb que 50Gb, ¿y son los MiniDisc “discos versátiles”? Técnicamente sí, tienen 1Gb y pagan lo mismo que un BR de doble capa. De locos…

Canon Digital | Tuesday 18 December 2007

Llevo unos días sin postear nada, ya no sólo por los otros quehaceres diarios, sino porque no encontraba nada que me motivase a escribir. Lo cierto es que me he estado resistiendo toda la semana pasada, la compensación equitativa por copia privada ha sido la absoluta protagonista, pero qué queréis que os diga, este tema me cansa cada día más.

La pasada semana vivimos un bochornoso espectáculo en el Senado Español (que comentó el compañero David Maeztu); enmiendas introducidas con poca relación con el resto del texto legal, supuestos errores por el partido de la oposición, contradicciones y desacreditaciones entre miembros del Partido Popular, y Mariano Rajoy diciendo desde Argentina que “es inaceptable pagar por ser sospechoso“. Me he dado cuenta de la trascendencia social de este asunto cuando en la última semana he visto hasta en dos ocasiones el tema del canon como noticia de portada de Elmundo.es y cuando, el pasado domingo, mi abuela me dijo que había escuchado en la COPE que iban a poner un canon en todos los “chismes que compras tú” y hasta en los folios en blanco.

El nivel de demagogia y desinformación de este tema es preocupante, tanto por los que hacen campaña a favor del canon como por los que se postulan en contra. A cualquier jurista le chirriarán los oídos cuando, al hablar de la compensación equitativa por copia privada, escucha palabras como “impuesto“, “gravar“, “tributo“, “que afecta a los derechos humanos” o incluso la propia palabra “canon“, más cercana al derecho fiscal que a la propiedad intelectual.

Hace unos minutos, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el de Cultura, han colgado sendas notas de prensa en sus sitios web, con las tarifas de la compensación equitativa del 25 LPI, que una vez publicada la Orden Ministerial, quedarán así:

canon-copia-privada.jpg

Como podéis ver, las cantidades han sufrido una considerable disminución, sobretodo las impresoras multifunción y las grabadores de CD y DVD, mientras que otros dispositivos se han añadido a la “lista negra” de la compensación equitativa, como MP3′s y teléfonos móviles. Las cantidades me han parecido, qué queréis que os diga, razonables, con la excepción de los escáneres, que no han sufrido variación alguna y que 9 € creo que es desproporcionado.

Dicho esto, y aprobadas las tarifas con casi un año de retraso (las partes implicadas tenían 4 meses para llegar a un acuerdo, y en defecto del mismo, eran dichos ministerios los que debían acordar las tarifas en el plazo de 3 meses desde el final del plazo anterior), el principal partido de la oposición se ha dado cuenta que este tema es muy populista y anunció a bombo y platillo que suprimiría el canon digital, así como crearía una Agencia de la Propiedad Intelectual, aunque no precisó las funciones de ésta.

Más preocupante era la primera de las medidas (y que conste que yo ni vivo del “canon” ni me beneficio directa o indirectamente del mismo) porque la supresión de la compensación equitativa sin más nos dejaría fuera de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo, dejando a España en la ilegalidad, así como iría también en contra de lo dispuesto en el Convenio de Berna, ratificado por más de 160 países en todo el mundo. La supresión de la compensación equitativa por copia privada tiene que suponer inexcusablemente la eliminación del artículo 31.2 LPI; es decir, sin “canon” no puede haber copia privada.

Como he dicho antes, el tema del “canon” me cansa, hay sobre-información y en ocasiones tergiversada; ni creo que haga tanto daño al desarrollo de la sociedad de la información (más lo hace la escasa calidad y el coste del ADSL en España…) ni creo que se deba aceptar cualquier tarifa sin conocer los criterios que se han seguido para calcularla, en especial ésta, a las que teóricamente se le han aplicado criterios correctores por aquellos usos diferentes a los de reproducción de obras y prestaciones protegidas por propiedad intelectual.

