“Divagaciones (y perturbaciones) legales sobre Regreso al Futuro II” | Wednesday 21 October 2015

Reproduzco a continuación un artículo que he escrito con mi compañero y amigo el Replicante Legal (que cuenta en su blog los aspectos legales del mañana) y publicado originariamente en Xataka Magnet, en donde divagamos sobre la magnífica “Regreso al Futuro II”: 

Hoy, 21 de octubre de 2015, es el día al que Marty McFly viajó en el DeLorean de Doc. Brown, desde el año 1985, con el fin de salvar a Marty McFly Jr. de cometer un crimen que le arruinaría la vida.. Desde hace meses se están preparando homenajes a tan señalada fecha, pero ¿alguien se ha parado a pensar los paradigmas legales (y de espacio-tiempo) que implicaba este acontecimiento?

Los creativos de “Regreso al Futuro II” imaginaron un sinfín de innovaciones que incluyeron en la sociedad de 2015 que visitó Marty, como el inductor de estado alfa, las zapatillas con ajuste automático, la chaqueta auto-ajustable y auto-secable, el diseño de la corbata doble o, por supuesto, el Hoverboard. ¿Se pueden proteger hoy en día todas estas innovaciones, cuando se “inventaron” hace más de dos décadas?

En otro orden de cosas, en el futuro los juicios duran sólo dos horas porque no hay abogados, según le dice Doc a Marty al principio de la película. Afortunadamente (para los juristas…) Robert Zemeckis no acertó en esa predicción y los abogados seguimos siendo hoy una parte esencial en el proceso de administración de justicia, al menos de momento.

En este artículo pretendemos comentar desde una perspectiva jurídica (esencialmente con las leyes de España) algunas cuestiones que aparecen en la película y que nos han llamado la atención por distintos motivos; es nuestro particular homenaje a esos dos genios del cine que son Zemeckis y Spielberg.

 

PATENTES

En “Regreso al Futuro II” aparecen dispositivos que hacen la vida del año 2015 un poco más sencilla (como el repostaje automático de los coches, el Hydrator de Black & Decker o los drones informativos de USA Today) y, a veces, ridícula (como el Hoverbelt que utiliza George McFly para curar su dolor de espalda).

bttf-patentes

A la izquierda, el “hidratador” de alimentos de Black & Decker, y a la derecha el reparador de espaldas de George McFly

Pero ¿qué hubiese pasado si Marty se hubiese llevado algunos de estos inventos al pasado, como souvenir? ¿Cuándo se hubiese considerado inventado y, por tanto, se podría proteger? De hecho, McFly viajó al año 1885 con sus zapatillas Nike del año 1989 que, a buen seguro, tendría alguna que otra patente.

La patente es un sistema por el cual el Gobierno otorga derechos exclusivos al desarrollador de una invención durante 20 años, a cambio de que revele completamente en qué consiste dicha innovación. Así, las patentes se refieren siempre a inventos (nunca marcas, signos distintivos, obras de arte, etc.), que deben ser perfectamente descritos en la solicitud ante la oficina correspondiente y, si es aceptada, el titular de la misma podrá explotarla en exclusiva durante dicho periodo de tiempo.

Generalmente, se pueden patentar todas aquellas invenciones que cumplan todos los requisitos siguientes:

  • Que sean novedosas, es decir, no se podrá otorgar una patente a algo que ya existiese previamente.
  • Que implique una actividad inventiva, en contraposición de meros “descubrimientos” o avances obvios.
  • Y que tengan una aplicación industrial o que sean útiles, es decir, que sirvan para algo.

Como decíamos, ¿pueden afectar los viajes en el tiempo a las patentes? En un plano teórico (y de abstracción mental), sí. Dado que uno de los requisitos de patentabilidad de un invento es que sea novedoso, éste puede desaparecer si Marty decidiese facilitar su vida de 1985 con alguno de los nuevos productos de 2015, y se lo llevase en su DeLorean. Así, esa innovación aparecería por arte de magia en 1985, y cuando se inventase realmente posteriormente, la invención dejaría de ser novedosa porque ya existía en el pasado, y, por lo tanto, no sería patentable. Algo parecido ocurría en Terminator 2, con el brazo del T-800, encarnado por Arnold Schwarzenegger, que sirvió de inspiración a Cyberdyne System para diseñar posteriormente el androide. Paradojas legales de los viajes en el tiempo.

Otra cuestión que se puede plantear es si son patentables ahora estos inventos que aparecen en la película, como la chaqueta auto-secable, el Hoverbelt o el mencionado Hydrator, para hidratar y cocinar alimentos en menos de 5 segundos. Es decir, se podría pensar que si estos inventos salen en la película, ya no son novedosos y por tanto, nadie podría solicitar una patente sobre ellos. En este caso, la respuesta es sí, es decir, sí serían patentables.

Las leyes de patentes de todo el mundo protegen la forma técnica en la que se materializa una invención, no así (de forma general) los principios, ideas o descubrimientos intrínsecos en ella. Es decir, una patente no protegerá cualquier “sistema de auto-ajustado de cordones”, sino uno específico en el que se describa perfectamente los dispositivos y técnicas que hagan posible que una zapatilla se ajuste de manera automática. Gracias a esto hay multitud de formas (y de patentes) que resuelven problemas técnicos, algunos muy similares, y de ahí las famosas “Guerras de Patentes” entre gigantes tecnológicos.

Así que, afortunadamente no existe todavía la posibilidad de viajar en el tiempo porque de hacerlo, seguro que tendríamos que modificar las leyes de patentes ya que ese “factor tiempo” (convertido en la “novedad” de una invención) es clave en la concesión de cualquier patente.

 

PROPIEDAD INTELECTUAL

Algo parecido ocurre con la Propiedad Intelectual, que es un sistema un tanto más complejo que otorga protección (también exclusiva) al creador de una obra o a quien realice prestaciones alrededor de ella, como un productor, un intérprete, etc., durante un periodo limitado de tiempo (la norma general para los autores es de protección toda su vida, más 70 años tras su muerte, y del resto de titulares, de 50 años desde la publicación).

Al igual que hablábamos en el punto anterior que la “novedad” era un requisito imprescindible para que exista una patente, para que una obra esté protegida por la Ley de Propiedad Intelectual es necesario que sea “original”, entendiéndose ésta como algo diferente (en términos objetivos o subjetivos) a lo ya existente. Vemos de nuevo que el “factor tiempo” es fundamental en la protección de obras y prestaciones del intelecto humano, como películas, canciones, obras de arte, libros, etc.