Yo creo en la copia privada, creo que los usuarios deberíamos poder realizar reproducciones sin restricciones tecnológicas. La creencia en la copia privada me lleva a aceptar, por imposición legal, la compensación equitativa a los autores, remuneración en la que igualmente creo al ser los titulares de derechos vulnerados de su derecho exclusivo de reproducción de sus obras. A pesar de ello, y parafraseando a John Lennon, no creo en un “canon” aplicado tanto a dispositivos como a soportes; no creo en un “canon” del que no conocemos los criterios que se han seguido para su cálculo; no creo en un “canon” que, en ocasiones, es la razón de ser de determinadas entidades de gestión (y no me refiero a SGAE, que podría vivir perfectamente sin este derecho); y no creo en un “canon” impuesto a las Administraciones Públicas. Además, no estaría de más que las entidades de gestión tuviesen que publicar los criterios de reparto de esta compensación equitativa, aunque creo que eso ya es mucho pedir.

Desgraciadamente, hay tema para rato.

Más Canon, Mesa Redonda en la UAM | Tuesday 10 April 2007

Ya sé que la semana pasada dije que estaba un poco cansado del manido “canon”, pero ayer lunes fui a una de esas magníficas (y quizá la última por este año) de las mesas redondas organizadas en torno al Master en Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid, y creo que es interesante que sepáis lo que se dijo allí.
Bajo el título “Canon Digital”, Rafael Sánchez Aristi reunió a la crème de la crème de la propiedad intelectual en España (salvando algunas ausencias), moderando Ignacio Garrote, y con los ponentes Javier González de Alaiza (Psor. Dr. Universidad Islas Baleares, con una tesis sobre este asunto); Javier de la Cueva (abogado); Javier Ramírez (abogado de HP); y Carlos López (AIE); y entre el público Agustín González (ex de SGAE y ahora en Uría y Menéndez), Antonio Delgado Porras (autor histórico y auténtico padre de la propiedad intelectual en España), José María Segovia (SGAE), Javier de Torres (abogado y autor), y alguno más que seguro me dejo en el tintero.

De izquierda a derecha: Javier González, Javier de la Cueva, Ignacio Garrote, Javier Ramírez y Carlos López

Lo cierto es que a priori pensaba que el debate iba a estar más caldeado, ya que a excepción de determinadas intervenciones de Carlos López, que con pasión y rotundidad negó afirmaciones de algunos miembros de la mesa, el resto de participantes estuvieron bastante comedidos.
A diferencia de otras ocasiones, el debate estuvo perfectamente moderado por Ignacio Garrote, que en todo momento supo recalcar los aspectos importantes de cada intervención y puso cordura en determinadas declaraciones simplistas.

Comenzó la mesa González de Alaiza entregando a los asistentes un test (¡y yo sin estudiar!) para que lo fuésemos rellenando con él; alguna que otra pregunta trampa y poco más, las preguntas eran verdaderamente sencillas pero servían perfectamente para introducir este debate tan machacado.

A continuación Javier de la Cueva, con quien no comparto la mayoría de sus afirmaciones (y acciones) en esta materia y que, sinceramente, fue menos polémico de lo que me pensaba. Hizo un correcto discurso sobre los aspectos negativos del canon (el Estado es el principal financiador del canon; es un sistema indiscriminado) aunque creo también que cayó en determinadas afirmaciones simplistas (comparando el perjuicio por las copias privadas con el perjuicio que les causó a los taxistas que el metro llegase hasta Barajas), concluyendo que parece que el derecho de autor es un derecho privilegiado comparado con el de otros colectivos.

Se quejó de la promulgación de normas ineficaces, de la discusión bizantina de si la copia privada es un límite o un derecho (él aboga por lo segundo) y del poder de auditoría de las entidades de gestión, que es incluso superior al del Tribunal de Cuentas (algo a lo que le contestó posteriormente Carlos López). Recordó que ni tiene nada que ver con www.todoscontraelcanon.es, ni con las acciones que está realizando esta asociación. En definitiva, un discurso correcto, marcado por los aspectos negativos de la compensación equitativa y menos mordaz que en otras intervenciones.