Al igual que ocurre en la primera parte, al final de esta segunda entrega se vuelve a mostrar a Marty tocando la canción “Johnny B. Goode” en el año 1955 y, mientras tanto, uno los músicos -Marvin Berry- hace una llamada a su primo Chuck diciéndole que ha encontrado el sonido que él andaba buscando. Es decir, según la película, la canción más reconocida a nivel mundial de Chuck Berry y una de las más versionadas de su repertorio, es un plagio porque el compositor de Misuri realmente no hizo más que reproducir las notas que había ejecutado Marty en la fiesta “Encantamiento Bajo el Mar”. Por tanto, en la película se plantea que la canción no es de Berry y en consecuencia no debería ser considerado el autor y creador de la misma.


bttf-pi

Marty McFly interpretando “Johnny B. Goode” en Regreso al Futuro II

 

Si esto es así ¿quién es entonces el autor de una de las canciones más importantes del Rock ‘n’ Roll?

Según nos cuenta la película, Marty es quien la interpreta por primera vez en público en 1955 y por tanto podríamos suponer que es él quien la ha compuesto. El problema es que McFly conocía la canción porque había escuchado (en el futuro) la famosa versión de Chuck Berry y por tanto no hay creatividad ni originalidad por su parte, lo que imposibilita que Marty pueda ser considerado su autor según las leyes actuales de la propiedad intelectual. Concluiremos entonces que Berry es el autor de Jonny B. Goode, aunque quizá la inspiración no le vino sólo de su propia biografía…

 

DISEÑO INDUSTRIAL

Otro de los mecanismos legales para proteger activos intangibles es el “Diseño Industrial”, que tiene la finalidad de proteger temporalmente (durante periodos de 5 años, hasta un máximo de 25) la apariencia de un producto, como una lámpara, una mesa, un vestido, un traje, una corbata o, como no, unas zapatillas de deporte.

Para que un producto sea registrable y protegido por la Ley de Diseño Industrial, debe ser novedoso y poseer carácter singular, es decir, en primer lugar que ningún otro diseño idéntico se haya puesto a disposición del público y, en segundo lugar, que la impresión general que produzca en un usuario difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño. Una vez más, el “factor tiempo” es esencial a la hora de proteger un producto por este sistema.

En la película aparecen multitud de productos que podrían protegerse como diseño industrial, como la corbata doble de Marty McFly del futuro, la bolsa de deportes, o los famosos Nike MAG con cordones auto-ajustables. De hecho, desde 1989 las zapatillas que se calza Marty en el futuro han sido objeto de deseo por los fans de la saga, hasta el punto que hizo que la empresa de Oregon fabricase una edición limitada en 2011 (sin sistema auto-ajustable) que llegó a vender por casi 10.000 dólares la pareja.

bttf-diseño

Las Nike MAG creadas para Regreso al Futuro II

 

Vuelven a aparecer aquí una vez más la duda de los apartados anteriores de qué ocurriría si McFly se llevase las Nike MAG al pasado ¿dejarían de estar protegidas en el futuro, cuando los diseñadores de Nike las creasen realmente? Quizá.

Pero una pregunta que tiene más repercusión práctica es que si el diseño es realmente de 1989 (año de lanzamiento de la película) ¿estarían protegidas a día de hoy? La respuesta parece ser que no, al haber pasado esos 25 años de protección máxima que ofrece la Ley, lo cual implicaría que su diseño estaría ya en el dominio público y que cualquiera podría incorporarlo a su propio producto. Pero cuidado, porque esto no quiere decir que se pueda incluir también el famoso “swoosh” de Nike, ni las tecnologías que lleve incorporada la zapatilla de 2011, que estarán protegidas por, respectivamente, marcas y patentes. Las leyes son complejas y gracias a eso vivimos los abogados.

 

DERECHOS DE IMAGEN

En la película, Marty entra por enésima vez a la cafetería que está enfrente de los juzgados de Hill Valley, llamada en la segunda parte “Cafe 80’s”, y se encuentra con camareros robotizados con monitores con la imagen (supuestamente) informatizada de Michael Jackson, Ronald Reagan y el Ayatollah Khomeini. ¿Puede un famoso evitar este tipo de usos de su imagen?

bttf-imagen

Ronald Reagan y el Ayatollah Khomeini utilizados para despachar Pepsi Perfect en Regreso al Futuro II.

 

Todas las personas tenemos derecho a que se respete nuestro honor, a evitar la publicación de información de nuestra esfera íntima y a impedir la utilización de nuestro nombre, voz o imagen para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Por tanto, cualquier utilización de la imagen de una persona para una finalidad comercial debe ir precedida por su autorización expresa, si no queremos meternos en problemas.

En este caso, una empresa (la propietaria de “Cafe 80’s) utiliza la imagen de tres personas célebres en la década de los ochenta, para atender a sus clientes. Era presumible que, por su edad, dos de ellas (Reagan y Khomeini) no fuesen a estar vivas en 2015, pero Michael Jackson podría haberlo estado este año si no hubiese fallecido en 2009. ¿Estaríamos en todos los casos ante usos ilícitos de la imagen de famosos?

En este punto, las leyes cambian de un país a otro, pero en general todos los estados avanzados conceden estos derechos de imagen a todas las personas, durante su vida y, para sus descendientes, durante unos años tras su muerte (entre 70 y 100 años, según cada país). Por tanto, tanto los herederos de Reagan como los de Jackson (desconocemos las leyes del Irán de Khomeini) podrían haber exigido al dueño de “Cafe 80’s” y al fabricante del “camarero robotizado” una indemnización por explotación inconsentida de la imagen de sus predecesores y, cómo no, la paralización de tal atentado contra su propia imagen.

¿Y contra los productores de la película, por aparecer en ella? Teniendo en cuenta la naturaleza de la utilización (en una obra artística, en contraposición de un producto industrial del supuesto anterior) y que el tono es un tanto paródico, aquí primaría la libertad de expresión y creación y, a no ser que afecte al honor del retratado, no creemos que hubiese mayor problema (hasta que un abogado se ponga por medio).

 

IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LOS VIAJES EN EL TIEMPO

Por cierto ¿los viajes en el tiempo están permitidos o prohibidos? Viendo los problemas jurídicos que provocan, seguro que muchas personas opinan que no deberían ser legales. Lo cierto es que no están ni prohibidos ni permitidos. Simplemente no existe normativa al respecto. Y ¿por qué? Probablemente porque hoy día no son viables. ¿Tiene sentido prohibir o regular una situación que no existe ni tiene visos de existir a corto plazo? En principio no.

Se suele decir que la realidad va siempre por delante de la ley y seguramente sea lo más lógico. Como regla general, la innovación no debería estar sometida a restricciones previas. Esa es la tesis que defienden Adam Thierer y otros autores. Como excepción, podríamos citar aquellos desarrollos médicos o tecnológicos que pueden suponer un peligro grave si no se regulan a priori. Pensemos por ejemplo en la ingeniería genética o en la inteligencia artificial.