Continuó Javier Ramírez afirmando rotundamente que la propiedad intelectual debe estar suficientemente protegida, más aún cuando la empresa para la que él trabaja (HP) vive parcialmente del software. Según él, en la era analógica, el canon era un mal menor válido, aunque en la era digital éste es un modelo inútil por ser una realidad completamente diferente (según sus datos, sólo un 6,6 % de usuarios de impresoras multifunción ha copiado alguna vez).

Recordó el fundamento del canon (establecido por una sentencia del Tribunal Supremo), como una vía para recompensar los daños y perjuicios por el lucro cesante y criticó la doble moral de determinadas entidades de gestión que intentan ver el canon como un medio para resarcirse por las pérdidas ocasionadas por la piratería, cuando al mismo tiempo afirman que el P2P no es copia privada. Para Ramírez, el canon es un debate puramente económico y no jurídico (a lo que estoy parcialmente de acuerdo).

Criticó la Circular del Ministerio Fiscal que armonizaba la postura de este órgano con respecto al peer-to-peer, calificándola de errónea y apuntando que quizá fuese revisada en los próximos meses. Finalizó criticando también el texto del art. 25 LPI, y en especial que esta remuneración se aplique a equipos y soportes “idóneos”, ya que según él también se deberían tener en cuenta factores económicos a la hora de terminar dicha compensación. Terminó alegrándose de la nueva necesidad de que la remuneración compensatoria deba ser proporcional al precio del producto, algo que, según Javier González, fue “un gol” metido a las entidades de gestión.

Como digo, Carlos López fue el más enérgico y apasionado de todos los intervinientes, recordando que todo lo que se ha conseguido en materia de derechos de autor ha sido fruto de batallas judiciales ganadas. Recalcó de nuevo que el “canon” no es un impuesto ya que se trata de una remuneración de naturaleza civil sin finalidades fiscales, criticando así la tergiversación del debate de la semana pasada en La 2.

En referencia a dicho debate, afirma que es cierto que países como Sierra Leona o Zimbawe no tienen “canon”, pero que sí la tienen la mayoría de países europeos (mayores productores de cultura), excepto los de tradición anglosajona, con un sistema de copyright muy diferente al de derechos de autor.

Para él, la naturaleza jurídica del canon es clara, es una excepción que impide el legítimo ejercicio de determinadas facultades que sí constituyen un derecho (en referencia al derecho exclusivo de reproducción de los autores).

Sobre la relación DRM – Canon, Carlos López es claro, hasta que las medidas anticopias no sean eficaces hay que remunerar por las “n” copias que se realicen una vez rota la medida anticopia. Además, como fue el último interviniente pudo replicar a los otros ponentes; según él, el 25 LPI habla de idoneidad, de posibilidad, no de que al final se realice, con una aplicación analógica al 20 LPI (de comunicación pública, que dice que “pueda tener acceso a la obra” y no que efectivamente se tenga). Sobre la crítica a su poder de auditoría, especificó que ésta es propia de un sistema de autogestión y que las entidades de gestión cumplen a rajatabla el principio de confidencialidad mercantil.

Finalizó el debate con preguntas e intervenciones de los asistentes; yo formulé una pregunta sobre la relación copia privada – DRM, que desgraciadamente no se pudo discutir tanto como pretendía por estar fuera de tiempo, lo que quizá hizo parecer que la misma era simplista (nada más lejos de mi intención).

En resumidas cuentas, y para no alagar más este post, un debate bien llevado, con pocos trastos volando por encima de las cabezas de los participantes y con pocas cosas claras más que la compensación equitativa no es un impuesto, y que hay muchos intereses (principalmente económicos) en juego.

Canon Digital | Wednesday 4 April 2007

No suelo hablar del canon en mi blog porque creo que es un tema muy trillado, cansino y sobrevalorado. Además, se dice mucho sobre el mismo (especialmente en webs no especializadas y con tendencia a equivocarse) y no creo que aportase nada nuevo a un debate que a mí particularmente, ni me va ni me viene.