 

RESPONSABILIDAD

Volviendo a la película, en otro momento McFly ve una oportunidad de hacer dinero fácil y compra un almanaque deportivo con todos los resultados en EEUU entre 1950 y 2000, pero Doc le convence de no llevarse el libro al pasado. Biff, sin embargo, tiene menos escrúpulos y “roba” el almanaque y la idea de Marty para hacerse millonario. ¿Incurre Biff en responsabilidad legal al alterar el espacio-tiempo?

bttf-responsabilidad

Marty McFly con el almanaque deportivo

 

Recordemos que el pasado alternativo al que vuelve Marty McFly en la segunda parte de la saga es muy diferente al que dejó, provocando claros perjuicios no sólo en Hill Valley, sino también en los personajes de la película, excepto el propio Biff.

 

bttf-lineatemporal

Línea temporal de la saga “Regreso al Futuro”, disponible en

http://backtothefuture.wikia.com/wiki/Back_to_the_Future_timeline

 

En derecho español existen dos tipos de responsabilidad: contractual y extracontractual. La distinción entre ambas parte de una idea sencilla: la existencia o no de un vínculo contractual entre la persona física o jurídica que produce el daño y quien lo sufre. Así, la primera sería la que surge de un daño producido a otro en virtud de un contrato negociado y acordado entre ambos y la extracontractual es la que nace de un perjuicio producido a otro sin que haya una relación jurídica previa entre ambos.

En este caso no existe relación contractual entre Biff y los habitantes de Hill Valley, por lo que habría que acudir a la categoría de responsabilidad extracontractual para poder reclamarle por los destrozos que hace a la ciudad. Nuestro Código Civil establece que el que causa un daño (por acción pero también por omisión), está obligado a repararlo, siempre que exista “culpa o negligencia”. Para determinar si ha existido negligencia hay que valorar las circunstancias del supuesto concreto: lo que nos cuenta la película es que Biff toma el almanaque deportivo que McFly tira a la basura, con la intención de viajar al pasado y alterar el curso de los acontecimientos para hacerse millonario con una información que no debería estar en su poder.

Sin perjuicio de que el “insider trading” no estaba tan perseguido en el año 1985 como ahora, entendemos que Marty y el resto de habitantes de Hill Valley tendrían derecho a reclamar a Biff los daños y perjuicios que han sufrido como consecuencia de su decisión de traer del futuro el almanaque y apostar sin posibilidad de error. Eso sí, nos encontraríamos con un problema importante, que es cómo probamos ese daño, es decir, cómo demostramos que Biff alteró el curso de la Historia, provocando perjuicios a los habitantes de Hill Valley que no se hubiesen producido de no tener el almanaque deportivo. Otra de las paradojas legales de la saga.

 

OTROS TEMAS LEGALES

Hablando de dinero, la película también nos presenta a Doc viajando con un maletín lleno de dólares de distintos momentos. ¿Es delito estar en posesión de unos billetes que no son de curso legal? Definitivamente no si son billetes que han sido legales en una época anterior (como las pesetas hace unos años). ¿Y los billetes que todavía no se han inventado? Seguro que a las autoridades monetarias no les hace mucha gracia pero no parece que ese supuesto esté expresamente contemplado en la normativa, simplemente porque no se ha inventado la forma de generar moneda del futuro.

Y ¿es legal que tanto coches como drones de noticias –como los que utiliza USA Today en la película- usen el espacio aéreo, hoy reservado únicamente para aviones? La cuestión de los coches voladores todavía no se ha planteado por la incapacidad técnica de que estos despeguen en reducidos espacios y se muevan con agilidad por el cielo de las ciudades, pero muchos países (incluyendo EEUU) ya han limitado la utilización de drones (incluyendo con cámaras, como en Regreso al Futuro II) en zonas habitadas. Por tanto, no hay norma que regule el supuesto de coexistencia de drones y coches voladores, pero en cualquier caso, es muy poco probable que el vuelo del DeLorean estuviese permitido, al menos de forma manual.

En fin, no está claro si los viajes espacio-tiempo serán posibles en algún momento cercano. Lo que sí podemos afirmar es que, si ello llegará a ocurrir, los abogados tendríamos trabajo asegurado durante muchos años.

* Todas las imágenes de la saga pertenecen a Universal City Studios, Inc.

Meerkat, Periscope y los deportes: ¿puede un aficionado retransmitir un partido desde la grada? | Wednesday 29 April 2015

Gracias a mi colaboración con HojadeRouter de ElDiario.es me obligo a escribir; aquí os dejo mi post de este mes:

En las últimas semanas se han puesto muy de moda aplicaciones como Meerkat o Periscope (recientemente adquirida por Twitter), que permiten a sus usuarios realizar retransmisiones en vivo a través de Internet, usando para ello únicamente su teléfono móvil. Estas aplicaciones se pueden utilizar para contar a toda la Red qué está pasando a tu alrededor en ese momento (como el derrumbe de un edificio en Nueva York) o para retransmitir un concierto, una película o partido de fútbol o baloncesto.

Hace unos días, con el estreno de la quinta temporada de Juego de Tronos, Twitter se apresuró a advertir que todos aquellos usuarios que infringiesen sus términos de uso (en donde se prohíbe la retransmisión de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual), podrían ver su cuenta clausurada de forma permanente.

La difusión de este tipo de contenido no sólo está prohibida por Twitter, sino también por la Ley de Propiedad Intelectual, que concede derechos exclusivos al propietario de una canción, serie de televisión o película y que le permite actuar contra quien, sin su autorización, redifunda las mismas por Internet (o por cualquier otro medio), con o sin ánimo de lucro. Lo mismo ocurre con un concierto de música, ya que la misma ley otorga derechos exclusivos a sus intérpretes, por lo que cualquier retransmisión de este tipo deberá ser expresamente autorizada por los titulares de derechos afectados.

Más compleja es la retransmisión de eventos deportivos ya que en nuestro país no existe ninguna norma que determine quién tiene los derechos sobre una competición deportiva y sobre los partidos que se desarrollan dentro de ella. La mayoría de los países de la Unión Europea han considerado que los derechos sobre un partido corresponden a cada uno de los clubes que forman parte de una competición, con respecto a los partidos que se realicen en su estadio y que sean ellos los gestores o administradores del mismo. Incluso teniendo en cuenta este criterio, algunas ligas se han organizado para vender de forma conjunta los derechos televisivos, como el sonado caso inglés.

En nuestro país, se ha optado por la autorregulación, así que cada sector ha determinado si negociar de forma conjunta estos derechos (como es el caso de la liga de baloncesto –ACB-), o hacerlo –por ahora- de forma individual (como el futbol –LFP-). Por eso, en nuestras fronteras, esta cuestión se regula principalmente por el Derecho de Admisión, mediante el cual quien tiene el control sobre el acceso a un determinado recinto deportivo, podrá prohibir o permitir la entrada a determinadas personas, o la realización de determinados actos en el interior del mismo como, por ejemplo, utilizar dispositivos para retransmitir lo que allí ocurre.

De hecho, es una práctica habitual que al adquirir una entrada para un evento deportivo, el comprador se someta a unos términos y condiciones, en los que se suele incluir la prohibición de grabar y retransmitir el partido.

terms

Ejemplo de una cláusula de las condiciones de entrada a un evento deportivo, en concreto de la Final Four de la Euroleague de Baloncesto.

Por tanto, la clave estará en comprobar si el organizador del evento deportivo ha establecido limitaciones en la utilización de dispositivos tecnológicos y en la retransmisión del propio evento al acceder al mismo. En el caso de la Final Four de la Euroleague de Baloncesto, vemos que el organizador permite la entrada de cámaras de hasta 10 megapixels para uso personal, pero se reserva el derecho de pedir información a quien introduzca dispositivos de vídeo de mayor resolución. Además, de forma clara, prohíbe la grabación, reproducción y/o transmisión del evento (incluyendo los momentos anteriores y posteriores al mismo, y los descansos), incluso de forma parcial y de cualquier forma, con una mención específica a la prohibición de difundir el partido través de Internet y de teléfono móviles.

Mientras que en los eventos a puerta cerrada el organizador podrá limitar este tipo de actos, será mucho más difícil prohibirlos en aquellas competiciones deportivas que se desarrollen en un espacio público, como la Vuelta Ciclista a España o el recientemente celebrado Maratón de Madrid. Al desarrollarse estas competiciones en la vía pública, los organizadores no tendrán dicho Derecho de Admisión, y únicamente podrán tener cierto control sobre ciertas zonas exclusivas a las que no puede acceder el público en general, en las que podrá limitar la retransmisión de la carrera.

Así, a la pregunta de si puede un aficionado retransmitir un partido desde la grada, como suele ser habitual en Derecho, la respuesta es un incierto “depende”. Como hemos visto, estará condicionado a si el evento deportivo se desarrolla en un espacio público o privado y, en la mayoría de los deportes, a si el organizador ha decidido limitar (o directamente prohibir) la retransmisión del mismo, generalmente advertido a la hora de comprar la entrada y en el reverso de la misma.

Aplicaciones como Meerkat o Periscope pueden verse como nuevas vías de explotación de imágenes de competiciones deportivas, así que más que centrarnos en cómo eludir las normas ya existentes, lo interesante es que descubramos qué nuevas formas de explotación se pueden desarrollar que sean beneficiosos para los usuarios de estas apps, los organizadores de las competiciones deportivas y los internautas.

Mercado Único Digital y la Legalidad de los Memes | Monday 9 March 2015

Os preguntaréis que qué tiene que ver el Mercado Único Digital y la Legalidad de los “memes” de Internet y la respuesta es que más bien poco. El único nexo de unión es que son dos temas tratados en fechas recientes, el primero dentro de tres días y el segundo hace cinco.

El próximo jueves 12 de marzo, en el marco del ‘III Congreso Propiedad Industrial e Intelectual y Competencia Desleal y su práctica ante Tribunales’ co-organizado entre la Asociación DENAE y FIDE, moderaré una mesa redonda titulada: Mercado Único Europeo en el ámbito digital, y las nuevas formas de ventas y monetización, en la que participarán y aportarán experiencias y conocimientos Alejandro Sánchez del Campo (Digital Regulation Counsel en Telefónica Digital), Alexandre Pérez Casares (Fever Labs Inc) y Teresa López (Head of Content Acquisitions and Legal en Wuaki.tv ).

El Mercado Único Digital es uno de los objetivos de la Comisión para su plan estratégico Europa 2020, con el objetivo de que cualquier europeo pueda adquirir cualquier bien digital (películas, música, series de TV, etc.) en cualquier país de la Unión, sin geo-bloqueos. Este propósito choca con la realidad actual, con un mercado segmentado, formado por distribuidores locales y con acuerdos de explotación de contenidos limitados geográficamente de origen. ¿Cómo conseguimos cambiar este mercado y sus reglas para conseguir los objetivos de la Comisión y ponernos a la altura de otras regiones, como EE.UU., China o Japón? De esto hablarán los ponentes, desde el prisma de las Telco, de los Contenidos y del Negocio, con nuevas formas de monetización y cómo están condicionadas con el territorio en el que se desarrolle un determinado negocio.

Para apuntarse al Congreso completo (en el que están los primeros espadas de nuestro país) hay que escribir a Carmen Hermida (carmen.hermida@fidefundacion.es) y los socios de DENAE tienen un 50% de descuento. Me comentan que todavía hay plazas, así que espero que os animéis.

Y sobre el segundo punto, un tanto más distendido, os dejo el post que me publicaron hace unos días en ElDiario.es, sobre las Parodias y los Memes de Internet:

Los ‘memes’ y la ley: ¿cuándo es ilegal reírse de un famoso o un político?

Hace tan solo una semana terminó el carnaval de Cádiz. Durante los días que dura esta fiesta, todo amante del folclore andaluz ha disfrutado, presencialmente o a través de YouTube, de coros como La Trattoría y La Niña Bonita o chirigotas como Ahora es cuando se está bien aquí.

Si de algo pueden presumir los gaditanos es de reírse de todo y de todos, incluso de ellos mismos. De hecho, los cuartetos, comparsas, coros y chirigotas llevan décadas sacando punta a cualquier tema de actualidad, burlándose de personajes famosos (mítica ya Esto sí que es una chirigota, emulando a todos los ministros del Gobierno) o parodiando canciones, libros y películas (como Las Muchachas del Congelao, en alusión a las princesas Disney).

Este afán del ser humano por reírse de todo lo que le rodea también se manifiesta en internet y en las redes sociales, y es habitual que a los pocos minutos de que una persona, hecho, canción o película se haga popular, se publiquen multitud de parodias en YouTube, Twitter y Facebook. Por ejemplo, tras la genial campaña de Old Spice ‘The Man Your Man Could Smell Like’ surgió en YouTube una legión de seguidores parodiando el anuncio.

Otro formato de esta peculiar forma de humor son los ‘memes’ que adquieren viralidad a través de Facebook – y, sobre todo, de Whatsapp -, como los famosos de Julio Iglesias (“ y lo sabes…”) o los del popular vestido multicolor:

¿SON LEGALES ESTAS CHIRIGOTAS, PARODIAS Y ‘MEMES’?

La Constitución Española reconoce el derecho fundamental a la libertad de expresión (artículo 20), que permite a cualquier ciudadano manifestar sus pensamientos, ideas y opiniones. Sin embargo, este derecho no es absoluto. Como aclara ese mismo artículo, tiene “su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Por tanto, antes de idear una campaña con el objetivo de que se convierta en ‘meme’, suponiendo que tal cosa sea posible, habría que analizar si el vídeo o la imagen que queremos difundir a través de internet infringe el también derecho fundamental al honor o a la intimidad de la persona protagonista de la fotografía.