A pesar de eso, este post, como su título lo indica va a ir sobre el canon digital y no será la última vez que hable del mismo porque el lunes voy a una de esas mesas redondas de la UAM que se debatirá este asunto.

Hoy quiero hablar del canon por dos motivos, primero por el debate de anoche en Enfoque, en La2, y segundo por una noticia que ha salido publicada en Menéame y que subió un oyente de mi podcast.

Aunque los martes es noche de “House”, anoche cambié de rutina para ver un debate que a priori parecía interesante, con ponentes con más o menos elocuencia: Jesús Banegas (presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de España – AETIC-), Abel Martín (director general de AISGE), Víctor Domingo (Asociación de Internautas) y Benjamín Prado (escritor).

El debate estuvo mal dirigido por Elena Sánchez, quien a penas intervino y desde luego no lo hizo para esclarecer nada sino para apuntar a las entidades de gestión. Además fue una discusión bastante desordenada aunque sí se nombraron (sin la importancia que tienen) determinados temas que creo que tenían más relevancia.
Para empezar, la pregunta del programa estaba mal planteada: ¿Debe compensarse las pérdidas de la piratería con un canon? Y digo que estaba mal planteada porque todos los oradores estaban de acuerdo (excepto el escritor), que el canon no tiene como finalidad mitigar los efectos de la piratería, sino compensar por las copias privadas lícitamente realizadas. Es evidente que hoy en día el número de copias piratas es mayor que el de copias privadas, por lo que aunque su finalidad no es esa, la realidad es que el canon sí está sirviendo como sistema compensatorios a las pérdidas que genera la piratería.

Se dijeron términos incorrectos: “derecho de copia privada”, “el canon es un impuesto, una tasa,…”, ambas partes cayeron en conclusiones simplistas y tergiversadoras (como que el 95% del mundo no tiene copia privada, lo cual es estrictamente cierto, pero no es menos cierto que los mayores productores de cultura sí la tiene), o que “todo es copia privada”, lo cual demuestra contradicciones en algunas entidades de gestión.

En definitiva, un debate aséptico, desordenado y poco informativo.

El segundo tema del que quería hablar es una noticia que han subido recientemente a Menéame y que salió (a modo de spin-off) del último podcast: ¿Los artistas copyleft deberían cobrar su parte del canon?

La pregunta la formuló Ehooo y me pareció realmente interesante. Mi respuesta, a la cual solicité comentarios por si había algún punto en el que fallaba, fue la siguiente:

Lo primero que podríamos pensar es que no tienen derecho a esta remuneración ya que el famoso canon pretende remunerar por las copias desautorizadas que se realizan por los usuarios, pero si un autor pone su obra en Internet y expresamente permite su reproducción, ya no estamos ante copias desautorizadas sino ante una copia realizada con autorización.

El problema es que el artículo 25 de la ley, el artículo que regula el “canon”, especifica que éste es un derecho irrenunciable para los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, es decir, que estos, aunque quieran, no van a poder renunciar a este derecho remuneratorio. De hecho, no hace falta estar asociado a la SGAE ni a otra entidad de gestión para recibir este derecho remuneratorio, sino que incluso si no eres socio y las entidades de gestión comprueban que se han realizado copias de tus obras, tú recibirás en tu casa un cheque por esas copias caseras.

Así que, aunque estés autorizando a realizar copias de tus obras, debido a la naturaleza del mal llamado canon, que es irrenunciable, el autor seguirá teniendo derecho a recibirlo. Pero como te digo, este es mi punto de vista, seguro que alguien tendrá algo que añadir y estaré más que encantando de escucharlo.