La ley que desarrolla este derecho (del año 1982) aclara que es flexible y está condicionado por los “usos sociales” y por los “propios actos” de cada persona. Por su parte, los tribunales consideran que si alguien está constantemente vendiendo su vida a través de entrevistas y exclusivas, sube vídeos voluntariamente a YouTube en situaciones comprometedoras o tiene una profesión con impacto público, su ámbito de privacidad es más reducido y no podrá impedir críticas o guasas razonables (no hirientes) por parte de terceros.

Por eso, en casos muy excepcionales se podrán realizar ‘memes’ o vídeos de broma sobre una persona que no tenga dicho impacto mediático por razón de sus propios actos o de su profesión. En la mayoría de los casos, realizar un ‘meme’ o acto paródico de un compañero de clase o del trabajo, o de un amigo, será un atentado contra su honor (y/o su intimidad). Además, hay que tener especial cuidado con internet, donde una broma o la publicación de un vídeo inicialmente gracioso se nos puede ir de las manos y condicionar el futuro de la persona retratada (todos recordamos aún el famoso vídeo ‘Contigo no, bicho’).

El análisis jurídico de estos ‘memes’ tiene, además, otra vertiente: la Ley de Propiedad Intelectual. Generalmente, en estas piezas virales se utilizan fotografías, dibujos o vídeos sacados de la propia Red, que normalmente tienen un legítimo dueño. No obstante, la recién reformada normativa, para garantizar la libertad de expresión, establece una excepción a ese derecho exclusivo del propietario permitiendo la parodia siempre que “no implique riesgo de confusión” con la obra original ni se infiera un daño a ésta o a su autor.

En casos como el de Old Spice está claro que se toman elementos de la obra original para reírse de la misma, pero en otras ocasiones se utilizan para mofarse de algo o alguien ajeno a la propia obra, como puede ser un famoso, un deportista o un político. Estos supuestos no se encuentran amparados por la citada excepción a los derechos de autor, así que hay algo que no debemos olvidar si queremos hacer una parodia legal: tenemos que ridiculizar la propia obra.

Esta es, al menos, la teoría. En la práctica, suele haber cierta tolerancia por parte de los propietarios de los contenidos o de las personas parodiadas, habida cuenta de la escasa entidad patrimonial que tienen este tipo de fenómenos.

Sigamos entonces parodiando y riéndonos de nosotros mismos (y del prójimo), pero siempre desde el respeto (a las leyes y a las personas) y de forma responsable. Es la única manera de crear una sociedad de la información madura y divertida.

Enlazar no se va a acabar | Thursday 20 November 2014

Os dejo mi post de este mes en iLegales, en El Diario.es:

Una de las acciones más esenciales de internet es a la vez una de las más polémicas. Durante los últimos 15 años, numerosas leyes y sentencias en todo el mundo han tratado de establecer en qué escenarios es justo enlazar a una página o recurso de internet ajeno y en qué momentos dicha acción lesiona derechos y, por lo tanto, debe ser apercibida.

Aunque la inmensa mayoría de los enlaces no dañan los derechos o intereses de terceros, en ocasiones así ocurre. Por ejemplo, si una persona menciona a otra, incluyendo en su nombre un enlace a la página de Adolf Hitler en la Wikipedia, ¿el mencionado podría considerar que su honor ha sido trasgredido?

U otro caso: después de años de esfuerzo, hemos escrito un libro o tesis doctoral, alguien la sube sin permiso a internet, pero nadie tiene constancia de ello hasta que una web con millones de visitas facilita la localización exacta (el ‘link’). ¿Debería tener responsabilidad esta web, que es la que probablemente ha provocado mayor daño al autor del libro, y que podía no saber que el libro estaba en dicho servidor sin autorización?

En nuestro país, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información ya precisa desde 2002 cuándo el administrador de una página es responsable por los enlaces que se incluyan en su web, algo que además ha sido ampliamente desarrollado por los tribunales. En términos generales, dicho administrador no será responsable por los enlaces que lesionen derechos de terceros (por ejemplo, dirigiendo a dicha copia ilícita de un libro) si no tiene “conocimiento efectivo” de dicho hecho o, si lo tiene, actúa con diligencia para suprimir el enlace.

Los tribunales aceptan que ese “conocimiento efectivo” se adquiera de diversas formas, pudiendo ser un email del afectado, un burofax o cualquier medio que acredite que se comunicó al administrador que en su web había un enlace que derivaba a contenido ilícito o lesivo. Además, no es ni siquiera necesaria esa comunicación cuando es notorio que el contenido al que se deriva es ilícito, por ejemplo al enlazar a contenido que, manifiestamente, daña el honor de una persona.

Sin embargo, este año, la práctica de enlazar, embeber o la transclusión (incluir un documento o parte del mismo en otro documento) ha dado mucho que hablar por dos sentencias europeas y, sobre todo, por el polémico nuevo artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (el famoso ‘canon AEDE’). Entonces, ¿cuándo se puede enlazar o embeber un vídeo sin miedo a las consecuencias?

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea básicamente han establecido que al enlazar a un recurso disponible en internet no es necesario solicitar permiso a su titular de derechos siempre que se facilite el acceso al mismo “mediante el mismo método técnico utilizado originariamente” (‘streaming’, descarga…) y “que no se dirija a un público nuevo o diferente al pretendido por el titular de derechos”.

Por lo tanto, no podremos enlazar permitiendo la descarga de un archivo al que el propietario únicamente permitió disfrutar mediante ‘streaming’, o haciendo que esté disponible abiertamente cuando inicialmente sólo lo estaba para los suscriptores o abonados a una página web. En esos casos, el enlace requerirá la autorización del titular de derechos. Por eso no tendremos problemas cuando insertemos en nuestra web un vídeo de YouTube autorizado que tenga habilitada la opción de embeber o cuando incluyamos un enlace hacia el mismo.

El usuario medio de internet y los blogueros tampoco deben temer al ‘canon AEDE’, no sólo porque (por muchos motivos) su aplicación es casi imposible, sino también porque únicamente se aplica (sea lo que diantres sea) a los “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos”, y a la “puesta a disposición del público […] de fragmentos no significativos de contenidos”.

Por tanto, no habrá que pagar por enlazar a noticias, menos aún cuando no se utilice ningún elemento (como el titular) del artículo enlazado. Podremos seguir incluyendo enlaces hacia las webs de los medios de comunicación siempre que no seamos “agregadores de contenidos” o, siéndolo, no reproduzcamos fragmentos del contenido original.

Como resumen, y a pesar de que algunos auguran la muerte del enlace, podremos seguir enlazando con normalidad, sin tener que pagar a nadie a cualquier contenido disponible en internet, en abierto y que no sea flagrantemente ilícito. La inmensa mayoría de los enlaces no se verán alterados por este cambio en la ley y las nuevas sentencias europeas, ya que las mismas únicamente afectarán a un reducido número de páginas webs.