A lo que añado que todo lo que digo es en un plano teórico práctico, es decir, el autor “copyleft” seguirá teniendo el derecho, aunque no podrá ejercitarlo para todas aquellas copias autorizadas realizadas en ámbitos doméstico. A pesar de ello, creo que hoy en día ninguna entidad de gestión comprueba si un autor/artista no socio con derecho a la remuneración del 25 LPI utiliza alguna “licencia libre“, por lo que aunque no puede ejercitar ese derecho, la remuneración le podría llegar (en un caso muy muy hipotético) por esa falta de comprobación de las entidades de gestión.

Como digo, ésta es mi teoría que pido que sea completada por quien tenga más datos que yo.

Llámalo Canon o Autorización | Monday 13 November 2006

Tras casi una semana sin escribir y tras varios días de puente “almudenero” por mi tierra, quiero escribir un poco sobre la noticia que han dado muchos medios sobre el futuro pago de 1 dolar por parte de Microsoft a Universal por cada Zune vendido. La noticia la dieron sitios como Yahoo News y el New York Times, que calificaron el hecho como sorprendente y raro, lo cual reitero. Mientras en España los que tienen que pagar lanzan toda su mercadotecnia para criticar el pago de este canon, en EE.UU. determinadas empresas comienzan a pagar una cantidad compensatoria voluntariamente; los americanos pueden parecer ingenuos en determinadas circunstancias, pero cuando se trata de business y de money, saben perfectamente de qué están hablando. Algo querrá Microsoft.

La semana pasada, se desarrolló una mesa redonda en SIMO con representantes de todoscontraelcanon.es en la que se discutió la idoneidad del canon; evidentemente, con representantes de un solo lado de la batalla, el “No al Canon” ganó por amplia mayoría. Y no digo que no tengan parte de razón, que creo que la tienen, pero en todas estas apariciones públicas obvian determinados datos que se tienen que tener en cuenta (y se tuvieron) a la hora de negociar el pago de un canon por la venta de soportes y dispositivos. Ya he dicho en otras ocasiones que estoy a favor del canon porque es la que nos da cobertura legal para realizar copias de obras en nuestros mp3′s, PSP’s o Minidiscs, pero que también creo que se debería configurar de otra forma, por ejemplo, gravando solamente los dispositivos, en vez de aparatos y soportes.

Me llama la atención lo que saldrá de esta mesa redonda, “una entidad con personalidad jurídica” para gestionar las posibles exenciones al canon, como sucede en los casos en los que se utilizan soportes digitales para grabar datos y contenidos propios. La idea es contar con un mecanismo “no interesado” para acreditar dichas exenciones.” Me parece bien y apropiado la creación de este tipo de entidad, especialmente para instituciones que no destinan los CD’s y DVD’s para la grabación de material protegido, pero eso de “crear un mecanismo no interesado” me parece un poco descarado; una entidad que nazca auspiciada por un grupo de sociedades que luchan contra el pago del canon, siempre va a estar interesada en la eliminación del mismo, aunque sea para un colectivo concreto.

Así, mientras nosotros nos peleamos por el cansino canon, Microsoft pagará voluntariamente a Universal un dolar por cada Zune vendido, y claro, esto tiene el peligro del “efecto llamada”, es decir, que ahora venga Sony BMG, Warner, Emi y miles de discográficas independientes a pedir su dolar del pastel ¿o es que Microsoft pagará a Universal a cambio de algo, por ejemplo, de la posibilidad de compartir la música de su repertorio a través del Wifi del aparato?

Si Microsoft ha accedido a pagar a Universal no es porque le esté dando una remuneración que la legislación americana no contempla, sino porque quizá se ha dado cuenta de que puede ser muy beneficioso para ella añadir la posibilidad de compartir canciones de un sello discográfico a través de la preceptiva licencia/autorización. Me suena, al igual que en el caso Pioneer Inno, a un pseudo-canon compensatorio, a un canon contractual, a un mismo fin pero por diferentes medios.

Seguiré con detenimiento este tema, sobretodo me interesa ver qué saca a cambio Microsoft y si otras discográficas se unirán a Universal en la obtención de una parte del precio de cada reproductor mp3 vendido.

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