Estudio para la OMPI sobre el Régimen Jurídico de los VideoJuegos | Thursday 17 October 2013

El régimen jurídico de los videojuegos es uno de los temas de debate recurrentes en materia de Propiedad Intelectual. Es decir ¿los videojuegos son obras audiovisuales, obras multimedia -si eso ayuda a algo- o eminentemente software? Además ¿qué régimen jurídico específico se le aplica, el del software, el de obra audiovisual, el general…?

Por este motivo, y a petición del ex-primer ministro francés François Fillon, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) nos encargó la elaboración del estudio de investigación en el que se hiciese un análisis jurídico de este tipo de obras, su protección legal en 24 países, y unas conclusiones, sobre cómo creíamos que debían protegerse este tipo de obras tan complejas.

El informe ha sido elaborado junto a mis compañeros Laura López y Anxo Rodríguez, así como, siguiendo la petición de la OMPI, de Tim Meng y Stan Abrams (ambos de China), los cuales han hecho un magnífico trabajo en la localización, análisis y procesamiento de un ingente volumen de información. Además, hemos podido contar con la colaboración de profesionales de cada uno de los países analizados, sin los cuales, nunca podríamos haber obtenido la información que se refleja en el documento. Aunque suene a mensaje de entrega de premios, me gustaría enfatizar el agradecimiento a todos ellos ya que este proyecto es, quizá, uno de los que más horas de trabajo (y descanso) le he dedicado y sin su colaboración no habría sido posible.

Así, tras casi un año de trabajo interno y otro tanto tiempo de revisión de la OMPI, por fin podemos ver publicado el estudio en su página web, en la URL: http://wipo.int/copyright/en/activities/video_games.html

Se puede acceder a una copia del informe aquí (únicamente está disponible en inglés): http://wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf

En el mismo, tras una introducción sobre la evolución técnica de este tipo de obra creativa tan particular, la cual condicionaba sustancialmente a su calificación y protección jurídica, pasamos a describir la jurisprudencia y legislación de los siguientes países: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Egipto, Francia, Alemania, India, Israel, Italia, Japón, Kenia, Corea, Rusia, Ruanda, Senegal, Singapur, Sudáfrica, España, Uruguay, Suecia y Estados Unidos.

Me ha llamado mucho la atención que ninguno de los países analizados haya regulado este tipo de obras que tanta importancia tiene en la industria del entretenimiento hoy en día (prueba de ellos son los datos del nuevo GTA). Quizá, el país que más se ha preocupado por este tema ha sido Corea, por la importancia que allí tienen los campeonatos de videojuegos, aunque las sentencias más interesantes (y curiosas) están en EE.UU.

La mayor aportación que hemos podido hacer, en términos cualitativos, está en las conclusiones. Ahí exponemos que, curiosamente, la mayoría de jurisdicciones consideran que un videojuego es, principalmente, software, quizá porque es el único elemento común de todos ellos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, hoy en día el software ni prevalece técnicamente, ni debe considerarse como referente a la hora de analizar la naturaleza jurídica de los videojuegos, máxime cuando muchos videojuegos comparten el mismo software o game engine.

Los videojuegos son obras complejas en las que caben elementos literarios, gráficos, sonoros, software, personajes, etc., o incluso prestaciones, marcas, patentes, trade secret, los cuales, todos ellos, pueden ser protegidos de forma independiente. En casos como los juegos Beyond o GTA, estos elementos tienen tanta o más importancia que el software sobre el que se ejecuta, pero no es siempre así, ya que en otros juegos como los de móviles o los populares de redes sociales, el componente audiovisual está en segundo plano, por su poca originalidad y desarrollo.

Por eso, nuestra recomendación es que se inicie un debate tendente a valorar la necesidad de establecer un régimen jurídico internacional y armonizado, específico para los videojuegos, de forma similar al que la gran mayoría de países industrializados tienen para las obras audiovisuales.

Espero que os resulte interesante el informe (aunque dudo que alguien se lea las casi 100 páginas que ocupa) y, especialmente, que genere mucho debate (constructivo).

En próximos posts iré anunciando otro tipo de iniciativas y actividades que espero que surjan a raíz de este estudio.

 

Hacia la Abogacía 2.0 y Digitalización del Derecho | Sunday 30 October 2011

Han sido días agotadores pero de una satisfacción enorme. El viernes se clausuró el X Congreso Nacional de la Abogacía, que esta vez se celebró en mi ciudad, Cádiz. Como digo, han sido dos días y medio de intensa actividad, con comidas, charlas, conversaciones de pasillo y, sobre todo, compromisos para ayudar a que nuestra profesión deje de tener el tono “añejo” (por utilizar un término amable) que creo que tiene en la actualidad. Es significativo que en pleno año 2011, la importancia de las TIC en el Congreso fuese realmente moderada, con poca participación de público en las ponencias y con muy poca integración con el resto del congreso. Supongo que también los participantes en esta sección tenemos algo de culpa, porque aparte de por los titulares de prensa, poco sé de lo que pasó en el Congreso fuera de nuestras jornadas.

También es significativo algo que comentábamos todos los “compañeros TICs” y es que no nos sentíamos del todo identificados con el concepto actual de “abogado” (y, por traslación, con el resto de compañeros que allí estaban), supongo que por ese tono con olor a roble clásico del que hablaba antes.

Sea como fuere, me siento muy feliz por haber podido compartir estos momentos con grandes compañeros como Javier Ribas, Rodolfo Tesone, Jorge Campanillas, Victor Salgado, Carlos Sáiz, Pere Lluis Huguet, y el resto de compañeros que acudieron al I Encuentro Nacional de Abogados TIC. Aquí, la foto de familia:


Quiero dar un especial agradecimiento a Pere Lluis por su compromiso y apoyo a este reducido grupo de entusiastas de las TICs, y a Rodolfo por hacer que todo sea posible, sabiendo las dificultades que ha pasado.

Sobre la charla en sí, para los que no la pudieron ver en directo en la sala o en el stream del Congreso, aquí está el vídeo.

A mí me tocó hablar de los retos de la ciudadanía ante las TIC y los retos que se le afronta en la llamada “Sociedad de la Información” (creo que habría que buscar un nombre que identifique mejor a nuestra era, más cercana a la comunicación y al ocio que a la mera información, pero esa es otra historia).

Mi exposición se centró en dos puntos principales: las relaciones entre ciudadanos y de estos con empresas utilizando Internet; y las vías para poder resolver las controversias que ahí se generan.

Sobre el primer punto, hice tres sub-apartados para dar notas básicas sobre la Privacidad, la Identificación de los usuarios de Internet y la Neutralidad en la Red.

En relación a la Privacidad, algo que ya he dicho en muchas ocasiones, y es que los ciudadanos debemos exigir a las empresas que sean especialmente celosas con los cada vez más datos que tienen de nosotros (Telefónica sabe a quién llamamos, cuánto lo hacemos, etc.; YouTube -y Google- sabe que vídeos vemos y qué vídeos subimos a su plataforma; Spotify, qué escuchamos; y en el futuro, Netflix, qué películas y series alquilaremos). Los usuarios debemos ser conscientes de que vamos hacia un entorno en el que las empresas sabrán más de nosotros que incluso nosotros mismos, por eso (y aceptándolo) debemos ser muy exigentes y saber configurar nuestro ámbito de privacidad.

En relación a la Neutralidad en la Red, reconozco tener un punto de vista “especial” y, desde mi punto de vista, liberal. Como ya he dicho aquí, el debate en España se está siguiendo por unos derroteros diferentes a otros países, ya que aquí lo asimilamos a que los “bits son libres” y que ninguna medida puede tratar de bloquearlos o interceptarlos, mientras que en otras jurisdicciones se habla de que un ISP no puede priorizar unos paquetes de datos sobre otros.

En mi opinión, y en momentos de saturación de redes, creo que un ISP podría tener la facultad de priorizar un determinado tráfico (correo electrónico, VoIP, navegación web…) sobre otros, utilizados generalmente para usos menos prioritarios o en ocasiones ilícito (redes P2P, páginas de descargas ilegales, etc.). Pero ello sólo sería posible si el ISP así lo ha comunicado a sus usuarios antes, habiendo consentido a dicho uso prioritario de un tráfico sobre otro. De esta forma, los ISP competirían entre sí, según los que ofrezcan más fiabilidad en sus redes, o los que aseguren un trato igualitario en los paquetes de datos (aunque en ocasiones provoque la prestación más limitada del servicio). Al final creo que la libertad y la información es la que deben imperar.

Finalmente, sobre la Identificación, volví a recalcar que, desde mi punto de vista, el fatídico artículo 1.3 de la Ley de Conservación de Datos vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, al no poder una persona afectada por un ilícito civil o por uno penal menos grave, requerir (ni judicialmente) que se identifique a la persona que ha infringido sus derechos. Que los ISPs sólo tengan que identificar a un infractor en el supuesto de que hubiese cometido delitos graves, escapa a toda lógica y sólo se puede justificar porque estemos en los primeros años de esta Sociedad de Internet y se haya querido sobreproteger el anonimato, y ello a expensas de que un afectado por un ilícito no pueda, ni acudiendo a los tribunales, exigir Justicia.

Igual que en el resto de ámbitos de la vida (en la calle, en las carreteras o en un avión), la identificación es clave, y desde el momento que Internet puede ser utilizado para vulnerar derechos de terceros, el ordenamiento debe facilitar medios y recursos para que un lesionado pueda exigir el resarcimiento de sus derechos. No hay nada más pernicioso para una sociedad que la impunidad.

Sobre el segundo punto, las vías para resolver las controversias surgidas en Internet, creo que apostar por mecanismos automatizados y telemáticos. En el Reino Unido ya existe un procedimiento judicial para pequeñas reclamaciones de dinero, que se realiza completamente a través de Internet, incluso la fase de la ejecución de la sentencia. En EE.UU., la empresa Modria se encarga de establecer en plataformas como eBay o Paypal, mecanismos automatizados para que los usuarios puedan resolver de forma interna las controversias que puedan surgir por el uso de las mismas, con un altísimo porcentaje de éxito (90%).

En el caso de que internamente no se pudiesen resolver estos conflictos, se deberían establecer mecanismo prejudiciales ágiles y dinámicos, como el arbitraje y la mediación. Mirando (aunque sea de reojo) el sistema federal de California, muy pro-transaccional (se cierran en vía pre-judicial el 96% de los conflictos), se podrían articular sistemas que incentivasen los acuerdos, en detrimento de acudir a la vía judicial, excesivamente saturada en nuestro país. Así, servicios como Facebook, Tuenti o Twitter, podrían establecer estos procedimientos internos para las partes y en el caso de que estos no funcionasen, establecer procedimientos de arbitraje y mediación, y así hacer que únicamente los casos más graves pisasen los tribunales de justicia.

El papel del abogado en ambos puntos es muy importante: en el primero, concienciando sobre los peligros que tienen las nuevas herramientas, así como de sus virtudes; y en el segundo, ayudando y asistiendo en la solución de controversias utilizando estos sistemas de ADR.

En definitivas cuentas, queda mucho por hacer para construir una Sociedad del Conocimiento y del Ocio sólida y en la que los derechos de todos son respetados sin fisuras.

De nuevo, ha sido un verdadero honor y privilegio haber podido participar en esta mesa redonda, no sólo por el nivel de compañeros que tenía a mi lado, sino por haberlo hecho “en casa” (nadie es profeta en su tierra…). También fue un placer poder haber mostrado mi ciudad a compañeros de toda España. Sinceramente espero que podamos darle continuidad a ENATIC y que pueda ser de ayuda al Consejo General de la Abogacía Española para modernizar una profesión que tiene que dejar de oler a libro viejo.

Justicia para Alberto Contador | Tuesday 1 February 2011

Hoy el diario El Mundo ha publicado, en su versión digital y de papel, un artículo mío en el que explico los aspectos jurídicos del caso del ciclista Alberto Contador. Conozco a Alberto desde hace más de tres años, y desde entonces no sólo he negociado todos sus contratos con sus equipos y patrocinadores, sino que, por su honestidad y cercanía, se ha convertido en uno de los clientes más especiales del despacho. Por eso, desde hace cinco meses estoy luchando junto con el resto de compañeros del despacho para que se haga justicia y se aplique la eximente de responsabilidad que podría permitirle no ser sancionado por una circunstancia que escapaba a su control.

Reproduzco el artículo publicado, por si fuera de vuestro interés para conocer los pormenores jurídicos del caso:

El Derecho Deportivo sancionador es una rara avis dentro del Ordenamiento Jurídico nacional, al seguir unos principios (y rechazar otros) que podrían ser cuestionados ante cualquier tribunal de un Estado de Derecho. Con el loable intento de luchar contra el dopaje, las autoridades internacionales han creado un sistema jurídico que ha sido cuestionado por juristas y tribunales nacionales, por atentar contra derechos básicos. Uno de los principios en los que se basa el Derecho Deportivo sancionador es el de responsabilidad objetiva, aquel por el que un atleta puede ser sancionado en el momento en el que se le encuentra en su organismo una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El órgano instructor o sancionador no tiene que probar cómo llegó allí la sustancia, si aumentó su rendimiento deportivo, o si había voluntad de doparse, sino que la carga de la prueba recae en el deportista, quien, según el Código Mundial Antidopaje, es absolutamente responsable de todo aquello que entre en su organismo.

Este Código, consciente de esta rigidez, prevé la exclusión de responsabilidad (y por lo tanto de sanción) para aquellos casos en los que el atleta demuestre que carecía de “falta o negligencia” (artículo 10.5.1), debiendo establecer cómo entró la sustancia prohibida en su organismo, algo completamente imposible en muchas ocasiones. Una vez más, conocedores de su dureza, tanto el Código como la jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) consideran que en los casos en los que los atletas quieran alegar este principio de exclusión de responsabilidad, deberán demostrar a través de un equilibrio de probabilidades (artículo 3.1) que el motivo que alegan tuvo más posibilidades de haber ocurrido que cualquier otro.

Es decir, y para el caso de Contador, que entre las diferentes explicaciones sobre la aparición del clembuterol en su organismo (ingesta directa, microdosis, contaminación alimenticia, etc.), una prevalece sobre el resto. La Unión Ciclista Internacional comunicó a la Federación Española de Ciclismo (RFEC) que el clembuterol podría haber llegado al cuerpo de Contador, por cuatro formas diferentes. Durante el procedimiento solicitamos a expertos de todo el mundo que analizasen una por una todas las posibilidades argumentadas por la UCI, para así poder demostrar la inocencia de Contador. Tanto la Agencia Estatal Antidopaje, preguntada por la RFEC, como diversos expertos en toxicología, farmacocinética, química, hematología, fisiología, medicina, etc. descartaron científicamente cualquiera de las otras tres posibilidades planteadas por la UCI, concluyendo todos ellos que la única explicación posible era la contaminación alimenticia. Además, hay que recordar que tanto la UCI como la propia RFEC recalcan que la cantidad hallada no pudo en ningún momento aumentar el rendimiento deportivo de Contador, por lo que su victoria en el último Tour está fuera de toda duda.

Hace alrededor de dos años, el tenista francés Richard Gasquet dio positivo en un control, al hallarse en su orina cantidades ínfimas de un metabolito de la cocaína, alegando que había llegado a su organismo tras besar a una joven que conoció en una discoteca de Miami. Considerando que la cantidad hallada era extremadamente baja, durante el procedimiento se analizaron las diferentes formas posibles de ingestión, concluyendo tanto la Federación Francesa de Tenis, como el TAS, que la teoría del beso, por muy inverosímil que parezca, era la más probable.

De la misma forma, Contador nunca podía imaginar que, tras ingerir un solomillo de ternera, una sustancia ilegal que se había utilizado para engordar al animal aparecería en su orina, provocara el enredo jurídico y mediático que está padeciendo. Como ha repetido Contador en varias ocasiones, el sistema antidopaje debe estar para sancionar a los culpables, y no para condenar a inocentes. O como se preguntaba el TAS en el caso Gasquet: “¿Es la intención del Programa o del Código de la AMA reprochar a un jugador si besa a una atractiva extraña que ha conocido la misma noche?”. Como afirmó Contador en su rueda de prensa del día 28 de enero, este tipo de casos, con cantidades ínfimas de clembuterol, están apareciendo con más frecuencia en los últimos meses debido al avance y a la precisión de los sistemas de detección de sustancias en los laboratorios. Aunque el caso del ciclista Alessandro Coló ha sido el que ha tenido más repercusión, han salido a la luz otros como el del jugador de tenis de mesa alemán Dimitrij Ovtcharov (75 pg/mL), el del ciclista chino Li Fuyu (50 pg/mL), el danés Phillip Nielsen, o el del biker holandés Rudy Van Houts.

Es incuestionable que la AMA tendrá que imponer un margen de tolerancia para sustancias que pueden encontrarse en alimentos comunes, como es el caso del clembuterol. Hasta que esto ocurra, el Código Mundial Antidopaje ya prevé la exculpación de deportistas que hayan ingerido inadvertidamente una sustancia prohibida. Confiamos en la independencia y profesionalidad del Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la RFEC, y estamos seguros de que aplicará correctamente el reglamento antidopaje para que Contador siga dándonos alegrías y, sobre todo, para que la incorrecta aplicación de la norma no se convierta en una injusta guillotina de campeones.

Sobre la Ley de Economía Sostenible | Thursday 14 January 2010

El pasado viernes era aprobado por el Consejo de Ministros el nuevo texto del Proyecto de Ley de Economía Sostenible que, entre otras muchas cuestiones, propone una serie de reformas legislativas con el fin de erradicar las vulneraciones de propiedad intelectual que cometen determinadas páginas web que facilitan enlaces, en la mayor parte de las ocasiones con un claro y evidente ánimo de lucro, a contenidos protegidos por derechos de autor sin la autorización de sus titulares.

Mucho se ha dicho sobre esta reforma y ha tenido un eco mediático considerable. No obstante, desde Derecho en Red hemos constatado la existencia de informaciones incorrectas, afirmaciones demagógicas y planteamientos desproporcionados que sustraen a los ciudadanos de un análisis distanciado y completo de las implicaciones jurídicas de la reforma planteada.

Desde Derecho en Red no creemos que esta reforma sea la más apropiada. Entendemos que es necesario enjuiciar todas las infracciones de propiedad intelectual que se comentan “online” u “offline” y, en particular, a todos aquellos prestadores de servicios que se lucran facilitando enlaces a descargas, directas o a través de redes P2P, a contenidos protegidos. Pero tal enjuiciamiento debe hacerse desde las garantías y vías de protección que contempla la normativa de propiedad intelectual vigente.

El ordenamiento ya contempla la posibilidad de plantear acciones de cesación contra los responsables de servicios de la Sociedad de la Información. Los titulares de derechos de autor pueden solicitar de los órganos judiciales las acciones de cesación que les permite la Ley (el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual dice expresamente que pueden solicitarse dichas medidas “aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción”), que actualmente son tomadas en el plazo medio de dos meses. Dicho plazo, muy lejos del utilizado para la resolución definitiva del procedimiento judicial, permite garantizar de forma efectiva los derechos de propiedad intelectual sin la necesidad de plantear una reforma tan importante como es la que se incluye este Proyecto de Ley.

En este orden de cosas, si el Ejecutivo considera que en el marco jurídico actual no existen medios suficientes para la protección de los derechos de los autores o titulares de derechos, debe abrir una reflexión, en sede de la propia Ley de Propiedad Intelectual, y proponer, en su caso, una reforma de los medios de protección ya contemplados en esa norma, sin necesidad de:

1.- Elevar los derechos de propiedad intelectual, derechos privados y de naturaleza patrimonial, a un estatus equiparable a intereses dignos de protección reforzada, como el orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales.

2.- Atribuir a un órgano de naturaleza administrativa la tutela, protección y defensa de estos intereses privados, que podrá intervenir en toda prestación de servicios de la sociedad de la información que potencialmente pueda causar una lesión de derechos de propiedad intelectual, con la indefinición e inseguridad jurídica que ello supone.

3.- Establecer un mecanismo procesal, supuestamente de control judicial ante el conflicto con derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la información, sumario e impreciso.

Con tal de facilitar la comprensión de la regulación planteada por el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, desde Derecho en Red hemos redactado los siguientes documentos:

multistory-speaker